Carlos Sánchez Berzaín

se refiere al doble aguinaldo y a

la destrucción de todo el aparato judicial

en un emprendimiento contra los empresarios

Durante todo el gobierno de Morales se ha procedido sostenida y sistemáticamente al desmantelamiento de la institucionalidad democrática de la República de Bolivia

Desde octubre de 2003 se produjo en Bolivia un proceso que ha llevado al país a que hoy ya no sea una democracia. Es simplemente parte de las “dictaduras del siglo XXI”, donde un dirigente cocalero ha concentrado el poder total para perpetuarse en el gobierno, haciendo de la justicia un brazo opresor, criminalizando la política y judicializando la represión. La libertad de prensa no es ni una fracción de la que había el 2003. Existen más presos, exiliados y perseguidos políticos que en cualquiera de las dictaduras militares del siglo pasado. La corrupción está institucionalizada desde el gobierno. La denominación de “narcoestado” es reiterada en el exterior. Rige como constitución un “reglamento de la dictadura” para aparentar legalidad y democracia. Han liquidado la República y en su lugar imponen un “estado plurinacional” dividiendo y confrontando a la nación boliviana.

En ese medio político y social la economía se muestra aún exitosa, gracias a la siembra realizada en tiempos de democracia, al boom de los precios internacionales de los minerales y materias primas, y al flujo de recursos que produce el narcotráfico alentado por el incremento de los cultivos de coca bajo el liderazgo de Evo Morales, hoy presidente del estado plurinacional. Evo Morales ha declarado a la coca en su constitución del estado plurinacional como “patrimonio cultural, recurso natural renovable y factor de cohesión social” (Art. 384).

Durante todo el gobierno de Morales se ha procedido sostenida y sistemáticamente al desmantelamiento de la institucionalidad democrática de la República de Bolivia, siguiendo la hoja de ruta diseñada por el castrismo y aplicada en Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Pero en ese mismo tiempo los “negocios han funcionado bien”, los empresarios han ganado dinero, y esta situación los llevó a creer que independientemente de lo que pudiera estar pasando en la política, con o entre los políticos, ellos –los empresarios- podían mantener sus empresas y patrimonio. En la primera etapa del socialismo del siglo XXI en Bolivia les hicieron creer que respetarían la propiedad privada, la libre empresa y la iniciativa. Abusos, persecuciones y confiscaciones a algunos importantes empresarios, fueron atribuidas a la politización de las víctimas y el empresariado se creyó la consigna oficialista de que “si haces empresa y no te metes en política todo estará bien”.

Lo que el bien lubricado optimismo empresarial no entendió es que mientras ellos tenían buenas utilidades y soslayaban la realidad nacional, el gobierno terminaba con la libertad, con la independencia de los poderes del estado, controlaba el sistema de justicia y lo instituía como instrumento de represión, terminaba con la regulación independiente, limitaba la libertad de prensa, acallaba a los opositores, líderes cívicos y sociales encarcelándolos o forzándolos al exilio, se apoderaba de medios de comunicación, en suma destrozaba la institucionalidad democrática para sustituirla por un sistema centralista, estatista y totalitario.

Ahora, el socialismo del siglo XXI con Evo Morales como su ejecutor, da la señal que les toca a los empresarios (sin importar su capital ni tamaño). Para eso ha decretado el pago de “doble aguinaldo”, o dos sueldos mensuales extras en lugar de uno por las fiestas de fin de año, destinado a descapitalizar a los pequeños y medianos, y ablandar a los grandes empresarios. Esta es solo la medida más notoria o dolorosa de momento, ya que el conjunto de leyes y disposiciones destinadas a buscar la quiebra y la liquidación de la empresa privada están en marcha y en ejecución. Cuando los empresarios quieran defenderse no encontrarán ni libertad de prensa, ni justicia, ni oposición, ni regulación, ni institucionalidad que proteja sus legítimos derechos… La liberad y el sistema de garantías fueron liquidados mientras ellos pensaban que nunca les tocaría, que con un poco de billete todo se podría arreglar.

¿Será que como decía Lenin, vendieron a la dictadura la soga con la que los van a ahorcar? ¿Seguirán el camino que vemos hoy en Venezuela? ¿Ahora les toca a los empresarios? ¿Y después de ellos… qué… o a quién?

*Director del Interamerican Institute for Democracy

Diario Las Américas – Estados Unidos