Como siempre, el poderoso con una mano somete a cualquier necio que paga impuestos con la promesa de no elevar sus cargas fiscales y con la otra libera a las castas que le son afines de cualquier obligación tributaria. Son los cocaleros vinculados al narcotráfico; los comerciantes minoristas atados al contrabando, los transportistas y los cooperativistas mineros, que juntos se han convertido en un clan favorecido que ha disfrutado de unos incrementos portentosos en sus ingresos y ganancias muy lejos del principio de la igualdad tributaria.
Entre tanto, las clases medias y una buena parte del empresariado de este país, apenas tienen lo necesario para sobrevivir y, lo peor, siempre ahorrando para pagar impuestos. Muestra de esto es que, según han informado las autoridades del Servicio de Impuestos Nacionales, en los primeros ocho meses del año 2014, los ingresos por tributos sumaron Bs 35.784,7 millones, que fueron pagados efectivamente por las empresas petroleras, los empresarios privados, los profesionales libres, la clase media dependiente, todos del sector formal. En similar periodo de 2013, estos esclavos fiscales pagaron el monto registrado de Bs 33.034,9 millones, es decir, que en un año los ciudadanos hemos hecho al Gobierno 8 por ciento más poderoso. Sólo un bruto titulado podría preguntar. ¿Cuánto contribuyeron los cocaleros o los cooperativistas mineros a este engrandecimiento?; y la respuesta resulta también muy insulsa: Ni un mango. En fin, ellos son los poderosos, y los esclavos estamos obligados a pagar su banquete.
En plena campaña electoral, los socialistas azules no se cansan de exaltar la igualdad y solidaridad entre los hombres y mujeres de este país, pero se niegan a reconocer la intolerable protección oficial a esas pandillas elegidas con ingresos altos y desmedidos que repugnan ingresar en la formalidad y ser parte del régimen general tributario. Contra toda regla moral, este pasado viernes el líder de la Asociación de Propietarios de Vehículos Indocumentados, anunció públicamente que este sector iniciará desde el 10 de septiembre un bloqueo nacional de caminos para obligar al Gobierno a legalizar más de 50.000 “autos chutos”. Este pedido resulta escandaloso, mucho más si quienes solicitan la nacionalización pertenecen a esa casta oficialista que alienta con depravado entusiasmo el narcotráfico o cualquier actividad ilícita.
Lo que en otras palabras están pidiendo estos operadores del contrabando y el lavado de dinero, a un mes de las elecciones nacionales, es que en este país existen 50.000 propietarios de vehículos indocumentados que están dispuestos a votar por el candidato oficialista a cambio de una nacionalización, que en sí no sólo representa una grosera liberación de cargas fiscales, sino también una complicidad abierta con el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Así de claro. Lo más probable es que el líder vitalicio de los cocaleros termine firmando el decreto de nacionalización de “autos chutos”; obvio, a cambio de votos; pero para guardar las formas lo hará después de las elecciones. Si alguien aún no ha entrado en este círculo vicioso y le falten escrúpulos, ya es hora de que compre un auto indocumentado, vote por el candidato oficialista y espere una nacionalización para noviembre o los meses siguientes. Seguro.
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