La extorsión es un hecho punible consistente en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo, bien de un tercero.
El político ha perdido el norte de su representación social, orientándose solo a su necesidad particular y con ello ha perdido toda su representatividad dentro del sistema de gobierno. Es una figura que se encuentra entre los delitos de apoderamiento, ya que hay ánimo de lucro; los delitos de estafa, porque requiere una actuación por parte del sujeto pasivo consistente en la realización u omisión de un acto o negocio jurídico; y el delito de amenazas condicionales, porque el sujeto activo coacciona al pasivo para la realización del negocio jurídico.
Este delito tiene una ubicación independiente, por lo cual, aunque guarde relación, es una figura distinta con sus propias características. Además, ya que no se ataca sólo a un bien jurídico, sino a más de uno: propiedad, integridad física y libertad.
En cuanto al momento de la consumación, no se puede esperar a que tenga efectos, porque en el ámbito civil ese acto nunca los tendría. Se puede dar tentativa cuando ese acto de violencia no alcanza su objetivo, siendo una tentativa inacabada. Ventaja económica ilícita a favor del agente: ésta es la nota distintiva con el delito de secuestro, el actor no tiene otro objetivo que el de conseguir a toda costa un provecho patrimonial indebido. No interesa que sea necesariamente dinero, puede tratarse de bienes.
En el aspecto subjetivo, la extorsión requiere de la existencia de ánimo de lucro por parte del sujeto.
Éste es más extenso que en el delito de hurto o robo, porque no sólo será la ventaja patrimonial sino que, además, debe ésta derivarse de la lesión a la libertad del sujeto pasivo. La ventaja patrimonial se puede exigir para una tercera persona, aunque ésta no tenga ningún conocimiento. Además, puede afectar bien al patrimonio del sujeto pasivo, bien al de un tercero.
El ataque a la libertad es inmediato y directo, se produce con el empleo de la intimidación o como efecto lógico de las violencias practicadas o cuyo ejercicio se anuncia.
La clase política sufre las consecuencias de estos actos de corrupción en la falta de confianza de la gente hacia los partidos.
jueves, 6 de diciembre de 2012
martes, 4 de diciembre de 2012
Romero, Pérez, Maldonado o sea ministro, viceministro, jefe de policía y hasta el Fiscal General han reafirmado que la investigación del Caso Ostreicher. las recomendaciones tienen que dar por resultado
Víctor Maldonado, comandante general de la Policía Boliviana sostuvo que la institución del verde olivo contribuirá en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la red de corrupción que implicaba a miembros de dos ministerios del Estado. Señaló que de existir “algún oficial, algún policía involucrado en algún hecho, se va a tomar las medidas que el caso aconseje”.
Fue enfático en señalar que no se protegería a ningún uniformado, si resultase implicado en estos hechos, “la policía está cumpliendo con su trabajo, en un caso muy complejo que se ha presentado” mencionó. Además precisó que “es un caso complejo y por esa misma complejidad hay que darle toda la celeridad que el caso amerita”.
Con poco más de una semana después de que se denunciara y descubriera esta red, señaló que varios indicios salieron a la luz, señaló que en esta primera etapa se puede decir que “han saltado algunos resultados de esa investigación y se va a continuar”. Además recordó que instancias superiores enfatizaron en la importancia de trabajar de manera conjunta para el esclarecimiento de este caso, “era la recomendación del ministro de gobierno es la recomendación del viceministro de régimen interior y policía” dijo Maldonado.
domingo, 2 de diciembre de 2012
excelente crónica de Los Tiempos que resume el caso corruptos-extorsionadores con las últimas declaraciones del viceministro Jorge Pérez y las resoluciones del Juez Instructor
El caso del estadounidense Jacob Ostreicher sólo fue la punta del ovillo y hasta ayer salieron a la luz otras 15 denuncias de extorsión y corrupción que involucran a los abogados Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi, exfuncionarios de la Unidad Jurídica del Ministerio de Gobierno, y al resto de la presunta red delincuencial recientemente descubierta, informó el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.
La autoridad también reveló que recibieron información sobre un presunto intento de los acusados de intentar influenciar a la justicia en su caso con recientes reuniones para “coordinar acciones” con fiscales.
