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miércoles, 21 de mayo de 2014

diputados ratifican denuncia
como siempre García Linera miente
otros detalles del ilícito cometido por sus parientes
Los parientes del vicepresidente Álvaro García Linera violaron la Constitución Política del Estado (CPE) al comprar una concesión minera el año 2007 contrariando la sentencia constitucional 003832/2006 que prohíbe cualquier compra, enajenación o arrendamiento, ratificaron hoy el jefe de la bancada de Diputados de Convergencia Nacional (CN), Alex Orozco, y sus colegas Luis Felipe Dorado, Moisés Shiriqui y Juan Carlos Becerra. “A la hora de responder sobre temas de corrupción con los cuales es vinculada su familia, Linera miente como siempre”, añadió Orozco.

“En el caso Ormachea se negó a ser investigado y se declaró inocente. En el caso Catering de Boa dijo que era una adjudicación legal pero no ética” Sobre la compra ilegal de una concesión minera de 7.500 hectáreas, descalifica el trabajo de fiscalización de los legisladores”, citó Orozco.
“Y sigue mintiendo y tomando a la población por tonta o desmemoriada señalando que fue encarcelado por escribir libros y por sus ideas, cuando fue preso por integrar un grupo terrorista que le robó más de medio millón de dólares a la universidad de Cochabamba”, recordó el jefe de bancada de CN.
Orozco cuestionó al vicepresidente porque éste advierte al país que habrá más denuncias contra su persona y sus familiares, “¿Hay cola de paja? ¿Más negociados? ¿Qué más sabe Linera que no sabemos los bolivianos?”, dijo al fustigar que Linera considere que existen delitos “chicos” y delitos “grandes”.

Denuncia corroborada

“Sergio Velasco García a través de un documento, primero confirma que es sobrino del vicepresidente Álvaro García Linera y luego admite que el 7 de diciembre de 2007 se le compró al señor José Ángel Andia Boza a la empresa La Millonaria, entonces esa operación está corroborada”, señaló Orozco.
El Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) a través de una solicitada de prensa publicada hoy y pagada por el Ministerio de Comunicación, niega que dos sobrinos y un primo del vicepresidente Linera sigan siendo dueños de la citada concesión minera y señala que la propiedad es de la empresa Montecarlo S.A. Sucursal Bolivia, transacción que habría ocurrido en 2010.
Sin embargo, el diputado Dorado exhibió un certificado de Fundempresa que certificó hace un mes que los dueños de esa concesión minera es la empresa La Millonaria de los parientes de García Linera, lo que también es corroborado por otro documento expedido por Derechos Reales que hace referencia a la inscripción de la venta de la concesión.
Para los diputados de oposición además del delito de uso de influencias se habría cometido una compra fraudulenta porque se contraría una sentencia constitucional emitida el 2006.
“Hay documentos fehacientes y originales, el delito está consumado y tiene que procesarse”, indicó Dorado.
“Ahora Sergeotecmin dice que no son los dueños, inclusive hubo un aumento de capital y ello está documentado. Aquí algo está mal o alguien informa deficientemente: Derechos Reales o la Ministra de Comunicación y Sergeotecmin”, complementó Dorado.
Respecto a Montecarlo S.A. Sucursal Bolivia, ambos legisladores indicaron que investigarán la identidad de los dueños de esa empresa y si tuvieran algún tipo de relación o parentesco con los García Linera.
Orozco criticó que la Ministra de Comunicación, Amanda Dávila disponga recursos del erario nacional para pagar una solicitada en defensa de los parientes del vicepresidente, destinando recursos públicos para aclarar problemas que atingen a particulares, “la ministra de la Mentira dispone, usa y abusa de recursos del Estado para defender causas denunciadas con documentación”, indicó.
En el caso de uno de los sobrinos de García Linera, llama la atención que hace siete años esa persona recién tuviera 23 años de edad y ya tuviera la solvencia financiera para invertir en el rubro minero, cuando el vicepresidente señala que su familia no tiene recursos y que tampoco buscan beneficiarse del Estado.
La denuncia respectiva, acompañada de la documentación será remitida al Fiscal General de la Nación, a la Ministra de Transparencia Nardi Suxo y a la comisión de Minería de la Cámara de Diputados.

Debate público

Respecto al desafío hecho por el vicepresidente a un debate público, dirigido a los parlamentarios denunciantes, el diputado Luis Felipe Dorado respondió “que ponga fecha y hora, así la ciudadanía podrá conocer mejor sobre los problemas de corrupción y narcotráfico que envuelven al gobierno”.