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jueves, 16 de junio de 2011

ANTE LA INJUSTICIA DEL "NO CALIFICA" SE ALZA UNA COLOSAL PROTESTA DE MÁS DE CINCO MIL DAMNIFICADOS A QUIENES EVO SE NIEGA A RECONOCER SU DERECHO COMO VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLITICA. EL GOBIERNO SE ABRIÓ OTRO FRENTE.


“NOCALIFICA para recibir el beneficio de resarcimiento excepcional a las víctimas de violencia política en periodos de gobiernos inconstitucionales”. Con esta frase, contenida en las resoluciones emitidas por el Gobierno, más de cinco mil personas no recibirán el beneficio porque no pudieron demostrar “objetivamente” que fueron damnificadas por la represión dictatorial que vivió el país entre 1964 y 1982.

De un total de 6.622 víctimas políticas clasificadas por el Ministerio de Justicia, según la Ley 2640, sólo 1.600 podrán recibir una compensación económica.

Por ello, la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad, por la Justicia y la Memoria Histórica se declaró ayer en estado de emergencia al considerar sus miembros como “una burla” y “una nueva tortura” el no haber sido considerados como beneficiarios del resarcimiento.

LA PROTESTA. En una reunión realizada ayer en instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, los representantes de la Plataforma, Jorge Echazú, Julio Llanos y Victoria López, manifestaron su rechazo categórico a la decisión de descartar “mediante trámites burocráticos” a quienes arriesgaron sus vidas en la lucha por la democracia y la libertad, y exigieron el cumplimiento de la Ley 2640 para todas las víctimas de los regímenes de facto.

“Esto es un nuevo atentado, es una nueva tortura psicológica. Nosotros nos hemos enfrentado a gobiernos dictatoriales y no vamos a permitir que un gobierno que se dice democrático, que dice escuchar al pueblo, nos excluya”, afirmó Julio Llanos, quien dijo haber resistido a las dictaduras durante 18 años y cuyo nombre no figura en la lista de beneficiados.

Mediante la Ley 2640 (Comisión Nacional para el Resarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política, Conrevip), del 11 de marzo de 2004, el Gobierno de Carlos Mesa estableció procedimientos administrativos para resarcir económicamente a quienes fueron víctimas de la violencia política.

Tras un proceso de depuración y clasificación de más de cinco años, el actual Gobierno aprobó una nómina de 1.600 personas para recibir un pago cuyo monto global se proyecta llegará a nueve millones de dólares, según el Ministerio de Justicia

Jorge Echazú, quien igualmente fue depurado de la nómina, demandó de las autoridades la anulación de las resoluciones porque son una negación de las luchas sociales.

“El Ministerio flexibilizó la tramitación”

El viceministro de Justicia, Nelson Cox, dijo que el Gobierno “flexibilizó” la tramitación para la reconsideración de las víctimas de la represión política pese a los “candados” que dispone la Ley 2640 en cuanto a las exigencias en la presentación de documentos.

La autoridad mencionó que a partir de agosto de 2010, esa cartera de Estado adoptó medidas que permitieron hacer flexibles las exigencias de la norma para aquellas personas que sufrieron las consecuencias de la represión dictatorial entre 1964 y 1982, por lo que el número de potenciales beneficiarios del resarcimiento ascendió de 218 a 1.600 personas.

“No podíamos llegar a todas las víctimas porque no todos viven en Bolivia, porque algunos están viviendo en sus exilios dorados y no han regresado al país dentro del margen que la ley permitía”. Dijo que se excluyó a quienes fueron funcionarios públicos o formaron parte del Ejército.

Señaló que aquellas personas que no figuran en la lista no pueden considerarlo como una negación de sus luchas sociales. “Esta reconsideración se efectuó para dar la mayor apertura y no puede ser entendida como de que no fueron víctimas de violencia política; solamente se ha efectuado la calificación de los requisitos para verse beneficiados a un resarcimiento excepcional”.

La Ley 2460

Artículo 3

Son beneficiarios de la presente Ley:

a) Las víctimas directas;

b) Las viudas o viudos de víctimas fallecidas como resultado de la violencia política, herederos, siempre y

cuando no existan los causahabientes.

Artículo 4

I. Los hechos materia de resarcimiento dentro de la concepción de la violencia política, en el periodo señalado en el Artículo 2° de esta Ley, serán procedentes en los casos siguientes:

a) Detención y prisión arbitraria;

b) Tortura;

c) Exilio o destierro;

d) Lesiones e incapacidad calificadas;

e) Muerte en el país o en el exterior por razones de violencia política;

f) Desaparición forzada;

g) Perseguido por razones político sindicales, conforme a Reglamento.

II. Los hechos o acciones de violencia serán resarcibles previa presentación de pruebas a través de los medios idóneos y legales a que hubiera lugar conforme a Ley.

Artículo 7

En consideración al grado de violencia política sufrida, la víctima, previa calificación técnica y legal, tendrá derecho al resarcimiento excepcional y definitivo máximo de 300 salarios mínimos nacionales computables de la siguiente manera:

De un día a un año, con un máximo de 60 salarios mínimos;

Más de un año a dos años, con un máximo de 120 salarios mínimos;

Más de dos años, con un máximo de 300 salarios mínimos.

Opiniones

“Yo he sufrido represión desde la dictadura de René Barrientos hasta la dictadura de García Meza. En 1967 fui detenido y confinado a la localidad de Puerto Rico, Pando, donde estuve detenido por varios meses”.

Jorge Echazú / Escritor y docente

“Fui detenido en agosto de 1971 en la dictadura de Banzer, me acusaron de rojo, me detuvieron y me torturaron durante un mes en la localidad de Quime diciéndome que no debería meterme en política”.

Juan Cardozo Apaza / Exdirigente minero

“He demostrado fehacientemente con documentos al Gobierno que fui perseguido político en la dictadura de Banzer porque me detuvieron y exiliaron a Lima el 10 de agosto de 1972, donde estuve siete años”.

Samuel Criales Ulloa / Exdirigente magisterio rural

“Yo fui parte del MIR y todos los que éramos miembros de ese partido sufrimos represión en la dictadura de García Meza en 1981. Me declaré en la clandestinidad en la ciudad de Santa Cruz y permanecí oculto dos años”.

Félix Hernani Vargas / Exsecretario MIR

“El 17 de julio de 1980, durante el golpe de García Meza, fui detenido por paramilitares. El famoso paramilitar ‘mosca Monroy’ encabezó la represión, vinieron a mi casa en una vagoneta amarilla y me llevaron al Ministerio del Interior”.

Edison Dávalos / Simpatizante guevarista



Consuelo Espinoza