Páginas vistas en total

lunes, 7 de abril de 2014

"se ha llegado al cinismo. no les importa la justicia ni la ley" afirmó Arturo Murillo que demandó al Vice García por tráfico de influencias. "la Famila Real se está beneficiando de las cosas del Estado" aludiendo al clan García Linera metido en negociados y manipulación de empresas estatales

CECILIA DORADO N. - cdorado@eldeber.com.bo
A más de 10 días de que el vicepresidente Álvaro García Linera ordenó la rescisión del contrato entre BoA y la empresa Air Catering, esta última sigue dando el servicio a la aerolínea estatal y asegura que lo seguirá haciendo mientras no haya un proceso legal que diga lo contrario.
Así de claro fue el abogado de la empresa Air Catering, Luis Butikoffer Requena, en una entrevista exclusiva con EL DEBER en Cochabamba, después que saliera a la luz pública que una de las socias de la empresa es Silvana del Castillo Tejada, cuñada del vicepresidente.
El dilema se originó en la denuncia que hizo el vocero de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, quien dejó al descubierto la relación, provocando una conferencia de prensa del vicepresidente en la que dijo que el contrato es legal, pero que no condice con su compromiso ético, por lo que ordenó su rescisión.
Según Butikoffer, Air Catering es una empresa de responsabilidad limitada que nació en febrero de 2013 con el propósito específico de dar servicio de catering a aviones y está compuesta por Silvana del Castillo y Olga Osorio. Ese mismo año firmó su primer contrato con la aerolínea privada EcoJet y en enero de 2014 entró en vigencia el contrato que firmó con la estatal BoA y que fenece en diciembre de este año, por Bs 18 millones. 

