Gobierno amenazante
A medida que crecen las críticas y las observaciones al engañoso argumento que usa el oficialismo para buscar la reelección indefinida del presidente Morales, el Gobierno se enterca en sus posturas y se vuelve amenazante, lo que podría complicar el panorama político de los próximos meses.
Recordemos que las autoridades nacionales llamaron sediciosos y desestabilizadores a los miles de ciudadanos que participaron el pasado 10 de octubre en las multitudinarias concentraciones que celebraron los 35 años de democracia en Bolivia, cuyo acicate en esta ocasión fue la defensa del voto del 21 de febrero de 2016, cuyos resultados corren el riesgo de ser desconocidos, tal como sucedió antes de 1982, cuando las fuerzas dictatoriales que controlaban el país se negaban a aceptar los comicios que dieron como ganador al primer presidente de la era democrática, Hernán Siles Zuazo.
Los responsables de seguridad del Estado se aseguraron de hacer conocer a la población que las concentraciones del pasado martes estuvieron bajo vigilancia de los servicios de inteligencia de la Policía, algo que podría ser considerado como un asunto de rutina, pero que en este contexto representa una actitud de afronte que busca intimidar a la gente que voluntariamente sale a las calles a exigir el respeto a su voluntad o que lo manifiesta libremente a través de las redes sociales, el más genuino instrumento de expresión de los últimos tiempos.
Representantes del Estado boliviano acudieron hace unos días ante la sede de la OEA con el objetivo de exponer los argumentos que respaldan el pedido realizado al Tribunal Constitucional. Si asumen esa actitud es porque supuestamente existe la voluntad de abrir el diálogo, realizar las consultas necesarias y defender de una manera civilizada lo que se considera justo y coherente. En ese sentido, conviene que las autoridades acepten la invitación del organismo multilateral de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir una opinión independiente y altamente calificada, pero en ningún caso corresponde retrucar con insultos como los que se espetan todos los días contra el titular del organismo Luis Almagro, pues de esa manera se entiende que el Gobierno nacional sólo busca atrincherarse en sus posturas y aislarse del contexto democrático latinoamericano.
El más reciente frente de confrontación lo ha desatado el Gobierno contra la Iglesia Católica, donde se produjeron voces de alerta sobre el peligro de caer en dictadura y se exigió el respeto a la expresión del soberano por medio del voto libre. La respuesta ha sido virulenta y llena de descalificativos hacia quienes tienen una larga trayectoria en la defensa del sistema democrático, en la observación de los abusos del poder cometidos durante todos los periodos políticos vividos en el país, incluyendo las dictaduras militares y la lucha por los derechos de las clases populares, que siempre son las más perjudicadas cuando la política toma el lado equivocado.
Los responsables de seguridad del Estado se aseguraron de hacer conocer a la población que las concentraciones del pasado martes estuvieron bajo vigilancia de los servicios de inteligencia de la Policía.
Recordemos que las autoridades nacionales llamaron sediciosos y desestabilizadores a los miles de ciudadanos que participaron el pasado 10 de octubre en las multitudinarias concentraciones que celebraron los 35 años de democracia en Bolivia, cuyo acicate en esta ocasión fue la defensa del voto del 21 de febrero de 2016, cuyos resultados corren el riesgo de ser desconocidos, tal como sucedió antes de 1982, cuando las fuerzas dictatoriales que controlaban el país se negaban a aceptar los comicios que dieron como ganador al primer presidente de la era democrática, Hernán Siles Zuazo.
Los responsables de seguridad del Estado se aseguraron de hacer conocer a la población que las concentraciones del pasado martes estuvieron bajo vigilancia de los servicios de inteligencia de la Policía, algo que podría ser considerado como un asunto de rutina, pero que en este contexto representa una actitud de afronte que busca intimidar a la gente que voluntariamente sale a las calles a exigir el respeto a su voluntad o que lo manifiesta libremente a través de las redes sociales, el más genuino instrumento de expresión de los últimos tiempos.
Representantes del Estado boliviano acudieron hace unos días ante la sede de la OEA con el objetivo de exponer los argumentos que respaldan el pedido realizado al Tribunal Constitucional. Si asumen esa actitud es porque supuestamente existe la voluntad de abrir el diálogo, realizar las consultas necesarias y defender de una manera civilizada lo que se considera justo y coherente. En ese sentido, conviene que las autoridades acepten la invitación del organismo multilateral de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir una opinión independiente y altamente calificada, pero en ningún caso corresponde retrucar con insultos como los que se espetan todos los días contra el titular del organismo Luis Almagro, pues de esa manera se entiende que el Gobierno nacional sólo busca atrincherarse en sus posturas y aislarse del contexto democrático latinoamericano.
El más reciente frente de confrontación lo ha desatado el Gobierno contra la Iglesia Católica, donde se produjeron voces de alerta sobre el peligro de caer en dictadura y se exigió el respeto a la expresión del soberano por medio del voto libre. La respuesta ha sido virulenta y llena de descalificativos hacia quienes tienen una larga trayectoria en la defensa del sistema democrático, en la observación de los abusos del poder cometidos durante todos los periodos políticos vividos en el país, incluyendo las dictaduras militares y la lucha por los derechos de las clases populares, que siempre son las más perjudicadas cuando la política toma el lado equivocado.
Los responsables de seguridad del Estado se aseguraron de hacer conocer a la población que las concentraciones del pasado martes estuvieron bajo vigilancia de los servicios de inteligencia de la Policía.
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