las clases suspendidas. horario contínuo en fábricas y talleres. banderas a media asta en señal de duelo. suspenso en todo el país y nerviosismo en las calles de la paz cuando se descuelgan algunos miles de marchistas especialmente cocaleros de yungas y chapare y mineros que se identifican por sus cascos. hay temor e incertidumbre. (despacho de AFP)


El presidente Evo Morales encabeza este lunes una marcha de miles de obreros e indígenas que llegan a La Paz para exigir al Congreso la aprobación de un referendo sobre la nueva Constitución, mientras siguen negociaciones con la oposición, trabadas especialmente por el tema de la reelección del mandatario.

Los sindicatos, que iniciaron su caminata hace una semana en la población de Caracollo, recorren, acompañados por el mandatario, los últimos 12 kilómetros de una travesía de 200, y esperan enfilarse a la plaza Murillo, donde el Congreso tiene su sede.

"Este esfuerzo del pueblo boliviano no puede ser en vano", afirmó el gobernante al iniciar, desde una villa pobre de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, el último trecho de la caminata.

La marcha de los movimientos sociales, la columna vertebral del gobierno de Evo Morales, comenzó con unas 10.000 personas, pero a medida que se acerca a La Paz se ha ido nutriendo de más gente, con lo cual se esperan unos 50.000 manifestantes, según observadores independientes.

La nueva Constitución, principal propuesta política del presidente Morales, es vital para consolidar su visión estatista e indígena, y además le permitiría ser reelegido, algo que la Carta Magna actual prohíbe.

"Esperamos que los parlamentarios puedan entender el esfuerzo del pueblo que está en marcha. Ojalá puedan sesionar y aprobar rápidamente la ley" de convocatoria a referendo, dijo Morales en la marcha, que no se sabe si está como dirigente sindical o como presidente de la República.

Para el gobernante del Movimiento Al Socialismo (MAS) el referendo es rechazado por partidos de derecha y centroderecha porque "tienen miedo a perderlo", según dijo el senador oficialista, Félix Rojas.

Un acuerdo interpartidario en el ámbito legislativo podría lograrse hoy pues las principales divergencias entre oficialistas y opositores habían sido superados, como los gobiernos autónomos regionales, la formación de la nueva Asamblea Legislativa y el poder electoral o la elección de autoridades judiciales por voto.

Sin embargo, el gran escollo que persiste es el adelantamiento de las elecciones generales de 2010 a 2009 y la posibilidad de una reelección inmediata del presidente Morales, por dos mandatos consecutivos más, una demanda irreductible del oficialismo y que es resistida por partidos de derecha y centroderecha.

El senador de la agrupación conservadora Podemos, Roger Pinto, señaló que "se está trabajando en algunas fórmulas para encontrar un acuerdo, que todos esperamos que haya", sin entrar en mayores detalles.

Ese mecanismo de entendimiento al que hace referencia el legislador -según medios locales- concierne a que se aceptaría la reelección presidencial sólo por una vez.
Para aprobar una ley de referendo constitucional es vital un acuerdo político pues se requieren dos tercios de los votos (105 de 157 escaños), por ser una ley especial, una cantidad que no posee el oficialismo. Sin embargo, el MAS podría argumentar que sólo necesita de mayoría simple (79 votos).

El oficialismo cuenta con 84 votos y tres fuerzas opositoras suman 73.
En el Parlamento hay un fuerte temor de que la inminente presencia de la marcha indígena desborde en hechos de violencia o que el cerco impida -como ya ocurrió en el pasado- el ingreso de legisladores opositores para evitar que voten en contra de los intereses oficialistas.

"Esperamos que sea una marcha pacífica, el gobierno se ha comprometido que así será y si hay violencia entonces será responsabilidad directa del presidente quien ha promovido la marcha desde su inicio", aseguró Antonio Franco, diputado del opositor Podemos.

La presencia masiva de indígenas, campesinos y obreros obligó al sistema educativo a suspender desde hoy las labores escolares públicas y privadas para evitar que los escolares sufran al desplazarse por la capital.