Está por cerrarse el último capítulo del Juicio de Responsabilidades al gobierno del señor Gonzalo Sánchez de Lozada. Según el Fiscal General del Estado Plurinacional, se han cumplido con todos los pasos entre exposición de partes y presentación de más de trescientos testigos, los cuales hablaron de sus heridas y la manera como se produjeron.
Una innumerable procesión que al final no dijo nada en estricta relación con la que una acusación debe ser formulada, en el ámbito penal, es decir, señalando a los acusados como los causantes directos de esa herida o muerte. Nada de eso. Ninguno levantó la mano para señalar a los dos Ministros ahí presentes de haberlos visto en los hechos y ser parte directa en los resultados.
Pero para el señor Fiscal Mendoza, que tuvo que renunciar a su pretensión de ser Vocal de la Corte Departamental de Chuquisaca, por presión del agitador y activista del MAS, de apellido Mayta, todo está probado y nada más hace falta para que los acusados reciban la pena máxima. Nada ha podido probar este fiscal, que demuestre el genocidio durante esos días de octubre de 2003. Porque sencillamente nunca hubo genocidio, sino enfrentamiento provocado por sectores radicales que ahora gobiernan y las fuerzas del orden. Tampoco ha probado que hubiera masacre sangrienta, en hechos aislados y cuyo origen fueron demandas y movilizaciones de corte eminentemente político, iguales a las que se tuvieron en Sucre, en la Calancha, en Cochabamba en plena ciudad con quema de la Prefectura. Es decir, nada de lo que se tuvo que demostrar pudo demostrarse.
Pero para este juicio las pruebas o testigos de cargo y descargo valen tanto como el oro para el chancho. Todo lo actuado no ha sido nada más que un espectáculo montado con el fin de dictar “sentencia”, que por lo demás ya estuvo redactada el mismo día en que se inició el juicio.
Por eso cuando le exigí al Tribunal que me diga por qué estaba en ese juicio si ya habían transcurrido más de tres años sin sentencia y que aplique la extinción por el tiempo transcurrido, como hizo otro tribunal en el caso del señor Álvaro García Linera, acusado de terrorismo y me respondieron que el Código de Procedimiento Penal es “algo relativo” en este juicio, simplemente hice mis maletas y me fui. Porque ante semejante respuesta uno ya sabe antemano que está sentenciado sin remedio.
Y así ha transcurrido más de un año y ahora resta ese último acto de la vergüenza que sellará a la justicia con el membrete de “venal”.
No hay ninguna garantía para el procesado político. No hay respeto por los derechos que están señalados en las propias normas jurídicas. Todo esto era de conocimiento general, pero a nadie le importó, porque se trataba de un Presidente derrocado y por tanto todos pensaron que era mejor que unos pocos sean sacrificados para que salven los demás. Ahora saben que nadie está a salvo, que cualquiera, que no sea del color oficial, puede ser acusado, encarcelado y despojado de sus derechos.
Los ejemplos de ciudadanos encarcelados, perseguidos y acusados de todo lo que la imaginación del gobierno puede suman y siguen.
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