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jueves, 4 de agosto de 2011


José A. Rivera expone 6 buenas razones para votar NULO dadas las especiales circunstancias cuando se agotaron las vías para justificar la elección de los magistrados. los vicios son múltiples e inaceptables.

Las gestiones realizadas por instituciones cívicas, colegios de profesionales, como el Colegio de Abogados, y grupos de ciudadanos comprometidos con el Estado de derecho y los principios democráticos, ante las autoridades gubernamentales para que se reencausara el proceso de selección y elección de magistrados de los Altos Tribunales de Justicia del Estado Plurinacional, compatibilizando las reglas sobre las que se realiza con la Constitución, transparentado el proceso y sustentando la selección en la comprobación pública de las capacidades, habilidades, destrezas y pensamiento jurídico de los postulantes, no han tenido el resultado esperado.
En ese cometido, se han agotado todas las vías democráticas y legales sin lograr el resultado positivo; el fin último de esas gestiones era que con el proceso de selección y elección de los magistrados podamos dotarnos de una justicia independiente e imparcial, defensora del Estado de derecho, del sistema constitucional, del régimen democrático, y protectora de los derechos humanos.
Finalmente, en octubre se realizarán las denominadas “elecciones judiciales”. Como quiera que por mandato de la Constitución el sufragio es un derecho y un deber, como un ciudadano que respeta y acata la Constitución concurriré a las urnas para sufragar; pero mi voto, al igual que de miles de ciudadanos que tienen convicción democrática y compromiso con el Estado de derecho, y los derechos humanos, será de rechazo al proceso por las siguientes razones:
1º Porque estoy consciente de que el sistema de elección de magistrados por voto popular no es el más recomendable, debido a que los magistrados y jueces ejercen control judicial al ejercicio del poder político, constituyéndose en un poder contra la mayoría; por ello no deben alinearse ni a las mayorías ni minorías; pero como el sistema está definido por la Constitución, impulsé una propuesta técnicamente elaborada para que la selección de los candidatos tenga su base en una comprobación pública y objetiva de la idoneidad y probidad de los postulantes; ello esperanzado en que se seleccione a los profesionales especialistas más destacados, probos y con amplia experiencia, para que ejerzan sus funciones con independencia e imparcialidad. Sin embargo, la propuesta presentada por el Colegio de Abogados de Cochabamba y el Conalab no fue considerada.
2º Porque, a pesar de las advertencias oportunamente efectuadas, el proceso de selección de los candidatos a magistrados se ha realizado sobre la base de normas y reglas que infringen la Constitución y violan los derechos humanos; pero además con absoluta carencia de transparencia.
3º Porque la formación profesional, la experiencia, los conocimientos técnicos, el pensamiento político y la personalidad de los postulantes no fueron evaluados y comprobados pública y objetivamente; pero algo más grave aún, no fueron considerados como elementos fundamentales para la habilitación de candidatos; más primó la afinidad política e ideológica.
4º Porque las elecciones judiciales no se realizarán sobre la base del respeto a los principios democráticos, a la Constitución, y a los derechos humanos; pues se han impuesto reglas que violan la libertad de expresión, pensamiento y opinión de los candidatos, quienes están impedidos de hacer conocer sus capacidades, su pensamiento jurídico, sus cualidades para el ejercicio del cargo; reglas que violan la libertad de información de los periodistas y trabajadores de la prensa, quienes están impedidos de difundir información sobre la idoneidad y probidad de los candidatos; finalmente, reglas que violan el derecho a la libertad de información de los ciudadanos y ciudadanas, quienes estamos impedidos de recibir información veraz y objetiva sobre las cualidades de los candidatos para ejercer la delicada función de magistrados, de manera que estamos impedidos de contar con los elementos de juicio indispensables para tomar la decisión de elegir; por lo que, en octubre los ciudadanos y ciudadanas no tendremos opciones para elegir, sino para votar y legitimar una decisión política de copar el Órgano Judicial que la mayoría oficialista ha adoptado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
5º Porque este proceso de elección de magistrados por voto popular no contribuirá a superar la profunda crisis en la que se encuentra el sistema judicial; al contrario, contribuirá a profundizarla, debido a que el proceso se viene encarando con graves vicios de inconstitucionalidad; pues existen fundadas razones para afirmar que al final de este proceso, y la posterior designación de vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia, a cargo del Tribunal Supremo de Justicia, y los jueces de instancia, a cargo del Consejo de la Magistratura, Bolivia no contará con una justicia independiente e imparcial que garantice la plena vigencia del Estado de derecho, el respeto y resguardo de la Constitución y los derechos humanos.
6º Porque ante esa realidad descrita, como un ciudadano con profundas convicciones democráticas, con un profundo compromiso con los derechos humanos, no tengo otra forma de expresar mi desacuerdo con la forma en que se ha desarrollado este proceso de elección de magistrados por voto popular, sino es anulando mi voto, como una manifestación de rechazo a todo lo acontecido. 

El autor es catedrático de Derecho Constitucional