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domingo, 14 de agosto de 2016

fue como "un permiso para matar" el uso de la dinamita por los irresponsables de las mal llamadas "cooperativas mineras" da por resultado más de un centenar de policías heridos. fueron sin armas a "la boca del lobo" LTD

Hace algo más de tres meses, cuando entre el paquete de “regalos” que el Gobierno nacional dio a los trabajadores el 1 de mayo se incluyó el Decreto 2754 y que al abrogar el DS 1359 de 2012, en el que se prohibía el uso de dinamita en manifestaciones públicas, se “devolvía” a los mineros ese “derecho”, el país reaccionó con unánime estupor e indignación. La medida fue desde un principio condenada y, más condenados aún fueron los argumentos con que las autoridades estatales pretendieron defender y justificar tan enorme aberración.

Durante los tres meses transcurridos desde entonces, de nada valieron las expresiones de repudio. Ni siquiera se dio curso a las demandas de inconstitucionalidad presentadas ante el Tribunal Constitucional.

Ahora, cuando los mineros cooperativistas esgrimen ese decreto para justificar la ferocidad con que se han dado a la tarea de destruir carreteras para imponer al Gobierno sus exigencias, son los mismos ministros que con más ardor defendían el decreto y minimizaban su incompatibilidad con la Ley de Armas que prohíbe el uso de armas de fuego o explosivos en “manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines”.

Visto el asunto con cierta condescendencia, podría decirse que el radical giro dado por los ministros de Gobierno y Defensa sobre el tema es digno de aplauso. Sin embargo, más allá de las dramáticas circunstancias que los motivaron a reconocer su error, lo cierto es que esa medida, como muchas otras, no hace más que poner en evidencia la irresponsabilidad que guía muchos de los actos de nuestros gobernantes. Y eso es algo ante lo que los declaraciones de arrepentimiento no son suficientes.