La legisladora boliviana se entrevistó este miércoles con el Secretariado Ejecutivo de la CIDH, que preside el argentino Santiago Cantón, a quien entregó dos denuncias individuales contra el gobierno de Evo Morales, por la promulgación y el uso de leyes que anulan garantías procesales en los juicios contra el binomio presidencial de su partido, los ex gobernadores Manfred Reyes Villa, exiliado en EEUU, y Leopoldo Fernández, recluido sin sentencia hace 27 meses.

Las normas denunciadas son la llamada "Ley corta del Órgano Judicial y el Ministerio Público", que autoriza al Ejecutivo boliviano a designar autoridades judiciales vulnerando el derecho al debido proceso y juzgadores imparciales, y la denominada "Ley antirracismo", que vulnera el derecho a la información y la libre expresión, restringiendo la labor de la prensa, dijo la legisladora.

La diputada, que está en los EEUU desde el pasado martes, demandó que la justicia interamericana dicte una medida cautelar que el gobierno boliviano estaría obligado a acatar y que suspendería la aplicación de las leyes denunciadas, por violar la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley, el juzgamiento en jurisdicción natural y la prohibición de juzgar en ausencia a personas acogidas a la justicia interamericana.

"Hemos solicitado formalmente al secretario Cantón que se dicte la medida cautelar de no aplicabilidad de las leyes objetadas para que no haya un proceso indebido y se provoque daño irreversible a los derechos humanos de quienes son procesados con estas leyes que permiten que el gobierno controle a jueces y fiscales en el juicio a Leopoldo y que lleve adelante el juzgamiento de Manfred en su ausencia", explicó.

"Del mismo modo, esta medida cautelará el ejercicio del derecho a la información por la prensa, que no podrá ser regulada por la ley mordaza", explicó Piérola, al informar que recibió de la CIDH la queja porque el estado boliviano no paga sus cuotas con esa entidad desde hace más de cinco años, lo que calificó de "vergonzosa negligencia".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúa como tribunal de admisión de causas de la Corte Interamericana de Justicia y es la instancia que debe recibir y admitir las denuncias contra acciones de los estados que violen los derechos humanos y derechos civiles protegidos por el organismo interamericano.

LAS LEYES DENUNCIADAS

Ley Nº 003, o "Ley corta" del Órgano Judicial y Ministerio Público, que habilita al Ejecutivo a nombrar jueces y fiscales de manera interina, violando el derecho a un juzgador imparcial.

Ley Nº 007, Ley modificatoria del Código de Procedimiento Penal, que incorpora al ordenamiento jurídico figuras que violan convenciones protegidas por el sistema interamericano de justicia, al autorizar el juzgamiento retroactivo y el juzgamiento en rebeldía.

Ley Nº 045, o "Ley antirracismo", que penaliza el derecho a la información y a la libre expresión.