los minusválidos no están en la agenda de evo (escribe Alejandra Barbery)

Parafraseando a un periodista, "para vergüenza de la historia boliviana", el gobierno de Evo Morales, ordenó reprimir con el uso de la fuerza a personas con discapacidad que públicamente, le manifestaban su demanda: dar cumplimiento a la promesa electoral hecha por el mandatario en época de campaña, cuando éste les solicitaba el voto para hacerle presidente.
La represión policial a minusválidos, que realizaban movilizaciones en la ciudad de La Paz y Santa Cruz, dejó como resultado a cinco personas heridas.
Situación que ha llevado a ese colectivo a radicalizar sus medidas de presión para ser escuchados por el gobierno; entre ellas, realizaron la toma de las oficinas de Impuestos Internos de la ciudad de Santa Cruz, con una huelga de hambre permanente, que hasta hoy suman varios días.
Frente al pedido de lo prometido en los comicios electorales del 2005: la asignación de un bono vitalicio de 5.000 Bs; el propio Morales respondió públicamente, en una conferencia organizada para ello, con una categórica negativa. La explicación: otorgar el "bono de discapacidad" ocasionaría una inflación a la economía del Estado.
Los discapacitados han denunciado a través de los medios de prensa que "se les trató con violencia y sin respeto". El representante de la Confederación de la Persona con Discapacidad, sostuvo que "el Gobierno mandó a masacrar a las personas con discapacidad".
Ésta situación ha generado que se instalen más piquetes de huelga de hambre en distintos lugares del país, en Beni, Tarija y Sucre.
Lo atroz y lamentable es la irresponsabilidad del gobierno, al promover la represión física, y ejercer abiertamente una práctica de discriminación de parte del Estado hacia unos de los sectores más débiles de la sociedad, junto a los niños, mujeres, personas de la 3ra. Edad y grupos étnicos.
Incumpliendo la Ley de la Persona con Discapacidad, lo que implica algo más grave: el desconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidades. Asumiendo el gobierno de Morales una actitud segregacionista, según la norma referida.
Hasta hoy, ni el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, ni el Defensor del Pueblo, se han hecho eco de la situación. En la ciudad de Santa Cruz, pareciera ser que el único organismo que ha activado su trabajo en salvaguarda y defensa de los derechos y libertades del colectivo, es la Fundación de Derechos Humanos (HRF – Bolivia), cuya misión es elevar una denuncia a nivel internacional al respecto; y los medios de comunicación, quienes levantan denuncia de aquello, día tras día, desde que las protestas y los ataques contra ésta tuvieron lugar.
En agosto del 2006, el gobierno de Evo Morales implementó el proyecto de Calificación y Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad; con el fin de conocer quiénes y cuántas son las personas con discapacidad en Bolivia. La pregunta es: ¿para qué entonces dicha medida? ¿En qué beneficia ciertamente a éstas personas? ¿Cuáles son los programas y políticas públicas para que las personas con discapacidad cuenten con mejores condiciones de vida?
Países como España, además de ejecutar una partida presupuestaria en cada ayuntamiento destinada a la mejora de las prestaciones de los servicios públicos y especiales a personas con discapacidad, prevé también otra serie de ayudas, entre ellas, económicas. En la actualidad se promueve en ese país un proyecto consignado a eliminar la carga de impuestos; créditos y capacitación para el desarrollo productivo con emprendedores de ese sector; programas de inserción laboral, entre otros. Bajo el lema que una persona con discapacidad puede desenvolverse en la vida, empero es el Estado quien debe contribuir a ese logro.
Conmueve – profundamente - la situación de degradación y discriminación a la que están siendo sometidas las personas discapacitadas. Resulta lamentable y vergonzoso, para Bolivia, que el gobierno les hubiera vendido humo.
SOBRE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fue adoptada en diciembre de 2006 por la Asamblea General de la o­nU, con el fin de proteger y promover los derechos humanos de ese colectivo en los Estados que se reconocen como "democráticos". Las personas discapacitadas en el mundo, representan el 10% de la población mundial (650 millones de personas según el organismo internacional) y carecen de las condiciones y oportunidades para acceder a una vida con calidad y posibilidades de desarrollarla a plenitud.
Según la o­nU, se enfrentan a un cúmulo de obstáculos físicos y sociales que: • Les impiden recibir educación; • Les impiden conseguir empleo, incluso cuando están bien cualificados; • Les impiden tener acceso a la información; • Les impiden obtener el adecuado cuidado médico y sanitario; • Les impiden desplazarse; • Les impiden integrarse en la sociedad y ser aceptados.
El documento sostiene, que "Debido a las prácticas discriminatorias, las personas con discapacidad tienden a vivir en la sombra y al margen de la sociedad y, como resultado, sus derechos no se toman en consideración".
Apelando al espíritu de las leyes ó dicho de otra manera, la intención del legislador al crear o dictar una norma; el documento sostiene que urge "una norma universal jurídicamente vinculante para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad se garanticen en todo el mundo". "De esta forma los Estados estarán obligados a introducir medidas destinadas a proteger los derechos de las personas minusválidas y a luchar contra la discriminación".
"La Convención cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, y la igualdad y la no discriminación".
A través de ella, según lo estipula el articulo 28, "los países reconocen el derecho a un nivel de vida y de protección social adecuado, incluso viviendas, servicios y asistencia públicos en lo que respecta a las necesidades relacionadas con las discapacidades, y asistencia para el pago de los gastos conexos en caso de pobreza".
La duda es: ¿Bolivia ha firmado y ratificado la Convención de protección a los derechos humanos de las personas discapacitadas? Y en caso que no lo hubiera hecho, ¿lo hará?Nada ha cambiado en un año