Quintana teme a la Corte Internacional de La Haya, donde anuncia Del Granado acusar a Llorenti por crímenes de lesa humanidad. "Agotemos las instancias internas" balbucea olvidando que la Justicia está a sus pies.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, defendió este lunes la designación del ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, como Embajador ante las Naciones Unidas, por considerarlo un hombre que servirá para dar a conocer la posición boliviana sobre diferentes temas ante el foro de este organismo internacional que aglutina a 193 países del mundo.

En conferencia de prensa, desde Palacio Quemado, Quintana pidió a Juan Del Granado no acudir a estrados internacionales para acusar a Llorenti, dijo que si tiene alguna denuncia debería presentarla a las autoridades judiciales bolivianas, respetando la soberanía del país. 

“Este es un nombramiento que se ciñe fundamentalmente a las normas, a una decisión de Estado y que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de mejorar la relación de Bolivia ante la comunidad internacional en el marco de la diplomacia multilateral, en el marco de la relación de Bolivia con el resto de países de la comunidad internacional. Para eso se requiere un embajador que traduzca la voluntad del pueblo boliviano,  que traduzca el contenido de nuestra Constitución Política del Estado y aprovechar este foro para posesionar al país ante  la comunidad internacional”, manifestó Quintana.

Por su parte, El Jefe Nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del Granado, afirmó que se esperará la decisión de la Fiscal de Distrito de La Paz, para que modifique la resolución que liberó a Llorenti de cualquier responsabilidad. De no suceder esto, anunció una demanda a nivel internacional en contra del ex ministro de Gobierno por la violenta represión policial en Chaparina, ocurrida el pasado 25 de septiembre de 2011 en contra de indígenas de la VIII marcha en defensa del TIPNIS.

“Esperemos que la Fiscal Betty Yañiquez compulse las declaraciones del Coronel Muñoz Colodro, compulse el informe del Defensor del Pueblo y deje sin efecto esta resolución, sin embargo si esto no ocurriese, las víctimas, la dirigencia indígena y quienes fueron afectados por la represión han anunciado que van a proceder a la conversión de acciones, que significa prescindir del Ministerio Público en la investigación de estos delitos y se va acudir directamente al juez, si esta tramitación judicial tampoco da resultados entonces quedarán expeditos los canales internacionales ante la comisión  y Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante el tribunal penal internacional de la Haya, porque se han cometido delitos de lesa humanidad que no prescriben y están sujetos a la comunidad internacional”, dijo en conferencia de prensa.