Correspondía, en este como en los demás casos, que se procese el exceso a través de un Tribunal de Imprenta, tal como manda la ley y la Constitución Política del Estado para todos los hechos que ocurren en los medios de comunicación en el marco de la autorregulación.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) reivindicó nuevamente la vigencia de la Ley de Imprenta, promulgada en el año 1925, tras conocer la decisión de un juez que concedió cinco días al periodista Humberto Vacaflor Ganam para que se retracte de las afirmaciones contra Evo Morales. Esta decisión forma parte de la judicialización de los cuestionamientos a la prensa independiente en Bolivia, un factor que confirma los nefastos retrocesos en materia de libertad de expresión y de prensa que enfrenta el país en los últimos 10 años de la gestión del presidente Evo Morales.
No es la primera vez que el Gobierno de Morales arremete contra la prensa independiente a través de los estrados judiciales y de regulaciones que limitan la acción de los medios de comunicación. Diversos organismos internacionales vienen denunciando la acción del Poder Ejecutivo sobre la prensa independiente. Estamos ante un constante abuso de poder, inadmisible en un sistema democrático donde la labor de la prensa es fundamental para la democracia. Cada vez se respeta menos la autorregulación y se avanza en una virulenta agresión contra la prensa al considerarla enemiga del actual régimen.
Los periodistas están para fiscalizar el poder, no para adularlo. El Gobierno de Morales tiene mucho para aclarar sobre sonados casos de corrupción y pierde el tiempo al acusar a los medios de comunicación de mentir sobre la acción del poder público
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