protestas contra la corrupción policial. turno de El Día, SC.

Recientemente el presidente Morales ha anunciado la remoción de la máxima autoridad de la Policía Nacional y ha posesionado en su lugar a un nuevo Comandante, a quien ha encomendado mejorar la lucha contra corrupción interna y superar junto a su Estado Mayor las reiteradas irregularidades que están cometiendo algunos oficiales de la institución del orden.  En los hechos, ha quedado en evidencia que el plazo de noventa días otorgado por el Primer Mandatario para eliminar la corrupción dentro de la Policía ha resultado claramente insuficiente. Resulta obvio que se requieren medidas radicales y de largo aliento para obtener logros en el extenso camino de la lucha contra la corrupción.

De esta manera, pese a las perspectivas prometedoras, existe escepticismo sobre el anuncio gubernamental de iniciar mecanismos de control por parte de la sociedad civil en la responsabilidad de la administración y recaudación de los recursos policiales que se generan en las reparticiones de Identificación  y Tránsito. Por una parte, pesa de un modo superlativo la sospecha que la referida administración y recaudación por parte de un ente civil se vaya a convertir en un nuevo botín político, donde conmilitones y oportunistas resulten en un remedio peor que la enfermedad. Además, tomar el control de Identificación alienta sospechas sobre un fraude oficialista de cara a las elecciones.

Además, el solo hecho de que el problema no resuelto de las denominadas "placas clonadas" siga siendo un incordio dentro de la institución del orden, muestra de cuerpo entero que la corrupción constituye un monstruo muy difícil de eliminar con soluciones parciales e inmediatistas. ¿Qué hacer, por ejemplo, con la corrupción relacionada con el narcotráfico, donde un ex comandante policial detenido en el exterior está involucrado y todavía no se han esclarecido todos sus nexos en el país? Sin duda que hace falta una mayor cooperación internacional en varios campos y que la sola idea de refundar la Policía Nacional se vislumbra como una empresa sino utópica, al menos titánica.

Es posible, asimismo, que el Gobierno haya asumido que la lucha contra la corrupción exige no sólo decisión y cálculo, sino también don de oportunidad para avanzar paso a paso. El anuncio de la administración y recaudación de los recursos de Identificación y Tránsito hubiera sido impensable hasta hace poco, dada la resistencia desde el interior de la institución del orden para que esa medida se concrete. Sin embargo, las sucesivas irregularidades detectadas en diversos órdenes en la Policía y que han provocado los cambios de mando, han dado lugar a resquicios que el Gobierno ha sabido aprovechar para relanzar sus propuestas e introducir medidas de suyo polémicas y oportunistas.

No obstante, el reto del Gobierno no estriba tan sólo en rescatar a la institución del orden de la corrupción en que se halla atrapada, que será una tarea de largo aliento y con sus peculiares dificultades, sino que está obligado a demostrar ante la ciudadanía y la opinión pública que la administración y recaudación de los recursos que genera la Policía no dará pie a entes civiles de naturaleza clientelar y prebendalista, a la que son tan afectos los partidos en función de Gobierno, puesto que constituyen auténticos botínes políticos cuya función básica ha sido satisfacer apetitos de grupo y personales.

Pesa de modo superlativo la sospecha que la referida administración y recaudación de recursos policiales por parte de un ente civil, se vaya a convertir en un botín político.