La Gobernación de Cochabamba pasó a la Contraloría Departamental todos los antecedentes judiciales de la ex ministra de Justicia Ana María Cortez, quien adeudaría al Estado alrededor de 500 mil dólares desde hace 17 años.
El director de Asuntos Jurídicos y Normativos de la Gobernación, Víctor Coca informó que la Gerencia Regional de la Contraloría en función a sus competencias deberá solicitar al Juez Octavo de Partido en lo Civil dicte sentencia en contra de Cortez y otros para recuperar medio millón de dólares.
Según la autoridad, Cortez, en 1990 demandó a la ex Corporación de Desarrollo de Cochabamba (Cordeco), el Ministerio de Planificación y USAID, exigiendo la nulidad de un contrato de préstamo alegando la inviabilidad de un proyecto de producción de flores. Para dicho emprendimiento, Cortez junto a Daniel Soriano Lea Plaza, Lessin Méndez Maldonado y Gabriela Mendizabal de Méndez, solicitaron préstamos personales de 120 mil dólares.
Coca dijo que tras un proceso de 17 años y de la nulidad de obrados debido a una serie de errores procesales, en 2007, la Corte Suprema de Justicia, mediante auto supremo, ordenó se dicte nueva sentencia. Dicho proceso, luego de tres años, en agosto de 2010, fue reactivado por Cortez solicitando se dicte nueva sentencia.
"La Gobernación de Cochabamba fue notificada por el caso, y ante la desaparición del Fondo de Desarrollo Campesino, que por Ley 117, debería recibir los recursos de la ex Cordeco, pide al Juez de la causa rechazar cualquier solicitud de prescripción del préstamo", dijo.
Asimismo, reiteró que el objetivo de la Gobernación es defender los recursos del Estado, por lo que la Contraloría debe iniciar el proceso ejecutivo para que los esposos Soriano-Cortez paguen su obligación al Estado, que alcanza a medio millón de dólares, tras 17 años de intereses acumulados. (Aparece en LT digital)
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