No hay notificación
El abogado informó de que hasta el viernes la empresa no había recibido ninguna notificación de BoA para cortar el servicio y tampoco existe ningún obstáculo legal para que continúe trabajando, porque se ha cumplido con todos los pasos que están normados por el decreto supremo 181 sobre contrataciones directas de bienes y servicios del Estado y porque de las 10 causales de rescisión, ninguna se refiere al hecho de que ser ‘cuñada’ del vicepresidente es un impedimento.
Sobre el tema del parentesco, el artículo 43, inciso f, del decreto señala como causales de rescisión: “Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o parentesco con la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establece el Código de Familia”. Las otras causales se refieren a deudas pendientes con el Estado y sentencias ejecutoriadas.
A partir de ahí, Butikoffer explica que como la MAE es BoA y no la Vicepresidencia de la República, no existe ninguna vulneración de la norma. “Otra cosa fuese si estuviera prestando servicio a la Vicepresidencia, porque ahí habría una relación directa”, argumenta.
Al margen de ese decreto, la empresa se ampara en una normativa interna aprobada por el directorio de BoA y en un informe legal de la aerolínea que, aunque el abogado dice no conocer, cree que en el momento de la adjudicación esclareció el tema de la relación familiar. 
“Cuando se rompe un contrato sin una causal que esté estipulada, necesariamente se tiene que reconocer los perjuicios y daños. Yo creo que el costo sería muy grande y fuerte para el Estado”, advierte el jurista.
Un decreto abre puertas
Mediante un correo del 2 de abril, la aerolínea estatal BoA argumenta que el contrato con Air Catering se basa en el decreto 181, pero también en el decreto 1497 que modificó el artículo 83 del primero y que establece que las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE) “deberán realizar todos sus procesos de contratación de bienes y servicios de manera directa”. Este decreto fue aprobado hace poco más de un año, el 20 de febrero de 2013, y no fija ningún límite de cuantía, por lo que la invitación directa se puede hacer por cualquier monto.
Contrariamente, el decreto 181, en su artículo modificado, exigía que todo contrato superior a Bs 1 millón debía ser hecho por licitación pública.
Más allá del caso de Air Catering, el abogado José María Cabrera, especialista en Derecho Constitucional, considera que la modificación de este artículo es “una barbaridad”. “¿Por qué las alcaldías y gobernaciones están obligadas a licitar, mientras que a las empresas públicas se las ha liberado de la licitación?, no hay justificativos. Así como es urgente construir un canal de drenaje, es urgente contratar un catering. Hasta las empresas privadas licitan. Este decreto es una puerta abierta a la corrupción. La licitación pública es la modalidad por excelencia que garantiza transparencia en las contrataciones”, dice. 
Según el decreto, se eliminó la licitación en las empresas públicas para lograr mayor ‘eficiencia’ en las contrataciones del Estado. Sin embargo, Cabrera cree que “so pretexto de eficiencia se hace a las entidades públicas más proclives a caer en hechos de corrupción, porque no hay control preventivo, solo posterior, cuando el contrato ya está firmado”.
El abogado también aclara que en el derecho boliviano “no existe una causal de rompimiento de contrato por simple orden de una autoridad. Si una entidad o empresa pública rescinde un contrato sin una causa legal, genera responsabilidades a favor de la empresa contratista”.
EL DEBER visitó las oficinas de BoA en Cochabamba, conversó tres veces con Fabiana del Castillo, asistente de la gerencia, pero no se pudo obtener una entrevista con el gerente general Ronald Casso. Del Castillo es hermana de la cuñada del vicepresidente y socia de Air Catering, Silvana del Castillo. Fabiana aseguró que la aerolínea contestaría de inmediato por escrito; pero Casso dijo que lo haría en días posteriores.
La Contraloría ¿fiscaliza?
El abogado Butikoffer considera que la Contraloría General tendría que hacer una auditoría al proceso de adjudicación y al contrato mismo, para determinar si hay causales de rescisión o no. “Con seguridad la Contraloría va a interpretar el tema del parentesco consanguíneo y de afinidad”, argumenta.
Sin embargo, el subcontralor general, Henry Ara, ya adelantó a un medio de comunicación que el caso ya está en el Ministerio Público y que la Contraloría no tiene competencia 
CRONOLOGÍA
La denuncia provoca remezón
El miércoles 26 de marzo de este año, el vocero de UN, Arturo Murillo, denuncia que la cuñada del vicepresidente firmó un contrato con la aerolínea BoA.
El ‘VICE’ reconoceEse mismo día, el vicepresidente Álvaro García Linera admite que Silvana del Castillo es su cuñada, que existe el contrato y  pide que se rescinda.
La iglesia se declara perplejaEl jueves 27, la Iglesia católica se declara ‘perpleja’ por los casos de corrupción y extorsión revelados recientemente, y que desmoronan las esperanzas de los bolivianos.
Evo Morales respalda al ‘VICE’
El 28 el presidente dio su apoyo a Álvaro García Linera aduciendo que quieren enfrentarlos. 
Análisis
Queda claro que no son reserva moral
Carlos Cordero  - Analista Político
El vicepresidente Álvaro García Linera ha dicho o le han hecho decir lo que correspondía: que en el caso del contrato de BoA no existe un delito. Que no sea ético es otra cosa y que exista tráfico de influencias es algo que hay que probar. Lo cierto es que la imagen del presidente y del vicepresidente ha quedado muy deteriorada por este tema. 
 Ahora, que esto tenga efectos jurídicos en los que haya responsabilidades, no va a haber, porque ya se han hecho denuncias hace mucho tiempo de que existe subordinación de la justicia a la política. 
Seguramente las autoridades de BoA van a rescindir el contrato cuando estén en condiciones de recibir otro tipo de servicio, pero no habrá responsables.
El efecto político de todo esto es la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía. Las autoridades que tenemos se han autodenominado como la reserva moral de este país e hicieron ver que la política, antes de que llegue Evo al poder, era el basurero de la historia. Pero ahora con estos casos de BoA, Ormachea, Sanabria y la red de extorsión,queda claro que no son la reserva moral 
“Para la Fiscalía es un caso más”
 El fiscal de distrito de Cochabamba, Freddy Torrico, declaró a este diario que la demanda presentada por el vocero de UN, Arturo Murillo, contra el autor o los autores del contrato entre BoA y Air Catering “es una demanda más, entonces tiene que tener su procedimiento por lo que la denuncia pasa a la unidad de análisis para su valoración”. Según el fiscal, que no dio mayores explicaciones, ya se emitió un requerimiento y serán las partes las que se apersonen para su notificación. 
Entretanto, Murillo considera que en el país se ha llegado “al límite del cinismo en el Gobierno, ahora se les mete la mano de frente y no les importa la justicia ni la ley. Pero estamos haciendo la persecución legal a todos los involucrados y vamos a seguir denunciando los vínculos que existen”.
“No es posible que todos tengamos que estar viendo que la familia real, la familia del vicepresidente, se beneficie con la cosa del Estado”, lamenta, apelando a la Fiscalía para que identifique a los culpables del contrato.
Murillo anuncia que este lunes dará a conocer nuevos pasos legales sobre el tema.