Los miembros del Tribunal Constitucional están sentados en el banquillo de los acusados. Es uno de los muchos tribunales que seleccionó a dedo el Gobierno para que sin escapatoria respaldáramos con el voto. Es uno de los muchos tribunales que debiéramos examinar nosotros. Pero, antes de que digamos nada, los están juzgando ellos mismos, los únicos que no pueden hacerlo, los únicos que no debieran jamás hacerlo. Es cuestión de ética. Es cuestión de estética. Es el absurdo.
Los están juzgando los parlamentarios, porque el Tribunal falló contra ellos sobre alguna ley de notarios. ¿Cómo pueden hacerlo, si son precisamente la parte interesada? ¿En qué país del mundo puede el reo juzgar a su juez? Solo aquí y solo con la política típica del MAS.
Quizás pudieran juzgarlos en alguna otra ocasión, pero nunca porque les llamaron la atención. Nunca porque fallaron contra ellos. Aunque los del tribunal pudieran haberse equivocado, nunca pueden juzgarlos porque en su rol de jueces hayan dictaminado que el trabajo del Parlamento era anticonstitucional. Los está juzgando el Poder Legislativo cuando está obligado a acatar lo que decida el tribunal. Los está juzgando el Poder Legislativo, por la única razón que la separación de poderes prohíbe que se los juzgue, cuando son símbolo y realidad del mutuo control que deben ejercer los distintos poderes entre sí.
Los están juzgando precisamente los que no debieran hacerlo, porque fueron ellos los que nos los impusieron contra leyes y normas. Están juzgando a los constitucionales, porque no obedecen las órdenes del jefe. Es verdad. Fueron obsecuentes y sumisos hasta la vergüenza, hasta inventarse una constitución que le permitiera al jefe la nueva elección. Pero en una ocasión se insolentaron.
Bastó que en una ocasión mostraran algo de corrección, que dieran tímidas señales de independencia, para que los parlamentarios decidieran mostrarnos a todos que el que no se somete, cava su tumba.
¿Se ha dado cuenta de que con los constitucionales en el banquillo, ahora son los parlamentarios los que proclaman la constitucionalidad de sus leyes? ¿Se imagina que sean los narcotraficantes los encargados de decidir la legitimidad de la famosa 1008? ¿Se imagina que los árbitros de fútbol fueran todos empleados de uno de los equipos?
Como verá, la federación política que nos gobierna está peor que la de fútbol, más arbitraria, más oscura, más sorda
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