Hace algo más de un año, en el espacio subeditorial de esta página correspondiente al 20 de febrero de 2014, nos referíamos con sorpresa y preocupación a un tema cuya importancia ha ido creciendo durante los últimos meses. Nos referíamos a “la agilidad con que se suscriben millonarios contratos vía la adjudicación directa y a la creciente frecuencia con que las beneficiadas son empresas chinas”.
Sobre el primer aspecto del asunto recordábamos que “ya nos hemos ocupado en estas páginas en más de una oportunidad a lo peligrosa que es esa manera de actuar elevada últimamente a la condición de política oficial del Estado, por las obvias dudas a las que da lugar en cuanto a las condiciones contractuales, precios, calidad de obras y servicios contratados”.
Y en cuanto al segundo aspecto, el relativo a la frecuencia con que son empresas de origen chino –estatales, privadas o mixtas– las que se benefician con esas adjudicaciones, decíamos que por ser un fenómeno novedoso en nuestro medio resultaba algo difícil de abordar. Y aunque reconocíamos que resultaba prematuro emitir cualquier juicio de valor sobre la inusitada presencia china en las obras públicas de nuestro país y nuestra región, sosteníamos también que la falta de transparencia con que se realizaba la mayor parte de esas adjudicaciones no era una señal tranquilizadora, ni mucho menos.
Los meses transcurridos desde entonces no han hecho más que dar sólido fundamento a esos temores. En efecto, basta ver de cerca lo que está pasando en la mayor parte de las principales obras públicas en nuestro país –y muy especialmente en Cochabamba— para constatar que los resultados no son de los mejores.
En efecto, y tal como lo reflejan las noticias que a diario se publican sobre el tema, son muchas y muy frecuentes las muestras de irregularidades de diversa índole en las obras adjudicadas a empresas chinas.
Entre las más recientes de las noticias a las que nos referimos se destacan las denuncias que pesan sobre Camce, Vicstar y Sinohydro por vulnerar la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, malos tratos a los trabajadores, falta de alimentación y, la última constructora, por deficiente dotación de viviendas. En el caso de la segunda, hay observaciones a la calidad de las obras.
Además, en febrero pasado el Gobierno rescindió contrato con la estatal china Railwail por incumplir plazos en la ferrovía Montero-Bulo Bulo.
Cochabamba es el departamento que más directamente sufre las consecuencias de esas anomalías. Y no sólo porque es uno de los que más concesiones ha hecho a empresas chinas, sino porque su principal proyecto de desarrollo, Misicuni, ha sido puesto en manos de una de las que se destaca por su falta de cumplimiento de normas laborales y de los plazos que se le otorga para la realización de las obras que se adjudica.
Se trata, como los hechos lo demuestran, de un asunto que no puede ser tomado a la ligera.
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