cuándo nos vamos a dar cuenta que Evo no manda, que quién decide es García Linera. El Deber corrobora esta tesis cuando afirma que la corrupción es la deuda pendiente de Evo. la verborrea discursiva con la que tomó el poder, de "gobiernos corruptos del pasado" ha quedado desechada, estamos asistiendo a la detención de personajes ligados al mismísimo Evo autor de una estructura de latrocinio que no concluye.

La corrupción sigue siendo la principal deuda pendiente del Gobierno de Evo Morales. De nada sirvieron sus zares anticorrupción, ni la draconiana Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ni su verborragia discursiva contra este flagelo que azota a la sociedad. La detención de la exministra de Desarrollo Rural y dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’, Julia Ramos, y de otros altos dirigentes del oficialismo, por la malversación de recursos del Fondo Indígena, señala que la corrupción llega hasta las altas esferas del poder sin que las políticas gubernamentales puedan detenerla.

Y en este caso no se puede hablar de desvíos personales, sino de una estructura que atraviesa a los principales organismos públicos y cercena las arcas del Estado que tanto se necesitan para combatir la pobreza, construir caminos, levantar escuelas y abrir hospitales para la gente. La exministra Ramos aparece en uno de los informes que señalan la existencia de graves delitos públicos. 

Dos informes muestran la corrupción en esa entidad. El primero, de la Contraloría General del Estado, con 135 proyectos observados y un presunto daño económico de 71 millones de bolivianos. Y el de la interventora, en el que se encontró un presunto daño económico de 102 millones de bolivianos. En ambos casos, los funcionarios involucrados desviaron recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a cuentas personales, generando un daño al Estado. Ramos recibió del liquidado Fondo Indígena 4,2 millones de bolivianos para proyectos que cumplieron los plazos de ejecución de acuerdo al informe de la interventora Larisa Fuentes.

Pero el Fondo Indígena no es el único caso. Diversos hechos denunciados en YPFB, en la Policía Boliviana, en las Fuerzas Armadas y en la Justicia muestran que el Estado mismo está tomado por la cultura de la corrupción. El viaje a China de los magistrados de Tribunal Constitucional, que dejó sin quórum a ese organismo judicial, muestra que la administración gubernamental es una fiesta, mientras millones de bolivianos trabajan de sol a sombra y esperan una respuesta de sus autoridades electas para frenar este lastre de la política boliviana.

Ojalá el presidente Evo Morales cumpla su principal promesa contra la corrupción en todos los estamentos del Estado y, en lugar de seguir en campaña electoral por la re-reelección antes del referéndum de febrero, se ocupe de combatir a los malos funcionarios de su Gobierno