El Gobierno criticó ayer la decisión del juez cautelar José Subieta por desestimar la imputación contra los involucrados por el delito de organización criminal y por aceptar que Rivera y Rodas sean remitidos a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y no a la cárcel de Palmasola.
Pérez reiteró ayer el temor del Órgano Ejecutivo sobre los posibles nexos o ramificaciones en otras instancias como la justicia de la red de extorsión e indicó, en una entrevista con la red Patria Nueva, que “han salido nombres de fiscales” y que si existen vínculos “se tiene que actuar de manera imparcial”.
Rivera y Rodas fueron acusados de ser los cabecillas de una red de extorsión y corrupción que incluye a otros exfuncionarios del Gobierno, posiblemente a administradores de justicia y a personas particulares. La existencia del grupo delincuencial fue descubierta por el caso del estadounidense Jacob Ostreichner, encarcelado en Palmasola por presunto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.
Sobre las denuncias contra esta red mafiosa que se incrustó en el Ministerio de Gobierno, el Viceministro explicó que hasta ayer surgieron 15 nuevos casos entre los que se incluyen la presunta extorsión a la familia del exministro de Acción Democrática Nacionalista (AND). Su hija, Ximena Fortún, denunció el viernes que los extorsionadores le pidieron 20.000 dólares para que su padre accediera a la detención domiciliaria.
Pérez dijo que otro caso es el del subteniente René Navia, cuyos familiares acusaron a los exfuncionarios de Gobierno de utilizar su poder para dilatar los procesos en contra de sus familiares y exigirles unos 70.000 dólares.
La autoridad también nombró, sin dar muchos detalles, a una mujer que llegó de España y que supuestamente habría entregado 130.000 dólares a los extorsionadores.
También fue denunciada la extorsión de esta red a la esposa de Marcelo Urbach, quien se encuentra detenido en la ciudad de La Paz por un supuesto sabotaje a una entidad financiera.
Finalmente, Pérez dijo que una de las últimas denuncias que recibió el Ministerio de Gobierno contra los presuntos extorsionadores está relacionada con dos brasileños recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, a quienes se les habría secuestrado madera por un valor superior a 3 millones de dólares, producto que habría sido vendido por los exfuncionarios.
“Ya no hay la madera, ya lo habrían vendido estos señores y, aparentemente, de acuerdo a información premilitar, lo habrían hecho el señor Fernando Rivera, el señor Dennis Rodas y el señor Boris Villegas, de todas maneras será la investigación la que determine dichos extremos y nosotros estaremos atentos a ese desenlace”, agregó.
El Viceministro dijo que todas las denuncias están siendo analizadas para que la Policía y la Fiscalía puedan iniciar las investigaciones.
“Nosotros no queremos destruir ni perjudicar la vida de nadie, queremos que se investigue de manera objetiva y si hay personas que tienen vínculos con otros casos pues tienen que ser convocadas”, añadió.
Otros implicados
El viceministro Jorge Pérez reitera acusaciones contra Boris Villegas por coordinar operativos policiales a favor de la red de extorsionadores.
La autoridad también reveló que recibieron información sobre un presunto intento de los acusados de intentar influenciar a la justicia en su caso con recientes reuniones para “coordinar acciones” con fiscales.
El Gobierno criticó ayer la decisión del juez cautelar José Subieta por desestimar la imputación contra los involucrados por el delito de organización criminal y por aceptar que Rivera y Rodas sean remitidos a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y no a la cárcel de Palmasola.
Pérez reiteró ayer el temor del Órgano Ejecutivo sobre los posibles nexos o ramificaciones en otras instancias como la justicia de la red de extorsión e indicó, en una entrevista con la red Patria Nueva, que “han salido nombres de fiscales” y que si existen vínculos “se tiene que actuar de manera imparcial”.
Rivera y Rodas fueron acusados de ser los cabecillas de una red de extorsión y corrupción que incluye a otros exfuncionarios del Gobierno, posiblemente a administradores de justicia y a personas particulares. La existencia del grupo delincuencial fue descubierta por el caso del estadounidense Jacob Ostreichner, encarcelado en Palmasola por presunto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.
