escalada que no tiene límites

Artículo de Marcelo Ostria para reflexionar seriamente.

Las acciones de un gobierno, en cualquier esquema de convivencia –siempre en evolución y cambio–, tiene límites, como los tiene la libertad: “Mi libertad se termina donde empieza la de los demás” (Jean Paul Sartre). Esos límites frecuentemente son frágiles, fáciles de sobrepasar para llegar a la dictadura. Del tránsito hacia la tiranía hay signos distintivos: la suma del poder en un persona o en un partido, ejercido con discrecionalidad, el desconocimiento del Estado de Derecho, el avasallamiento de las instituciones (el parlamento y la justicia son frecuentes objetivos para someter), la discriminación y, al fin, la abierta represión contra quienes no comparten el pensamiento de los que sustentan el régimen de la tiranía…
En Bolivia estamos navegando en aguas peligrosas. Muy pocos, si los hay, intentan pronosticar el futuro inmediato. Los ciudadanos están perdiendo la esperanza de vivir protegidos por la ley. Hay una escalada del autoritarismo para llegar a una franca dictadura. Los métodos, cada vez más burdos y violentos, se repiten con demasiada frecuencia. Todo para justificar un “proceso de cambio”, impulsado por un poco comprensible “marxismo-leninismo, socialista y comunista” –al decir del propio presidente de Bolivia–, con ingredientes de un indigenismo anacrónico y divisionista.
La anterior constitución política no era el marco jurídico propicio para la aventura populista. Aún con imperfecciones –obra humana, al fin– esa ley fundamental, fijaba límites legales para la acción de la autoridad pública. Estableció mecanismos de control y defensa: el tribunal constitucional y el defensor del pueblo. La justicia empezaba a funcionar independientemente, y el ministerio público ya actuaba fuera de la férula del ministerio de gobierno. Esta ley estaba diseñada para cuidar la democracia y la libertad. Por eso el Movimiento al Socialismo (MAS), empeñado en instalar su modelo excluyente, forzó la aprobación de una nueva constitución que facilitara su “proceso de cambio”.
En el nuevo texto, el MAS no pudo dejar de incluir algunos preceptos reconocidos universalmente, entre ellos la presunción de inocencia y el derecho a la defensa y al debido proceso, y la prohibición de la tortura, la vejación y la humillación a los ciudadanos, cualquiera sea su credo o afiliación política. Se consagra el respeto a la vida, aun la de asesinos y terroristas, aunque esto no signifique de modo alguno consagrar la impunidad del delito. A propósito, el delito debe ser castigado, y duramente, pero sin cometer, a su vez, crímenes de lesa humanidad.
Y vaya incordio que resultó para el oficialismo haber incluido esas garantías, ya que subyacía –ahora está claro– la intención de violarlas. Y las fue incumpliendo enseguida nomás de la aprobación de la nueva constitución del “Estado Plurinacional”.
Lo que está sucediendo no es inédito. Se está recorriendo el mismo sendero de Hugo Chávez, con nuevas leyes, inspiradas en el confuso “socialismo del Siglo XXI”, que más bien se asemeja a una consigna fascista, con permisivos procedimientos para perseguir y para usar la justicia como un instrumento de represión.
Lo que comenzó en enero de 2006, como expresión de la voluntad del pueblo, se va desdibujando. Y no se advierte pausa en esta escalada, que ya no tiene límites…