10 de octubre, Bolivia dijo ¡No!
Las plazas de las ciudades de Bolivia se llenaron de protesta, indignación y esperanza contra el riesgo de erosión democrática. No hubo listas de control ni se repartieron fichas de asistencia a las tres generaciones: anteriores a la dictadura, víctimas de la dictadura y juventud nacida en la democracia.
La campaña mediática del Gobierno, el bloqueo de caminos en el norte de Santa Cruz y otras acciones mezquinas no pudo impedir masivas concentraciones populares. El Gobierno agredió, de forma innecesaria, al pueblo boliviano. El ministro de la Presidencia redujo la protesta democrática a “una simple legalidad formal” y, según su criterio, solo el MAS protagonizaría el “gran momento de gran profundización de la democracia”. El exviceministro del Interior Gustavo Torrico dijo que eran concentraciones de empleados de municipios y gobernaciones, resultado del uso abusivo de libertades.
La ministra de Comunicación acusó a quienes defienden el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 como defensores de la mentira. Incluso, el presidente Evo Morales dijo que la derecha había viabilizado a las dictaduras. Mayor confusión y torpeza, inconcebible.
Nuestros gobernantes, incapaces de mostrar principios, valores y conducta democráticas, no pueden ocultar su impostura democrática. No hubo desviacionismo, tropiezo o involución sino impostura política. Ausencia de cultura democrática. Mandatarios nacidos en la cuna del sindicalismo autoritario, en las trincheras de la lucha armada contra un Gobierno elegido democráticamente, en el dogmatismo de una izquierda leninista y jacobina que oculta sus fusiles y metralletas y recurre, de forma instrumental, a las urnas y los votos. Cambian de método pero no de objetivos: el estatismo de la propiedad y la dictadura en nombre del proletariado.
Pombo, (el guerrillero cubano Harry Villegas) fue muy claro en Vallegrande: “Ahora las revoluciones no tienen por qué ser a través de balas, sino con urnas”. Es decir, los revolucionarios, ante el fracaso de la lucha armada, ocultan sus armas e instrumentalizan el voto ciudadano. Tras las huellas del líder bolchevique repiten: si la ley conviene, úsala, si no, pisotéala.
El 10 de octubre significa, igual que el 21de febrero de 2016, la ratificación de la afiliación democrática del pueblo boliviano, el rechazo a la reelección indefinida, la condena de las argucias del MAS presentadas en su demanda de no aplicabilidad de algunos artículos de la Constitución Política del Estado (CPE)
En la Organización de Estados Americanos (OEA), quedó establecida la inexistencia de algún artículo que reconozca la reelección indefinida. En el caso de Efraín Ríos Mont, dictador guatemalteco, el fallo del tribunal interamericano reconoció la facultad de los estados para limitar las condiciones de participación electoral. Por tanto, alegar alguna infracción a un supuesto derecho humano es actuar de mala fe.
El 10 de octubre significa la condena a la geométrica corrupción. Igual que la gota sobre una roca, las denuncias de irregulares manejos de las instituciones públicas erosionaron la moral política y de gestión pública. El último ‘puchichi’ fue el desfalco ocurrido en el estatal Banco Unión.
Finalmente, el 10 de octubre es un anuncio al voto nulo del 3 de diciembre: ¡No pasarán los jueces y magistrados del Gobierno! Como en 2011, la mayoría del pueblo boliviano anticipó su indignación sobre el progresivo entierro de la administración de la justicia.
Una pregunta aguda a la ministra de Comunicación. “¿Usted, ministra, cree que hoy el resultado sería diferente al 21 de febrero de 2016?”, logró una respuesta, nerviosa y con voz temblorosa: “Eso es una hipótesis”.
La campaña mediática del Gobierno, el bloqueo de caminos en el norte de Santa Cruz y otras acciones mezquinas no pudo impedir masivas concentraciones populares. El Gobierno agredió, de forma innecesaria, al pueblo boliviano. El ministro de la Presidencia redujo la protesta democrática a “una simple legalidad formal” y, según su criterio, solo el MAS protagonizaría el “gran momento de gran profundización de la democracia”. El exviceministro del Interior Gustavo Torrico dijo que eran concentraciones de empleados de municipios y gobernaciones, resultado del uso abusivo de libertades.
La ministra de Comunicación acusó a quienes defienden el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 como defensores de la mentira. Incluso, el presidente Evo Morales dijo que la derecha había viabilizado a las dictaduras. Mayor confusión y torpeza, inconcebible.
Nuestros gobernantes, incapaces de mostrar principios, valores y conducta democráticas, no pueden ocultar su impostura democrática. No hubo desviacionismo, tropiezo o involución sino impostura política. Ausencia de cultura democrática. Mandatarios nacidos en la cuna del sindicalismo autoritario, en las trincheras de la lucha armada contra un Gobierno elegido democráticamente, en el dogmatismo de una izquierda leninista y jacobina que oculta sus fusiles y metralletas y recurre, de forma instrumental, a las urnas y los votos. Cambian de método pero no de objetivos: el estatismo de la propiedad y la dictadura en nombre del proletariado.
Pombo, (el guerrillero cubano Harry Villegas) fue muy claro en Vallegrande: “Ahora las revoluciones no tienen por qué ser a través de balas, sino con urnas”. Es decir, los revolucionarios, ante el fracaso de la lucha armada, ocultan sus armas e instrumentalizan el voto ciudadano. Tras las huellas del líder bolchevique repiten: si la ley conviene, úsala, si no, pisotéala.
El 10 de octubre significa, igual que el 21de febrero de 2016, la ratificación de la afiliación democrática del pueblo boliviano, el rechazo a la reelección indefinida, la condena de las argucias del MAS presentadas en su demanda de no aplicabilidad de algunos artículos de la Constitución Política del Estado (CPE)
En la Organización de Estados Americanos (OEA), quedó establecida la inexistencia de algún artículo que reconozca la reelección indefinida. En el caso de Efraín Ríos Mont, dictador guatemalteco, el fallo del tribunal interamericano reconoció la facultad de los estados para limitar las condiciones de participación electoral. Por tanto, alegar alguna infracción a un supuesto derecho humano es actuar de mala fe.
El 10 de octubre significa la condena a la geométrica corrupción. Igual que la gota sobre una roca, las denuncias de irregulares manejos de las instituciones públicas erosionaron la moral política y de gestión pública. El último ‘puchichi’ fue el desfalco ocurrido en el estatal Banco Unión.
Finalmente, el 10 de octubre es un anuncio al voto nulo del 3 de diciembre: ¡No pasarán los jueces y magistrados del Gobierno! Como en 2011, la mayoría del pueblo boliviano anticipó su indignación sobre el progresivo entierro de la administración de la justicia.
Una pregunta aguda a la ministra de Comunicación. “¿Usted, ministra, cree que hoy el resultado sería diferente al 21 de febrero de 2016?”, logró una respuesta, nerviosa y con voz temblorosa: “Eso es una hipótesis”.
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