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jueves, 12 de junio de 2014

Recurso Directo de Nulidad contra Evo por transferencia de dinero para la "cumbre G77" al tratarse de usurpación de funciones. Rebeca Delgado desde Sucre.

La diputada Rebeca Delgado, este jueves en Sucre, interpuso un Recurso Directo de Nulidad contra el Decreto Supremo que autoriza la transferencia de recursos económicos para la organización y realización de la Cumbre G77+China en Santa Cruz, dicho recurso derivaría en responsabilidades penales por usurpación de funciones del Órgano Ejecutivo.



“He presentado como diputada nacional, un recurso directo de nulidad contra el Decreto Supremo 1910, el recurso es contra el presidente Evo Morales por usurpación de funciones; él ha determinado mediante un Decreto la transferencia de más de 49 millones para la Cumbre G77, esta es una atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional, esto no estaba previsto en el Presupuesto General de la Nación y para cualquier modificación tiene que haber una autorización de la ley”, afirmo Delgado.

La asambleísta además solicito la Excusa de tres Magistrados del TCP, por haber demostrado que tienen parcialidad con el Órgano Ejecutivo, dichos magistrados serian el magistrado Ruddy José Flores Monterrey, la magistrada Neldy Virginia Andrade, y el magistrado Efrén Choque Capuma, lo que implicaría que estos magistrados no tendrían que participar de dicho caso, por carecer de criterios imparciales.

Asimismo dijo que espera que el Tribunal Constitucional resuelva conforme a la Ley, para que se respete el dinero de todos los bolivianos, aclaro que no está haciendo ninguna valoración respecto a la Cumbre G77, a pesar de no tener carácter vinculatorio.

Estaría presentando también Peticiones de Informe Escrito al Ministro de Relaciones Exteriores y de Economía para saber exactamente cuánto dinero se estaría gastando, bajo que partidas y normativa legal.

Según Delgado el decreto debería anularse y el Órgano Ejecutivo tiene que rectificar sus acciones, de lo contrario ameritarían responsabilidades.

“No hay justificación ni disposición legal que le autorice (al ejecutivo), es una disposición arbitraria del dinero de todos los bolivianos y eso amerita responsabilidades, no solamente penales sino civiles, ya que están disponiendo gastos de pasajes, viáticos y alimentación de personas que no son servidores públicos, el Tribunal Constitucional debe hacer respetar el dinero del pueblo boliviano (…), tiene que haber una autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (para transferencia de recursos), de lo contrario significa delitos, de usurpación de funciones, de malversación de fondos, va implicar responsabilidades para el Órgano Ejecutivo, para todos sus ministros”, finalizo.