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La “nacionalizada” compañía estatal de transporte de hidrocarburos de Bolivia está pagando una onerosa factura al haber otorgado millonarias concesiones al consorcio Enron-Ashmore-Shell, que la exprimió por más de una década y la dejó con deudas millonarias. Hoy, casi todas las ganancias de la empresa se destinan al pago de las obligaciones de las petroleras extranjeras y ya no hay dinero para nuevas inversiones de mil millones de dólares que se precisan con urgencia.

El flamante presidente de la estatal YPFB – Transportes, Cyro Camacho, aseguró que se necesita con urgencia mil millones de dólares para ampliar la red de ductos.

El funcionario dijo que la empresa no cuenta con esos recursos por lo que se ve obligada a recurrir al crédito externo, acrecentando la deuda que tiene con entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Camacho le dijo al matutino El Deber que los mil millones de dólares son imprescindibles para ejecutar proyectos de ampliación de la red de ductos, que permitirán exportar mayor volumen de gas natural hacia Argentina y la expansión de toda la red de ductos en el país.

Por ahora, los recursos de la empresa están destinados a cubrir los millonarios costos que demandó la compra forzosa de acciones que estaban en manos del consorcio Enron-Ashmore-Shell, así como las abultadas obligaciones financieras, tributarias y ambientales que las petroleras dejaron impagas.

Desde septiembre del 2008, la empresa estatal está pagando en efectivo 241 millones de dólares a Enron-Ashmore-Shell por la transferencia de acciones y está empezando a cubrir parte del capital e intereses de la deuda de 286 millones de dólares que las petroleras contrataron con el BID y la CAF.

La estatal petrolera también está comenzando a honrar los tributos omitidos por las petroleras y que alcanzan a 34 millones de dólares y tiene que hacer frente, además, a las obligaciones derivadas del derrame petrolero del 2000 en el río Desaguadero que, según el ex presidente de la estatal, Gildo Angulo, demandaría otros 100 millones de dólares.

Por ello, y aunque tiene un envidiable flujo de caja con altos ingresos, las ganancias de la estatal de YPFB – Transportes se destinan al pago de deudas y ya no hay dinero suficiente para encarar las nuevas obras.

Según dijo Camacho, las obligaciones heredadas por el consorcio Enron-Ashmore-Shell y que ahora deben ser solventadas por el Estado boliviano superan los 400 millones de dólares.

La magnitud de estas millonarias concesiones otorgadas al consorcio Enron-Ashmore-Shell, –que sin invertir ni un centavo se había apoderado en los años 90 del lucrativo monopolio del transporte interno y de exportación de hidrocarburos de Bolivia–, fue ocultada hasta ahora por el gobierno del presidente Evo Morales y sólo salió a la luz por las denuncias formuladas por el ex presidente de YPFB – Transportes, Gildo Angulo, y que por ello perdió el cargo que ahora ejerce Camacho.

En los años 90, con la complicidad de los gobiernos neoliberales, la Enron, a cambio de dar “asesoramiento”, pero nada de dólares, logró tomar el 40% por ciento del gasoducto Bolivia-Brasil. Luego, en 1996, junto a la Shell, tomó la propiedad de toda la red de casi 6.000 kilómetros de ductos de Bolivia a la sola promesa de invertir algo más de 200 millones de dólares, aunque otra vez sin poner realmente ni un centavo.

Lucrando desde entonces con la red de gasoductos bolivianos y obteniendo millonarios créditos del BID y la CAF, el consorcio sacó las correas del mismo cuero y cumplió con sus inversiones, apresurándose a repartir millonarias utilidades entre sus accionistas y dejando en el piadoso olvido el pago de estas deudas financieras y los impuestos y tributos para el Estado.

A principios de la década, el ex delegado presidencial Juan Carlos Virreira cuantificó en 120 millones de dólares el daño inferido por la Enron al Estado boliviano, a lo que se sumaron otras denuncias por contrabando de hidrocarburos, evasión de tributos, falta de inversiones y conspiración política. Pese a ello, el juicio contra la Enron, iniciado por Virreira, fue dejado de lado por los gobiernos de la época, incluido el actual, al igual que las demandas de expropiación y nacionalización de las petroleras sin pagarles ninguna indemnización.

Por el contrario, el gobierno de Morales procedió a legalizar y renegociar la mayor parte de los inconstitucionales contratos petroleros, procediendo en otros casos, como fue con Transredes (Enron-Ashmore-Shell), a la compra forzada de acciones, pagando millonarias sumas como indemnización a las compañías petroleras tras intensos procesos de negociaciones.