Sobre las denuncias contra esta red mafiosa que se incrustó en el Ministerio de Gobierno, el Viceministro explicó que hasta ayer surgieron 15 nuevos casos entre los que se incluyen la presunta extorsión a la familia del exministro de Acción Democrática Nacionalista (AND). Su hija, Ximena Fortún, denunció el viernes que los extorsionadores le pidieron 20.000 dólares para que su padre accediera a la detención domiciliaria.
Pérez dijo que otro caso es el del subteniente René Navia, cuyos familiares acusaron a los exfuncionarios de Gobierno de utilizar su poder para dilatar los procesos en contra de sus familiares y exigirles unos 70.000 dólares.
La autoridad también nombró, sin dar muchos detalles, a una mujer que llegó de España y que supuestamente habría entregado 130.000 dólares a los extorsionadores.
También fue denunciada la extorsión de esta red a la esposa de Marcelo Urbach, quien se encuentra detenido en la ciudad de La Paz por un supuesto sabotaje a una entidad financiera.
Finalmente, Pérez dijo que una de las últimas denuncias que recibió el Ministerio de Gobierno contra los presuntos extorsionadores está relacionada con dos brasileños recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, a quienes se les habría secuestrado madera por un valor superior a 3 millones de dólares, producto que habría sido vendido por los exfuncionarios.
“Ya no hay la madera, ya lo habrían vendido estos señores y, aparentemente, de acuerdo a información premilitar, lo habrían hecho el señor Fernando Rivera, el señor Dennis Rodas y el señor Boris Villegas, de todas maneras será la investigación la que determine dichos extremos y nosotros estaremos atentos a ese desenlace”, agregó.
El Viceministro dijo que todas las denuncias están siendo analizadas para que la Policía y la Fiscalía puedan iniciar las investigaciones.
“Nosotros no queremos destruir ni perjudicar la vida de nadie, queremos que se investigue de manera objetiva y si hay personas que tienen vínculos con otros casos pues tienen que ser convocadas”, añadió.
Otros implicados
El viceministro Jorge Pérez reitera acusaciones contra Boris Villegas por coordinar operativos policiales a favor de la red de extorsionadores.
Investigan a otros abogados
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, informó al diario El Deber que, además de Fernando Rivera y Dennis Rodas, hay otros tres abogados que trabajan en el Ministerio de Gobierno y que también son indagados por una posible participación en el caso.
“Se trata de un equipo de cinco abogados, pero estas dos personas (Rivera y Rodas) aparecen como los cabecillas. Sobre los otros tres abogados, estamos trabajando, ésta es una investigación que está en curso. Hay también fiscales y jueces”, especificó la autoridad.
“Se trata de un equipo de cinco abogados, pero estas dos personas (Rivera y Rodas) aparecen como los cabecillas. Sobre los otros tres abogados, estamos trabajando, ésta es una investigación que está en curso. Hay también fiscales y jueces”, especificó la autoridad.
El Viceministro, durante una entrevista con la red Patria Nueva, reiteró ayer que el Gobierno está “vigilante y expectante” a los resultados de las investigaciones que son llevadas a cabo por el Ministerio Público y que coadyuvará para identificar a otras personas vinculadas con el caso de extorsión y de corrupción al interior del Órgano Ejecutivo.
PREOCUPA FALLO
PREOCUPA FALLO
El Ministerio de Gobierno expresó ayer su preocupación por el fallo del juez cautelar José Subieta, del distrito de Santa Cruz, que permitió que los exfuncionarios Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi, “sin exigir una comprobación objetiva sobre el supuesto riesgo de sus vidas alegado por lo imputados”, sean trasladados en la madrugada de ayer a celdas de la Felcc y no a Palmasola.
“También hacemos notar que el juez cautelar desestimó la imputación por el delito de organización criminal que los fiscales a cargo de este caso solicitaron”, indica un comunicado de la cartera de Estado leído ayer por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Henry Baldelomar.
Baldelomar indicó que el Ministerio de Gobierno “se mantiene vigilante y sigue cada acción del proceso con la voluntad de esclarecer este caso”.
“También hacemos notar que el juez cautelar desestimó la imputación por el delito de organización criminal que los fiscales a cargo de este caso solicitaron”, indica un comunicado de la cartera de Estado leído ayer por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Henry Baldelomar.
