La sorpresiva declaración del Ministro de Gobierno sobre el compromiso de realizar un estudio del consumo legal de coca no ha sido asumido en esta gestión, luego de que diversas autoridades sostuvieron lo contrario e, incluso, anunciaron que los resultados serían publicados a fines del mes pasado, da cuenta de un peligroso giro en la política de combate a la producción ilegal de coca.
Más aún si diversos trascendidos señalan que este consumo sería satisfecho con 6 a 8 mil hectáreas (no se debe olvidar que la cuestionada Ley 1008 permite el cultivo de 12.000 has, cifra que, como consecuencia de reformas parciales, se elevó a 20.000).
Para unos, esta reducción es una buena noticia, pues significa, de acuerdo a varios estudios sobre el tema, que han mejorado las condiciones de vida de mucha gente antes situada en los niveles de máxima pobreza, ya que estaría comprobado que a mejor calidad de vida corresponde una reducción del consumo de coca.
Pero, para otros, más bien, se trata de una noticia mala, porque implica que la coca que se destina a la producción de drogas ilegales ha aumentado considerablemente y habrá que proceder a una intensificación de las tareas de erradicación de coca ilegal, lo que, a su vez, significa poner en riesgo importantes alianzas políticas.
Más allá de estas estimaciones, el Gobierno debe entender, por un lado, que la comunidad nacional e internacional exige conocer los estudios sobre consumo de coca, y, por el otro, que en la medida que siga postergando la publicación del informe financiado por la Unión Europa, su propia credibilidad va cayendo y aumentan las susceptibilidades sobre su política antidroga.
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