Cuesta escribir sobre lo ocurrido con el vuelo de LaMia; es casi imposible no pensar en las personas que dejaron la vida en “Cerro Gordo” cuando iban a disputar un partido de fútbol y no referirse a ellas ni a lo ocurrido en el vuelo. Voy a abstenerme, porque pienso que en este momento es necesario analizar lo que pasó, desde mucho antes, en tierra, en nuestro país, donde las cosas no están claras.
Hace un par de días el Ministro de OOPP aseguró que se cambiará al personal ejecutivo de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) y de Aasana. A decir verdad, me parece bien que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del sector asuma responsabilidades que logren desandar el camino y se nos diga cómo se llegó a esto, porque se nos ha informado que LaMia incumplió “disposiciones de la Ley 2902” referidas a sus obligaciones como portador de servicios aéreos y a no reunir los requisitos legales que dieron origen a la concesión o autorización del permiso” (argumentos de la DGAC al suspender permisos de LaMia), pero, debemos conocer desde cuándo no reúne esos requisitos y cómo se obtuvo la primera licencia. De paso, cómo es que LaMia llegó a ser operador en Bolivia.
LaMia, hasta el día de la desgracia, tenía licencia indefinida. La certificación de explotador de servicios aéreos es de carácter indefinido; lo que avala ese certificado es el permiso de operabilidad y eso se lo logra cada año a través de auditorías. Reitero, sería bueno saber si previo a la licencia suspendida por la DGAC efectivamente se cumplió a cabalidad con los requisitos y si estos son claros (no encontré el reglamento para charters en la DGAC) y si las auditorías se hacen como corresponde; no sea que haya sucedido como lo de Aasana, donde se obviaron los requisitos de “combustible extra” para contingencias (nos alcanza bien, así volamos, lo hacemos en menos tiempo… es así nomás, dijo el auxiliar de vuelo), de acuerdo al informe de Celia Castedo, quien se molestó porque “los despachadores no toman en cuenta las observaciones”.
Aasana comunicó que no dirá nada “por órdenes superiores”; al contrario, sus directivos aseguran no haber entregado documentación a nadie y dicen que lo que circula “por ahí”, no es documentación oficial (¿hasta que se pruebe que si?) y que esté en manos del periodismo es producto de probables entregas de “malos funcionarios” y eso lleva a concluir que en Aasana tienen la idea de que el buen funcionario es el que mete la tierra debajo de la alfombra o, lo que es peor, el que echa la tierra que ayude a enterrar los cadáveres de la desgracia mientras “los responsables se salvan” y la aeronavegación comercial boliviana y sus muy malos sistemas de control también.
El autor es periodista.
Hace un par de días el Ministro de OOPP aseguró que se cambiará al personal ejecutivo de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) y de Aasana. A decir verdad, me parece bien que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del sector asuma responsabilidades que logren desandar el camino y se nos diga cómo se llegó a esto, porque se nos ha informado que LaMia incumplió “disposiciones de la Ley 2902” referidas a sus obligaciones como portador de servicios aéreos y a no reunir los requisitos legales que dieron origen a la concesión o autorización del permiso” (argumentos de la DGAC al suspender permisos de LaMia), pero, debemos conocer desde cuándo no reúne esos requisitos y cómo se obtuvo la primera licencia. De paso, cómo es que LaMia llegó a ser operador en Bolivia.
LaMia, hasta el día de la desgracia, tenía licencia indefinida. La certificación de explotador de servicios aéreos es de carácter indefinido; lo que avala ese certificado es el permiso de operabilidad y eso se lo logra cada año a través de auditorías. Reitero, sería bueno saber si previo a la licencia suspendida por la DGAC efectivamente se cumplió a cabalidad con los requisitos y si estos son claros (no encontré el reglamento para charters en la DGAC) y si las auditorías se hacen como corresponde; no sea que haya sucedido como lo de Aasana, donde se obviaron los requisitos de “combustible extra” para contingencias (nos alcanza bien, así volamos, lo hacemos en menos tiempo… es así nomás, dijo el auxiliar de vuelo), de acuerdo al informe de Celia Castedo, quien se molestó porque “los despachadores no toman en cuenta las observaciones”.
Aasana comunicó que no dirá nada “por órdenes superiores”; al contrario, sus directivos aseguran no haber entregado documentación a nadie y dicen que lo que circula “por ahí”, no es documentación oficial (¿hasta que se pruebe que si?) y que esté en manos del periodismo es producto de probables entregas de “malos funcionarios” y eso lleva a concluir que en Aasana tienen la idea de que el buen funcionario es el que mete la tierra debajo de la alfombra o, lo que es peor, el que echa la tierra que ayude a enterrar los cadáveres de la desgracia mientras “los responsables se salvan” y la aeronavegación comercial boliviana y sus muy malos sistemas de control también.
El autor es periodista.
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