Baldelomar indicó que el Ministerio de Gobierno “se mantiene vigilante y sigue cada acción del proceso con la voluntad de esclarecer este caso”.
viernes, 30 de noviembre de 2012
Marianela resume y ejemplariza formas en que "la red de mafiosos extorsionaba a sus víctimas" desde la Presidencia, el Ministerio, las fiscalías y los juzgados. esto es el MAS?
Mientras las pérdidas del americano Jacob Ostreicher ascienden a los 44 millones de dólares, ya que ese sería el valor actual de los 25 millones de dólares agregados por el trabajo productivo en la agricultura y la ganadería, se vienen revelando como nunca los hilos delictivos que movían los abogados agrupados en el Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, que no solamente comprende la venta ilegal de bienes decomisados, sino también la protección de delincuentes y criminales de la más alta peligrosidad.
En el primer caso, un informe de la fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) establece que el 8 de diciembre del 2011, Moisés Aguilera López ex jefe de Dircabi de Santa Cruz, junto al abogado Juan Ríos Ocampo y Ariel Prado, un subteniente de Policía vendieron 273 cabezas de ganado de propiedad de Ostreicher, cada una con el valor de 410 dólares, lo que equivale a 125.500 dólares.
Con hechos de esa magnitud se produjo el desmantelamiento de la fortuna del americano. También se conoce que la corrupción tenía antigua data: Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas las cabezas más visibles (hasta ahora) del escándalo, trabajaron casi desde el año en que el MAS tomó el poder en el 2006. Estuvieron caminando con los ministros Alfredo Rada, Wilfredo Chávez, Sacha Llorenti, y el actual, Fernando Romero. Esos ministros les dieron un poder absoluto y estos delincuentes de cuello blanco tejieron una poderosa telaraña que junto a sus asociados vendían influencias, extorsionaban a personas envueltas en problemas políticos o en narcotráfico, dilataba procesos judiciales en los tribunales a quienes no les pagaban y hasta favorecían a delincuentes comunes vendiéndoles favores.
Esta cuadrilla, por ejemplo, incautó bienes y dinero a los policías Julio Navia (teniente) y su padre, René Navia (coronel), implicados en narcotráfico y también sindicados de pertenecer a la banda del ex general Rene Sanabria, purgando actualmente una condena de 14 años en una cárcel de Miami, Florida, EUA. Inclusive, el avezado delincuente Reynaldo Gonzáles, “El Vinchita”, no se libró de ambición de los abogangsters: le esquilmaron 10.000 dólares con la promesa de trasladarlo del gélido presidio paceño de Chonchocoro a la calurosa cárcel de Palmosa. Lo utilizaron y no le cumplieron el deseo y “El Vinchita” les amenazó con denunciarlos. El delincuente apareció misteriosamente muerto con 115 puñaladas y los testículos cercenados en el penal de Chonchocoro, hace tres meses. Que el lector extraiga sus propias conclusiones.
¿Acabará en algún momento la proliferación estos delincuentes de cuello blanco en el gobierno del MAS?.
miércoles, 28 de noviembre de 2012
Agencia Fides traslada las palabras de Romero "es gente que corrompe en el ejercicio del poder y gana prestigio para fines personales" refiriéndose a los extorsionadores Rivera y compañía...muchos casos
La banda de extorsionadores que presuntamente era liderada por Fernando Rivera Tardio y José Manuel Antezana Pinaya actuó en los últimos cinco años y medio a la sombre de al menos siete gestiones en los ministerios de la Presidencia y Gobierno, según investigación judicial conocida este miércoles en La Paz y Santa Cruz de la Sierra.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió este miércoles que Fernando Rivera trabajaba hace cinco años y como funcionario de la unidad de gestión jurídica del Ministerio de Gobierno.
“Era muy buen abogado y los heredé de cuatro gestiones (…) técnicamente era muy sólido. No había duda de su especialidad técnica”, dijo.
Fernando Rivera, según datos del ministro Romero, trabajó como abogado desde la gestión de Alfredo Rada (2007-2010), Sacha Llorenti (2010-2011), Wilfredo Chávez (2011-2012) y Carlos Romeros (2012).
Rivera tenía como colaborador al abogado Dennis Rodas, quienes tuvieron activa participación en los llamados casos Rosza, Caranavi, Chaparina, Jacobo Ostreicher, teniente Julio Navia y otros.
