Cuando este Gobierno manda al diablo las cosas no anda con medias tintas. Ha mandado al diablo a la democracia y ahí va, encañonando a alcaldes y conduciéndolos como si fueran asaltantes o violadores a las celdas de la Policía. Está dispuesto a mandar al diablo a la justicia con esa estrafalaria elección de autoridades llena de prohibiciones y dobleces que no impedirán la consumación del escándalo. Y con la legalización de los autos “chutos”, no son sólo la economía y la legalidad a las que está mandando al mismísimo diablo, sino al sentido común, a la decencia y a la propia vergüenza, cuyos peores enemigos ya no disimulan su abierta defensa del contrabando y consolidan una bancada legislativa que representa a esa Bolivia profunda, compuesta por ayllus que protegen a los narcotraficantes, “narcocomunidades”, “chuteros”, contrabandistas y toda la gama de informalidad e ilegalidad que consolida “el cambio” en el país.
El presidente Morales también ha mandado al diablo al medio ambiente y con él a la pose de protector de la “madre tierra” que durante varios años estuvo tratando de venderle al mundo. Ya era una tremenda incoherencia querer aparentar como un ecologista y al mismo tiempo respaldar la destrucción de bosques que supone la explosión de los cultivos de coca y el consiguiente boom del narcotráfico que contamina los ríos y que ha penetrado parques naturales. Recientemente el régimen gobernante ha autorizado la construcción de la carretera que unirá el Chapare con el Beni, atravesando el parque Isiboro Sécure donde viven varias comunidades indígenas que reclaman por el daño que ocasionará la autopista a su hábitat.
El Gobierno acaba de declarar estado de emergencia en Tarija por el desastre ecológico del río Pilcomayo, un problema que durante años estuvo ignorando y que dejó en manos de las comunidades chaqueñas, las únicas que hicieron reclamos y representaciones internacionales por algunas obras realizadas en territorio argentino y que han ocasionado la escasez de peces que alimentan a decenas de pueblos ribereños de este importante afluente que corre el riesgo de secarse por completo.
Con el caluroso recibimiento que le brindó el Gobierno al ministro-terrorista Ahmad Vahidi, mandó al diablo su imagen internacional y ha comprometido seriamente la relación con países vecinos. Este incidente obligó a Bolivia a bajar de tono en la reciente Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), escenario en el que supuestamente debía reposicionar la demanda marítima, reclamo que quedó en un simple cacareo quejumbroso por falta de apoyo internacional. Chile, en cambio, consiguió consolidar su tesis de la bilateralidad y al mismo tiempo, dejar en claro que no está dispuesto a seguirle la corriente a las poses desafiantes de los bolivianos que terminaron desvaneciéndose frente al mundo.
Es obvio que de esta forma, el “cambio” que prometía el Estado Plurinacional ha ido desvirtuándose en una macabra metamorfosis que amenaza con degradar la integridad moral de todo el país. Resulta que ahora, para poder sobrevivir, para no ser perseguidos y para poder “vivir bien”, los bolivianos tendremos que mandar al diablo a las leyes y a las prácticas de convivencia civilizada y manejar nuestros negocios y relaciones en base a los nuevos paradigmas establecidos por esta “revolución cultural”.
El presidente Morales también ha mandado al diablo al medio ambiente y con él a la pose de protector de la “madre tierra” que durante varios años estuvo tratando de venderle al mundo. Ya era una tremenda incoherencia querer aparentar como un ecologista y al mismo tiempo respaldar la destrucción de bosques que supone la explosión de los cultivos de coca y el consiguiente boom del narcotráfico que contamina los ríos y que ha penetrado parques naturales. Recientemente el régimen gobernante ha autorizado la construcción de la carretera que unirá el Chapare con el Beni, atravesando el parque Isiboro Sécure donde viven varias comunidades indígenas que reclaman por el daño que ocasionará la autopista a su hábitat.
El Gobierno acaba de declarar estado de emergencia en Tarija por el desastre ecológico del río Pilcomayo, un problema que durante años estuvo ignorando y que dejó en manos de las comunidades chaqueñas, las únicas que hicieron reclamos y representaciones internacionales por algunas obras realizadas en territorio argentino y que han ocasionado la escasez de peces que alimentan a decenas de pueblos ribereños de este importante afluente que corre el riesgo de secarse por completo.
Con el caluroso recibimiento que le brindó el Gobierno al ministro-terrorista Ahmad Vahidi, mandó al diablo su imagen internacional y ha comprometido seriamente la relación con países vecinos. Este incidente obligó a Bolivia a bajar de tono en la reciente Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), escenario en el que supuestamente debía reposicionar la demanda marítima, reclamo que quedó en un simple cacareo quejumbroso por falta de apoyo internacional. Chile, en cambio, consiguió consolidar su tesis de la bilateralidad y al mismo tiempo, dejar en claro que no está dispuesto a seguirle la corriente a las poses desafiantes de los bolivianos que terminaron desvaneciéndose frente al mundo.
Es obvio que de esta forma, el “cambio” que prometía el Estado Plurinacional ha ido desvirtuándose en una macabra metamorfosis que amenaza con degradar la integridad moral de todo el país. Resulta que ahora, para poder sobrevivir, para no ser perseguidos y para poder “vivir bien”, los bolivianos tendremos que mandar al diablo a las leyes y a las prácticas de convivencia civilizada y manejar nuestros negocios y relaciones en base a los nuevos paradigmas establecidos por esta “revolución cultural”.
Con la legalización de los autos “chutos”, no son sólo la economía y la legalidad a las que está mandando al mismísimo diablo, sino al sentido común y a la propia vergüenza, cuyos peores enemigos ya no disimulan su abierta defensa del contrabando y consolidan una bancada legislativa que representa a esa Bolivia compuesta por ayllus que protegen a los narcotraficantes, “chuteros” y toda la gama de informalidad.
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