Rehenes del Caso Rózsa
Muchos se habrán sorprendido cuando el presidente Morales usó los primeros minutos de su renovada voz para referirse al caso Rózsa y ratificar el discurso oficial que rodea a este triste episodio de nuestra historia democrática.
A ocho años de la denominada “matanza del hotel Las Américas”, el primer mandatario ha dicho que se trató de una operación policial que desbarató una célula terrorista y separatista, versión que él mismo usó aquel 17 de abril de 2009, cuando un día después de los balazos admitió haber dado la orden de intervenir aquella noche en la que murieron acribillados tres ciudadanos europeos, cuyas familias están activando los mecanismos del derecho internacional para conseguir justicia.
El presidente estaba obligado a reforzar su posición, justamente ahora que este desdibujado proceso judicial, repleto de manipulaciones, puede ser usado para desgastar su administración, muy venida a menos por la crisis de confianza que se manifiesta a través de distintos canales y especialmente por medio de sondeos de opinión que muestran un oficialismo acechado por cuestionamientos.
Al Gobierno le han comenzado a perder la reverencia y la mejor prueba es que seis dirigentes y expresidentes enfilados en la oposición, lanzaron un duro manifiesto público en el que expresaron su preocupación por el rumbo que ha tomado la democracia, no solo por la instrumentalización de la justicia a favor de los intereses políticos del Gobierno, sino por la persecución política que sufren líderes nacionales que son sometidos a juicios y encarcelamientos por expresar críticas al “proceso de cambio”. En su afán por desmarcarse de la propuesta lanzada, el exjefe de estado, Jaime Paz Zamora, dijo que no hay “venezualizar” a Bolivia, tratando de señalar que aquí las cosas no son tan graves. Pero en lugar de ayudar, no hizo más que poner las cosas en su verdadero contexto.
En los últimos meses, el régimen nacional se ha visto en la encrucijada de mantenerse en la línea dura de la persecución u optar por un cariz más flexible, posición que se hizo evidente en el cambio ministerial de enero pasado, que sacó de la palestra a los personajes más comprometidos con la hostilidad gubernamental. Sin embargo, para mantener el garrote en alto, se aceleró la sentencia contra Leopoldo Fernández y se arremetió contra el exprefecto del Beni, Ernesto Suárez, quien tuvo que ser liberado después de las fuertes críticas que cada vez repercuten con mayor impacto en la opinión pública. Lo mismo ocurrió con el abogado Eduardo León, vinculado al “caso Zapata” y al parecer no hay nada de casual en esto.
Como conclusión, es posible afirmar que el caso Rózsa es uno de los últimos exponentes que le quedan al Gobierno para mantener su carácter autoritario que ha usado para arrinconar a sus adversarios. El presidente tenía que ser firme y explícito al referirse a este hecho, pues de lo contrario estaría admitiendo implícitamente la debilidad que está comenzando a pasarle factura. El problema es que la cuenta por ese montaje tan burdo, algún día tendrá que saldarse y mucho más cuando se admite la responsabilidad.
El caso Rózsa es uno de los últimos exponentes que le quedan al Gobierno para mantener su carácter autoritario que ha usado para arrinconar a sus adversarios.
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