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miércoles, 29 de octubre de 2008

ellos claman por justicia, nosotros clamamos por justicia, todos demandan justicia
centa reck trata justamente del fallo de la justicia y la negativa del gobierno a ponerla en práctica.
"El hombre justo no es aquel hombre que no comete injusticia, sino es aquel que pudiendo ser injusto no quiere serlo". El gobierno debe preservar a los hombres que están bajo su régimen de las injusticias y cuidarse en extremo de no propinar a los ciudadanos actos que estén reñidos con las leyes vigentes y los derechos humanos universales.
A cada paso que damos en la vida, debemos valorar más la justicia, porque esta permite que los seres humanos gocen del verdadero concepto de igualdad, que inscribe a todas las personas con los mismos derechos y libertades, las mismas opciones y la misma protección y tutela del marco legal.
Por eso nos sorprende ingratamente cuando un régimen habla de restablecer derechos para algunos mientras se los quita a otros ciudadanos, como si los derechos fueron mendrugos o raciones que se les ofrece sólo a aquellos que les sean leales o a los que resultan afines y útiles a los planes y objetivos de sus causas, excluyendo de ellas a quienes en su libertad no encuentran afinidad con estos planes o proyectos.
Pero, se dice también que en tiempos de injusticia es peligroso llevar la razón, porque la razón deja de ser un valor y se convierte en un peligro para quienes desean ejecutar sus planes sin objeciones y plantean que sean acatados bajo sometimiento y miedo de la población. Por eso es que en las épocas de injusticias, el pensamiento es atacado como uno de los peores males al punto de castigar de la peor manera a quienes se atrevan a disentir o a esgrimir razones contra la imposición.
El lunes pasado, el gobierno manifestó una vez más su poco apego a la justicia y a las leyes, al rechazar un fallo de la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca que determinó procedente el hábeas corpus a favor del ex prefecto Leopoldo Fernández. En una clara injerencia en el ámbito del poder judicial, el viceministro de Justicia Wilfredo Chávez opinó sin mostrar respeto por el mandato de la justicia, que se trataba de un "fallo ilegal, infundado", expresando que presentarían de inmediato un amparo constitucional contra los vocales que beneficiaron a Leopoldo Fernández", con lo que el Gobierno volvió a dejar por sentado que no está dispuesto a cumplir la ley.
Más grave aún fue la declaración que hizo el presidente Evo Morales quien emitió la sospecha de que había corrido mucho dinero entre los juristas, sin ahorrarse adjetivos contra Leopoldo Fernández a quien mantiene recluido en calidad de "confinado" en la cárcel de San Pedro sin ningún proceso y habiendo desobedecido a un fallo anterior de la Corte Suprema de Justicia que exigió su traslado a la ciudad de Sucre para someterlo a un proceso de acuerdo a su investidura prefectural.
Lo propio hizo el ministro Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, quien se sumó a la objeción del Ejecutivo a cumplir el fallo de la Sala Penal de la Corte de Chuquisaca.
Pero como si esto ya no fuera suficiente el Senador de Unidad Nacional, Abraham Cuéllar, cuyo partido recientemente realizó un pacto con el Gobierno, pidió al mismo tiempo mantener el estado de sitio en Pando, departamento que sufrió una confrontación todavía no esclarecida y con dudosa participación de autoridades del Ejecutivo, en la que el Gobierno apresó al prefecto Fernández.
El citado senador planteó que el estado de sitio se debe mantener porque existiría inseguridad y amenazas de muerte en contra de dirigentes sindicales, obreros y campesinos. Esto suena a favorecer la permanencia militar en el departamento a cualquier precio, sin reparar en los derechos de los ciudadanos a los que el estado de excepción plantea persecuciones, allanamientos de domicilios e irregularidades que plantean violaciones de derechos.
No sólo se desestiman las leyes sino que se está llegando a un punto peligroso en la compra de conciencias, lo que determina caer en la falta de principios rectores, lo cual entraña un grave deterioro en la regulación de la convivencia social y de la actividad política en su conjunto.