Desatención, olvido e intransigencia han hecho estallar un grave conflicto por una lista de demandas del departamento de Potosí. Las organizaciones cívicas potosinas aseguran que no se cumplieron las promesas surgidas tras el histórico paro de actividades de 2010. Por su parte, el Gobierno asegura que, cinco años después, se hicieron obras de infraestructura suficientes para satisfacer esas demandas. Más de 10 días de paro regional, crucifixiones de dirigentes y ruidosas movilizaciones en La Paz han transformado el conflicto en insostenible.
El reclamo se ha masificado con movilizaciones en La Paz y varias regiones, y un paro cívico en Potosí, lo que está generando graves perjuicios para el transporte y la economía del país. De esta forma, los potosinos han hecho conocer un pliego petitorio de 26 puntos que contempla –en sus partes fundamentales– la construcción de una planta hidroeléctrica, tres hospitales de segundo y primer nivel, dos represas, obras viales, una fábrica de cemento, otra de cal y una de vidrio, además de infraestructura para generar energía eólica y un aeropuerto internacional. Además, los cívicos reclaman un plan para la preservación del Cerro Rico y el traslado de las oficinas centrales de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
En el fondo, el conflicto también refleja la crisis de la minería boliviana por la caída de los precios internacionales y la debacle del modelo extractivista, en el que se ha mantenido el actual Gobierno, que hace depender a la economía boliviana –en gran medida– de la venta de materias primas con poco valor agregado, sin contar con una alternativa en la producción industrial.
Para resolver el conflicto, cívicos y Gobierno se han enfrascado en una irracional discusión sobre dónde abrir una instancia de diálogo. De forma intransigente, los dirigentes potosinos exigen un diálogo directo con el presidente Evo Morales en la ciudad de La Paz. Éste, a su vez, había ofrecido hablar con ellos en la ciudad de Uyuni. Potosí tiene razón en gran parte de sus reclamos, pero los medios que se están utilizando no parecen los más apropiados. Esto no es una novedad en un país donde cada sector adopta medidas de hecho antes de dialogar para resolver sus conflictos particulares.
A su vez, el Gobierno también actúa con intolerancia al no reconocer la desatención de gran parte de las demandas potosinas y avanzar en la represión de las movilizaciones en La Paz, lo que agrava el cuadro de situación
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