nuevo mal entendido con Roghel, la intermediaria que sin autorización del Estado se puso a recaudar dineros del público y ahora no tiene con qué devolver a sus dueños, lo más curioso de todo es que los dueños del capital se estrellan contra la autoridad, cuando deberían pedir cuenta y exigir la devolución de su dinero a la familia Goytia que "se farreó la plata", como denunciaron algunos depositarios, exactamente como cuando FINSA se gastó todo el dinero de miles de ahorristas y comenzó a cachanear a los ingenuos que acudían día tras día, en la esperanza de recoger "al menos su capital". estaremos siempre de parte de la autoridad legítima que velando por el cumplimiento de la ley no puede amparar a los delincuentes que se escudan en la razón social, aunque debemos exigir cierta celeridad en poner una solución que puede ir por tres cuerdas separadas. elaborar listas de los ahorristas más antiguos, empezar a citarlos y conocer sus espectativas, quizá algunos de ellos ya recibieron en intereses su capital o más dinero que el depósito inicial. la cuerda dos. nombrar el fiscal un profesional que administre a título del Estado la inmobiliaria "no para recibir más dinero", sino a empezar la devolución, primero talvez a los que no recibieron interés alguno. tercera vía. proceder a la liquidación de los bienes previo justiprecio por peritos, el importe debe destinarse al pago de beneficios sociales a los trabajadores de Roghel, impuestos al estado y entidades sociales, con el sobrante y en proporción al dinero depositado por cada ahorrista devolverle una cuota parte que sin duda estará muy por debate de lo real, recordando que "más vale pájaro en mano que ciento volando".
La Superintendencia parece ser ha puesto la resolusión en manos de la Justicia, que sabemos que tarda en emitir sus fallos, sin embargo y para evitar mayores conflictos de tipo social, debe concertarse una solución ya nomás.
Por de pronto les ofrecemos la última crónica registrada en LT de la fecha:
Después de una breve tregua, los clientes de la empresa Roghel Bolivia reanudaron ayer sus medidas de protesta con una marcha por las calles de la ciudad y el bloqueo en la avenida Ramón Rivero para impedir el ingreso y salida de funcionarios de la Superintendencia de Bancos, lo que terminó en violencia después de que la Policía lanzara gases para desalojarlos. Sus acciones buscan que el superintendente de Bancos, Marcelo Zabalaga, "deje de interferir" en la labor que la fiscalía de distrito de La Paz cumple sobre la presunta quiebra e insolvencia económica de la empresa y solicitan la intervención del Parlamento nacional en las investigaciones, dijo Carlos Ramírez, presidente de la Asociación de Inversionistas de Roghel. Aproximadamente a las 11:10, efectivos policiales llegaron a la zona y desbloquearon el ingreso a la Superintendencia rociando gas pimienta. "Tenemos varios compañeros con los ojos irritados y contusiones por patadas recibidas; sin embargo, la actitud represiva de la Policía no va a impedir que continuemos nuestra protesta", señaló Ramírez y agregó que hoy, junto a su directorio se trasladará a la ciudad de La Paz, para coordinar acciones de protesta a nivel nacional. Conflicto "Han pasado tres meses desde que las oficinas de la empresa fueron clausuradas y el superintendente Zabalaga no ha podido probar que Roghel Bolivia está en quiebra, que ha estafado o que no cuenta con microempresas productivas para generar dividendos", indicó Ramírez. El pasado viernes, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) pidió, a través de un comunicado, que la investigación y el proceso judicial en el caso de la empresa Roghel Bolivia deben ser acelerados para evitar "que más de 10 mil familias bolivianas queden atrapadas en una evidente estafa piramidal de aproximadamente 30 millones de dólares y, de esta manera, cese la estafa y sus dineros les sean devueltos". La reguladora indicó que después de 90 días del proceso iniciado por el Ministerio Público contra el propietario de Roghel, Windsor Goitia, no hay resultados visibles.