Rivera y Rodas elaboraban memoriales y con un poder especial representaban al Ministerio de Gobierno en audiencias judiciales y diferentes procesos.
Mientras que José Manuel Antezana se desempeñó como director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia en las gestiones de Oscar Coca (2010-2011), Carlos Romero (2011-2011) y Juan Ramón Quintana (2012).
“Es gente que corrompe en el ejercicio del poder, y ganan credibilidad para fines personales”, sostuvo el ministro Carlos Romero a la periodista Amalia Pando, de Erbol.
lunes, 26 de noviembre de 2012
no es que vayamos a defender a Delgado a rajatabla, porque acaso no se da cuenta que el 90% de las leyes que aprueban y que mandan a Palacio para su promulgación, son textos enviados del ejecutivo y que los masistas aprueban sin discusión? claro que en éste caso Romero lleva las de perder, ministros se cambian presidentas del parlamento es más difícil aunque con Evo nunca se sabe, él sale por peteneras...
La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado (MAS), calificó las declaraciones del ministro de Gobierno, Carlos Romero, como “discriminatorias, patriarcales y colonizantes”, al ser “ofensas” que no solamente van en contra de la mujer, sino también de la Cámara de Diputados.
De esa forma, Delgado descalificó las expresiones que la autoridad vertió este domingo y en las que sostuvo que la presidenta de Diputados no está a su nivel académico.
La manzana de la discordia entre ambos es el proyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado. De acuerdo a Delgado, este proyecto estuvo mal elaborado, lo que generó la respuesta de Romero, quien dijo desconocer si la diputada elaboró “una propuesta seria en su vida”. “No voy a rebajarme a debatir con una persona a la que considero que está muy lejos de mi trayectoria política y académica”, expresó.
Ante esas declaraciones, Delgado dio a conocer que al interior de la Cámara de Diputados se está elaborando un proyecto de ley Integral en Contra de la Violencia hacia las Mujeres y que la misma está destinada a evitar agresiones verbales como las de Romero.
“Tendremos un instrumento normativo, pero lo que nos estamos dando cuenta es que lo que se debe cambiar son esas conductas patriarcales, colonizantes, discriminatorias y ofensivas, tendremos un instrumento legal, pero si no cambian esas conductas patriarcales que piensan que, bueno, solamente la voz de una persona o de un ministro va a sentar presencia y va a determinar la legitimidad de una ley, estamos equivocados”, manifestó Delgado.
Además, reveló que el proyecto de ley de Extinción de Dominio generó un “desacuerdo” en varios asambleístas que “no querían votar” por la aprobación de la ley. “Lo que debería hacer él (Romero) y yo estoy tratando de hacer es cuidar las espaldas de un proceso de cambio y de un Gobierno, eso es lo que estoy haciendo. Si el ministro no ha entendido así, ya será que él rinda cuentas ante el país sobre cuál es básicamente su intención a generar este tipo de polémica”, expresó.
Por esta razón, retó al ministro a un debate público sobre el proyecto de ley de Extinción, el cual será remitido de manera escrita a Romero para defina hora, fecha y lugar donde se tenga que llevar adelante este debate.
Al respecto, el diputado Fabián Yaksic (MSM) reprochó “los excesos verbales” del ministro Romero, pues “denigran” la labor de la presidenta de la Cámara de Diputados. No obstante, sostuvo que el “90 por ciento” de las leyes que se tratan en la Asamblea Legislativa son impuestas por el Órgano Ejecutivo.
///rhc///Jlc///
domingo, 25 de noviembre de 2012
se van conociendo mayores detalles en el doloroso caso de Zarlet Clavijo. el principal sospecho involucró a 4 policías en el secuestro. porqué no explica porqué el dinero de la extorsión involucra a una dirigente Bartolina colaboradora de Evo?
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| colalero cómplice del secuestro de Zarlet |
Dijo que tras su aprehensión por delito de extorsión, Maquera ratificó que es dirigente de una federación del trópico e involucró a más personas en la desaparición de Zarlet.
Según Clavijo, Maquera no reveló la identidad de los policías, sin embargo se investigará para dar con los implicados.
De momento, el responsable de la extorsión tiene tres procesos en su contra. Uno de ellos fue iniciado por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, quien acusa a Maquera de “contribuciones y ventajas ilícitas”.
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