La silla prevista para el presidente Evo Morales quedó vacía el domingo por la tarde durante el debate organizado por la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), con miras a las elecciones del 12 de octubre. Decisión previsible, pero reprochable, pues la democracia pierde cuando el primer mandatario resuelve no discutir, defender o refutar las preguntas que puedan surgir sobre su gestión gubernamental.
Qué diferencias tan marcadas se observan con su aliada política, Dilma Rousseff, que, en Brasil, en el mismo proceso electoral, ya ha participado de cinco debates públicos con los otros candidatos a la Presidencia que enfrentará en los comicios del 5 de octubre. Las pérdidas saltan a la vista. Los 142 millones de brasileños que participarán el domingo de las elecciones están mucho más informados que los 10 millones de bolivianos que irán a las urnas en dos semanas. Simplemente, porque han escuchado a la primera mandataria y pudieron contrastar la defensa de su mandato con los cuestionamientos de la prensa y con las propuestas de los otros candidatos presidenciales. Las democracias más fuertes y consolidadas en todo el mundo son aquellas en las que los ciudadanos tienen acceso pleno a la información sobre lo que han hecho y lo que proponen los postulantes a los cargos públicos. Por lo visto, Evo Morales ha resuelto seguir el camino que apunta a consolidar un poder hegemónico sin discusión plena sobre los aciertos y sobre las debilidades de su gestión de Gobierno.
A su vez, llama la atención que en el mismo momento en que Samuel Doria Medina (UD), Jorge Tuto Quiroga (PDC), Juan del Granado (MSM) y Fernando Vargas (PV) debatían, Morales participaba en un programa de deportes en la red ATB, donde defendió sin contrastes su gestión de Gobierno. ¿Por qué no debate Evo Morales? ¿A qué le teme el mandatario? ¿Le incomodan las preguntas que señalen las debilidades de su gestión? Si su mandato es tan excelente como dicen sus propagandas, ¿por qué no sale a defenderlo en la palestra de un debate?
En Bolivia, la participación de los candidatos en los debates electorales no es obligatoria por ley, como sí lo es en otras democracias modernas. Quizá se debería impulsar una normativa que exija a los candidatos de todos los frentes a contrastar los datos de sus gestiones y de sus propuestas de Gobierno con los cuestionamientos que tenga la opinión pública. Solo con propaganda oficial, gran parte de la cual es financiada con fondos públicos, no es suficiente para saber quiénes son y qué proponen para los grandes problemas del país
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero
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