El país está atascado tras siete semanas de conflictos laborales y sociales, con huelgas y manifestaciones que se suceden sin pausa y a menudo terminan en violencia, y muchos analistas y políticos opinan que el presidente Evo Morales se muestra incapaz de resolverlos.
La Fundación Milenio, centro de estudios privado que analiza la crónica conflictividad boliviana, comentó hoy que Morales parece despreocupado por los conflictos porque cree que son aliados suyos buena parte de quienes los protagonizan y confía en que "no quieren derribarlo".
"Pero lo están inmovilizando y le impiden gobernar, además de afectar seriamente a los ciudadanos y dañar sus esfuerzos productivos", opina Milenio, y señala que en marzo registró 80 conflictos y en abril 100.
Al terminar hoy tres días de huelga general, el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, el minero Juan Carlos Trujillo, advirtió a Morales que si sigue sin dar respuesta a las demandas de los sindicatos, radicalizarán las protestas la próxima semana.
La huelga de la COB, uno de los mayores apoyos que ha perdido Morales desde que llegó al poder en 2006, tuvo escaso eco en los centros de trabajo, pues solo fue total en hospitales estatales y universidades, pero fue reforzada por multitudinarias marchas y bloqueos de vías en varias regiones.
Trujillo calificó sin embargo de éxito las movilizaciones de la COB y dijo que Morales "está en la obligación de responder favorablemente" a sus demandas, como un aumento salarial superior al 8 % aprobado por el mandatario y la derogación del decreto que sube la jornada laboral de médicos y sanitarios de seis a ocho horas.
La COB anunció hoy que la próxima semana tendrá una reunión de dirigentes en Oruro y podría decidir una huelga general "indefinida".
Además, el lunes y el martes los conductores y propietarios del transporte público paralizaron totalmente La Paz y la vecina ciudad de El Alto, y en menor medida otras poblaciones, contra una nueva ley de tráfico, y ante la falta de solución también amenazan con reanudar las protestas en los próximos días.
La marcha de cientos de indígenas de la Amazonía contra una carretera promovida por Morales y financiada por Brasil, cuyo trazado partirá por la mitad la reserva natural Tipnis, sigue avanzando hacia La Paz pese al hostigamiento del Gobierno y sus partidarios.
Una primera marcha contra esa carretera recorrió casi 600 kilómetros entre agosto y octubre pasados y logró superar las barricadas de fieles a Morales y la represión policial, que le costó el cargo a media docena de ministros, viceministros y mandos policiales.
Los indígenas fueron recibidos en La Paz triunfalmente y obligaron a Morales a dictar una ley que prohíbe cualquier vía en el Tipnis, pero el mandatario luego olvidó su palabra e intenta seguir las obras, que le han costado sus aureolas de ecologista e indigenista.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó hoy que los conflictos no tienen posibilidad de generar una crisis de gobernabilidad, en respuesta a los políticos, columnistas y analistas que opinan que ese riesgo es cada día mayor.
"Hay demandas sociales y actores políticos quieren aprovecharse de esa situación. No diría que es desestabilizador, porque no tienen posibilidades de conducir a una crisis de gobernabilidad y menos a una crisis de Estado", dijo Romero a la cadena de televisión Uno.
El populista y nacionalista Morales vive horas bajas de popularidad, que no frenó ni con la expropiación de una filial de una empresa eléctrica española el pasado 1 de mayo, cuando antes las nacionalizaciones le daban grandes réditos en las encuestas.
Decenas de manifestantes bloquearon hoy en La Paz el acceso a la Vicepresidencia, tiraron globos de pintura contra su fachada y asediaron el ministerio de Salud, aunque no hubo choques violentos con la Policía, como en días previos.
Hubo también manifestaciones en las ciudades de Cochabamba, Potosí, Sucre, Tarija y Santa Cruz, y en las dos últimas, además, hubo bloqueos de las carreteras que las rodean, informaron medios de esas zonas.
Las vías que conducen a países vecinos como Brasil y Argentina han sido cerradas varias veces en las últimas semanas, mientras las asociaciones de empresarios se quejan de las multimillonarias pérdidas que les origina la falta de acción del Gobierno.
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