La ciudadanía siempre ha rechazado la confrontación y desde ya, celebra que Evo Morales y Rubén Costas, los íconos de la polarización política de los últimos años, al menos se sienten uno frente al otro, sin mediadores, sin insultos ni amenazas. Sin embargo, resultaría ingenuo asegurar que se ha iniciado una etapa de diálogo para la búsqueda de entendimiento sobre los temas que han generado tantos enfrentamientos, con muertos, encarcelamientos, persecuciones y una desproporcionada guerra judicial.
El contexto en el que se han dado los dos encuentros entre Evo Morales y Rubén Costas, pueden hacer pensar en un simple artilugio mediático, destinado a mejorar la imagen del Primer Mandatario, que comenzó a deteriorarse desde mucho antes del 4 de abril, proceso que empeoró con los conflictos salariales del mayo, los extravagantes discursos, la exacerbación de su espíritu viajero y, lo más grave, resumido en dos palabras: Uncía y Caranavi.
Pero el factor que tal vez ha causado mayor impacto en el desgaste oficialista ha sido su infinita avidez por el poder, que lo ha llevado a ejercitar el autoritarismo hasta límites intolerables y a violar preceptos democráticos elementales que, sin duda alguna, han causado un fuerte desengaño en las capas medias de la ciudadanía boliviana que se inclinaron masivamente por candidatos opositores el 4 de abril. Pero ese acaparamiento no ha terminado y peor aún, tienden a perfeccionarse los mecanismos destinados a consolidar una autocracia en el país.
El lunes, antes de que Rubén Costas reciba una llamada del Ministro de la Presidencia informándole que debía recibir a Evo Morales en Santa Cruz, el gobernador estuvo quejándose de las maniobras que está ejecutando el MAS para darle un golpe a la Asamblea Legislativa Departamental y hace unos días criticó duramente las intenciones intervencionistas que existen detrás de la posesión del ex ministro Quintana en una nueva repartición pública. Mientras tanto, las incursiones abusivas e ilegales del fiscal Soza se mantienen; el Gobierno busca pisarle la cabeza a una empresa emblemática de Santa Cruz; está en vigencia la famosa “ley corta” inconstitucional que amenaza con tumbar a gobernadores y alcaldes opositores en todo el país y en el Congreso avanzan sin pausa normas que buscan limitar aún más las libertades en Bolivia y eliminar las garantías de la participación política.
No se trata de seguir atrincherados ni mucho menos. El hecho de que se reúnan, insistimos, es una gran señal, pero es imposible, en las actuales circunstancias hacer un borrón y cuenta nueva, porque todos los opositores en el país, y también Costas, por supuesto, se encuentran frente a una armadilla lista para dispararse. Ni el presidente Morales está en condiciones de ofrecer confianza porque su régimen ha sido diseñado para no dejar que nadie levante cabeza, ni Costas puede asumir una posición de representatividad de toda la oposición, porque muy cerca de él hay gobernadores y alcaldes que están con una espada de Damocles en sus espaldas. A menos que los interlocutores del presidente asuman de una vez por todas frente a la población que han dejado de ser oposición o han claudicado en la defensa de principios. De cualquier forma eso tampoco es garantía de la indulgencia oficialista.
Evo Morales no ofrece garantías de diálogo y entendimiento mientras siga en marcha su aparato que elimina las libertades políticas.
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