El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efren Choque, señaló que la decisión de la Cámara de Diputados de suspender e iniciar un juicio de responsabilidades contra dos magistradasvulnera el Estado de derecho constitucional.
“Creo que lo único que han hecho las magistradas es cumplir sus tareas jurisdiccionales. Se ha vulnerado el Estado de derecho constitucional, del Tribunal Constitucional en este caso, porque hacia adelante sentimos que se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica”, manifestó Choque.
Ambas magistradas, Ligia Velásquez y Zoraida Chanez, están procesadas por decidir la suspensión de la aplicación de la Ley de Notariado mientras se resuelve un recurso de inconstitucionalidad en contra de esta norma.
Chanez afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no tiene la competencia para enjuiciar a autoridades electas.
Chanez afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no tiene la competencia para enjuiciar a autoridades electas.
En este sentido, Velásquez recordó que interpuso una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley 044, la cual dispone en su capítulo segundo los mecanismos a través de los cuales los magistrados del TCP pueden ser acusados por la ALP y suspendidos.
Aseveró que este texto contradice la Constitución Política del Estado (CPE) la cual dictamina que el Órgano Judicial sea el encargado de impartir justicia.
Velásquez indicó que su recurso fue rechazado en la Cámara de Diputados y ahora está a consideración del TCP.
Ejemplo
Chanez advirtió que la intención del oficialismo con esta decisión es “dar un efecto ejemplificador”. “Si algún magistrado, vocal, juez o cualquier autoridad judicial ose impartir justicia con imparcialidad e independencia, entonces le va a pasar lo que a nosotros”, alertó.
A pesar de la decisión del Órgano Legislativo, el Presidente del TCP aseguró que él junto a sus colegas seguirá trabajando en el marco de idoneidad e imparcialidad, según reporte de radio Aclo de la Red ERBOL.
Arce y Flores
La magistrada suspendida Chanez sostuvo que su suspensión y enjuiciamiento fueron una orden política que partió el actual Procurador General del Estado, Héctor Arce.
Agregó que el expresidente del TCP Rudy Flores coordinó con Arce para gestar el proceso en el Legislativo.
Al respecto, Flores respondió que las afirmaciones de Chanez no responden a la realidad. Atribuyó las acusaciones de la magistrada a su situación emocional que, según él, “es muy comprensible cuando alguna persona está en un juicio de responsabilidades”. (E.A.V./J.M.)
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