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miércoles, 16 de abril de 2014

nueva separata de El Deber muy ilustrada con fotos y textos de valor. editorial que insiste en la usqueda de la verdad y la Justicia, sin dejar de reconocer que esto sea un deseo que se anota en "una utopía irrealizable"

Pasó un quinquenio, pero está fresco aún el recuerdo y quedan abiertas las heridas provocadas por el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, el operativo policial en el hotel Las Américas y las secuelas derivadas de lo que el Gobierno llamó caso terrorismo. Tres muertos, cuatro decenas de acusados, el exfiscal Marcelo Soza fugado, juicios por extorsión, varios ciudadanos asilados y un proceso muy debilitado configuran un balance desalentador de lo que ha sido el tema más relevante de la historia política y judicial contemporánea de Santa Cruz.

El caso Rózsa marca el punto de inflexión de la pugna del Gobierno con una parte fundamental de la élite dirigente cruceña, a la que se trató estos años de desmantelar involucrándola en denuncias de terrorismo y de separatismo. No obstante, el último año ha sido clave para que importantes actores de las acusaciones sean los que destapen muchas dudas sobre la credibilidad de los argumentos que ha usado el Gobierno y la Fiscalía para meter a la cárcel o procesar a más de una veintena de personas y para perseguir a otras que se fueron del país.

A comienzos de 2013 un audio con la supuesta voz de Soza ha provocado un giro notable del caso, al desvelar las presuntas intenciones verdaderas de las acusaciones y, lo que es peor, la actuación de una mafia organizada para extorsionar a decenas de personas. La fuga de Soza ha reforzado más aún la percepción de que el proceso judicial por terrorismo tiene, cinco años después, grandes lagunas y contradicciones. La propia opinión pública boliviana refuerza esta sensación de desconfianza en la investigación y en el juicio. 

Una encuesta publicada en la edición de hoy por EL DEBER menciona que tan solo el 6% de ciudadanos consultados cree que el proceso judicial va por buen rumbo. En cambio, el 24% de los entrevistados considera que el caso perdió credibilidad y el 27% asegura que fue trabado por el propio Gobierno. No obstante y a pesar de las debilidades expuestas, un 37% de los encuestados opina que el juicio debería seguir, mientras que un 26% plantea que empiece uno nuevo. No hay duda de que este es un tema muy complejo, que divide opiniones.

Cinco años después, sondear el criterio de la gente es una iniciativa necesaria para corregir el rumbo de investigaciones devaluadas. Pero lo que más importa, en un escenario de versiones dudosas, es la búsqueda incesante de la verdad y de justicia, por más que sea un deseo que raya a estas alturas en una utopía inalcanzable.
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero