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lunes, 3 de marzo de 2008

el cochabambino ex-presidente Rodríguez denuncia la persecusión de Morales.
(la noticia apareció en abc de Madrid y dió la vuelta al mundo)

Rodríguez asegura que el traslado de armas fue realizado a sus espaldas, mientras él se encontraba fuera del país, y que en su mandato presentó una demanda diplomática a Estados Unidos que aún no ha recibido respuesta. Por ello, hace unos días se reunió con funcionarios del departamento de Estado en Washington, para pedir que Estados Unidos aclare la verdad en el caso que en Bolivia «lleva dos años de indefinición con indefensión».
Morales logró que el Ministerio Público validara su acusación contra Rodríguez, y el caso fue remitido a la Corte Suprema (dominada por miembros designados por Morales), que a su vez solicitó la aprobación del Congreso para iniciar el juicio. Hoy la posible solicitud de juicio empaña el semblante de Rodríguez y se mantiene como una amenaza en el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría en la Cámara de Diputados.
«Morales me acusa de traición a la patria, en la modalidad de sometimiento a potencia extranjera hostil, y eso ni siquiera es posible porque Bolivia mantiene relaciones bilaterales fluidas con Estados Unidos», comenta Rodríguez a ABC.
Justicia politizada
Como jurista, Rodríguez denuncia que durante la actual gestión se ha «judicializado la política y politizado la justicia». Agrega que «lamentablemente en estos dos últimos años se ha retornado a la práctica, frecuente en la década pasada, de desmantelar los tribunales para su control político, lo que ha concluido con el procesamiento de varios magistrados, la inoperancia del Tribunal Constitucional y la renuncia de muchos jueces».
«Se ha violado la independencia del Poder Judicial, afectando su eficiencia e incrementando la sensación de fatalismo en la población. Eso se refleja en que todos los presidentes del período democrático, incluido Evo Morales, hoy estamos involucrados en procesos de acusación criminal», agrega. Morales fue acusado de ser responsable por disturbios ocurridos en Sucre en 2007 y que acabaron con algunos muertos y cientos de heridos.
«Hay un tratamiento político del sistema judicial. En los últimos dos años ha habido cerca de 70 víctimas de ajusticiamientos por mano propia, en parte por un decaimiento institucional. En 180 de 327 municipios no hay autoridad judicial en Bolivia», precisa el ex presidente boliviano.

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