Cuando todo parecía indicar que el Gobierno asumiría parte de la responsabilidad por el caso Sanabria y la megacorrupción policial, productos del mayúsculo desborde del narcotráfico en el país, los dos personajes más rabiosos del régimen, Juan Ramón Quintana y Álvaro García Linera salieron casi en coro a la palestra pública a atizar el rescoldo en el que se encuentran desde hace años las relaciones de Bolivia con Estados Unidos.
¿Rabietas infantiles? ¿Absurdos intentos por chantajear a Estados Unidos? El vicepresidente García Linera sabe -y lo señala muy bien cuando ataca a la Casa Blanca-, que con sus palabras echa a perder meses de negociaciones y avances importantes conseguidos por la Cancillería boliviana en el restablecimiento de la normalidad de las relaciones con Washington, donde existe un marcado interés por colocar a Bolivia en un plano muy distinto al que rige los vínculos con Venezuela, donde el régimen de Hugo Chávez “quemó naves” hace mucho tiempo.
Los insultos del vicepresidente y las acusaciones de Quintana, quien coloca a la DEA a la altura de una organización criminal, buscan precisamente llevar las relaciones con Estados Unidos a extremos irreconciliables, algo que han venido haciendo ambos con mucha insistencia en estos años, pese a que desde Washington la respuesta ha sido siempre la paciencia y una manifiesta voluntad de renovar la búsqueda de cualquier espacio de diálogo. No hay duda que la amenaza de expulsar definitivamente del país a la agencia de cooperación norteamericana, Usaid, está destinada conducir las cosas a un punto de no retorno, hecho que no se encuentra dentro del abanico de posibilidades que baraja la administración de Barack Obama. Está claro que el régimen que conduce Evo Morales es nada más que un satélite del eje La Habana-Caracas y en ese sentido la política estadounidense sabe muy bien cómo enfocar sus esfuerzos.
Toda esta andanada de berrinches, en la que también se enredó al principio el presidente Morales, se origina en el escándalo del general Sanabria, cuya detención en una celda de Miami, es entendida por el Gobierno como un acto de chantaje político de parte de Estados Unidos. Resultaría poco más que ingenuo pensar que con las recientes amenazas proferidas por García Linera y Quintana, la justicia norteamericana aflojará el torniquete en este caso, que a todas luces tiene comprometido al régimen del MAS. Son las mismas autoridades bolivianas las que se han delatado con sus reacciones y es obvio que si los tribunales estadounidenses encuentran pruebas al respecto, no dudarán en profundizar las investigaciones más allá de considerar quién estuviera involucrado o contemplar los enredos diplomáticos que esto pudiera ocasionar.
Si el general Sanabria decide contarle toda su historia a los norteamericanos le agregaría nada más que un condimento melodramático a un telón de fondo que podría ya estar nítidamente definido. En ese caso, apelar a un intento de chantaje no hace más que agravar las cosas y poner al régimen de Evo Morales en una situación de interdicto, no sólo frente a Estados Unidos, sino ante toda la comunidad internacional, que observa sorprendida el avance del narcotráfico en el país y la escasa voluntad que hay para combatirlo.
¿Rabietas infantiles? ¿Absurdos intentos por chantajear a Estados Unidos? El vicepresidente García Linera sabe -y lo señala muy bien cuando ataca a la Casa Blanca-, que con sus palabras echa a perder meses de negociaciones y avances importantes conseguidos por la Cancillería boliviana en el restablecimiento de la normalidad de las relaciones con Washington, donde existe un marcado interés por colocar a Bolivia en un plano muy distinto al que rige los vínculos con Venezuela, donde el régimen de Hugo Chávez “quemó naves” hace mucho tiempo.
Los insultos del vicepresidente y las acusaciones de Quintana, quien coloca a la DEA a la altura de una organización criminal, buscan precisamente llevar las relaciones con Estados Unidos a extremos irreconciliables, algo que han venido haciendo ambos con mucha insistencia en estos años, pese a que desde Washington la respuesta ha sido siempre la paciencia y una manifiesta voluntad de renovar la búsqueda de cualquier espacio de diálogo. No hay duda que la amenaza de expulsar definitivamente del país a la agencia de cooperación norteamericana, Usaid, está destinada conducir las cosas a un punto de no retorno, hecho que no se encuentra dentro del abanico de posibilidades que baraja la administración de Barack Obama. Está claro que el régimen que conduce Evo Morales es nada más que un satélite del eje La Habana-Caracas y en ese sentido la política estadounidense sabe muy bien cómo enfocar sus esfuerzos.
Toda esta andanada de berrinches, en la que también se enredó al principio el presidente Morales, se origina en el escándalo del general Sanabria, cuya detención en una celda de Miami, es entendida por el Gobierno como un acto de chantaje político de parte de Estados Unidos. Resultaría poco más que ingenuo pensar que con las recientes amenazas proferidas por García Linera y Quintana, la justicia norteamericana aflojará el torniquete en este caso, que a todas luces tiene comprometido al régimen del MAS. Son las mismas autoridades bolivianas las que se han delatado con sus reacciones y es obvio que si los tribunales estadounidenses encuentran pruebas al respecto, no dudarán en profundizar las investigaciones más allá de considerar quién estuviera involucrado o contemplar los enredos diplomáticos que esto pudiera ocasionar.
Si el general Sanabria decide contarle toda su historia a los norteamericanos le agregaría nada más que un condimento melodramático a un telón de fondo que podría ya estar nítidamente definido. En ese caso, apelar a un intento de chantaje no hace más que agravar las cosas y poner al régimen de Evo Morales en una situación de interdicto, no sólo frente a Estados Unidos, sino ante toda la comunidad internacional, que observa sorprendida el avance del narcotráfico en el país y la escasa voluntad que hay para combatirlo.
Apelar a un intento de chantaje no hace más que poner al régimen de Evo Morales en una situación de interdicto, no sólo frente a Estados Unidos, sino ante toda la comunidad internacional, que observa sorprendida el avance del narcotráfico en el país y la escasa voluntad que hay para combatirlo.
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