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viernes, 27 de enero de 2012

es sin duda noticia grande. condenado a 12 años el segundo hombre del MAS y 9 de sus cómplices incluyendo su ex-esposa y ex-cuñados. OPINION le dedica una crónica extensa.


El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz determinó este jueves condenar a 12 años de cárcel al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez por los delitos de asociación delictuosa, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y cohecho pasivo.

El juez explicó que, en el juicio, se constataron pruebas suficientes de responsabilidad penal, por lo que Ramírez fue condenando a 12 años de presidio, que debe cumplir en el penal de San Pedro de La Paz, además del pago por el daño económico ocasionado al Estado y costas por el juicio.

En este caso se dictó sentencia para Ramirez y 11 acusados en el caso YPFB Catler-Uniservice, que supone uno de los juicios de corrupción más grandes de Bolivia y que se destapó tras el atraco y asesinato del empresario Jorge O’Connor representante de Catler, cuando éste transportaba 450.000 dólares, supuestamente para una “coima” por la firma del contrato de YPFB por un monto de 86.000.000 de dólares para la contrucción de la planta separadora de líquidos del gas natural en Río Grande.

“Se dicta sentencia condenatoria contra Santos Ramírez Valverde declarándolo autor de los delitos por existir pruebas suficientes sobre la responsabilidad de los acusados. Condenado a cumplir la pena privativa de libertad de 12 años de presidio que deberá cumplir en el centro penitenciario de la ciudad de La Paz”, dijo el juez al momento de leer la sentencia.

Por su parte Ramírez, notoriamente enfadado, calificó la determinación judicial de “política” y garantizó que en el menor tiempo posible apelará la determinación.

“Es una sentencia política, lamentablemente el tribunal ha actuado bajo la presión del Ministerio de Gobierno, ha estado (el director de Régimen Interior) Boris Villegas. Es una presión definitivamente, ¿qué hace acá? es una audiencia de carácter penal donde nada tiene que ver el Ministerio de Gobierno”, expresó el expresidente de YPFB.

El miércoles, todavía a la espera de una sentencia absolutoria Ramírez afirmaba: “Yo estoy tres años detenido sólo por haber soñado patria, por haber querido a mi país. Tal vez me he equivocado por querer dar los pasos rápidamente o políticamente, no pensé que la política era tan ingrata. Yo voy a confiar en la justicia porque creo en mi país".

Este jueves en la tarde, la sentencia fue dictada por un tribunal constituido por jueces ciudadanos y un juez técnico declarando y sentenciando a varias personas por uno de los hechos más grandes de corrupción de Bolivia.

LOS SENTENCIADOS Junto a Santos Ramírez, fueron condenados nueve personas más y dos fueron absueltas. Los sentenciados son:

- Agustín Tomás Melano, empresario argentino que actualmente se encuentra prófugo, debe cumplir una pena de seis años en el penal de San Pedro.

- Luis Fernando Córdova Santivañez, seis años en San Pedro.

- Javier René Navia Doria Medina, seis años en el mismo penal.

- Geovana Navia Doria Medina, nueve años en la cárcel de Obrajes.

- Esther Carmona Nogales, asistente de Ramírez, que debe cumplir una pena de nueve años.

- Mauricio Ochoa, que también se encuentra prófugo, debe cumplir nueve años en San Pedro.

-Marco Antonio Vega del Carpio, nueve años en San Pedro.

-Misael Gemio Jordán, tres años en el mismo penal.

Fueron absueltos del caso, Miguel O’Connor Darlach, hermano de la persona que falleció a causa de un disparo el día que se dio a conocer todo el conflicto de corrupción que involucró de forma directa al entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, y José Manuel Alvarez Gantier.

ATRACO Y ASESINATO El atraco y el asesinato del empresario Jorge O’Conor en enero de 2009 desnudaron una serie de irregularidades en los contratos firmados entre YPFB y la empresa Catler-Uniservice, que debían posibilitar la construcción de una planta de separación de líquidos del gas natural en Río Grande Santa Cruz a cuyo efecto se abrió una cuenta de crédito de 45 millones de dólares en el Banco Unión. 

Jorge O´Connor fue atracado y asesinado cuando transportaba 450 mil dólares, retirados del Banco Unión. Los delitos se cometieron cuando el empresario se dirigía a la casa del cuñado de Ramírez, por lo que se presumió que el dinero estaba destinado a una “coima” para Ramírez por la firma del contrato para la construcción de la planta en Río Grande.

Este caso derivó en la caída de uno de los hombres más fuertes del Movimiento Al Socialismo.

El expresidente de YPFB, Santos Ramírez, ordenó el pago a favor de la empresa estadounidense Gulsby Process Systems 13.208.750 dólares y a la empresa Uniservice Catler por 3.300.000 dólares. Ahora la estatal petrolera espera un resarcimiento por un monto de 16.508.750 dólares. 

Datos

Delitos.

Los delitos contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Santos Ramírez y los 9 acusados en el caso YPFB-Catler-Uniservice son: uso indebido de influencias; incumplimiento de deberes; contratos lesivos al Estado; conducta antieconómica; cohecho pasivo propio y asociación delictuosa.

Daños al Estado.

Los sentenciado deben además cumplir el pago por el daño económico ocasionado al Estado y costas del juicio. Ahora la estatal petrolera espera un resarcimiento por un monto de 16.508.750 dólares por el contrato entre YPFB y la empresa Catler Uniservise para la implementación de la Planta de Río Grande de 86 millones de dólares.
Una muerte destapó el caso
El atraco y el asesinato del empresario Jorge O’Connor en enero de 2009 desnudaron una serie de irregularidades en los contratos firmados entre YPFB y la empresa Catler-Uniservice, que debía construir la planta de separación de líquidos del gas natural en Río Grande, Santa Cruz a cuyo efecto se abrió una cuenta de crédito de 45 millones de dólares en el Banco Unión.

El empresario boliviano Jorge O´Connor D´Arlach fue asesinado a tiros en La Paz, a las puertas de la casa del cuñado de Ramírez, cuando llevaba 450.000 dólares en efectivo.

Los fiscales acusaron a Ramírez de tener un acuerdo con la firma argentino-boliviana Catler-Uniservice, representada por O´Connor y Melano, para ganar una comisión ilegal, “coima”, por contratarlos para construir la planta de gas de 86 millones de dólares. Este caso derivó en la caída de uno de los hombres más fuertes del Movimiento Al Socialismo (MAS), que fue presidente del Senado en 2006 y dirigente del partido oficial. Ramírez era uno de los más cercanos colaboradores del presidente Evo Morales e impulsor de la nacionalización de los hidrocarburos, por lo que muchos lo veían entonces incluso como posible sucesor del Mandatario. 

Expresidente de YPFB anuncia que apelará fallo y presentará querella contra fiscales

Santos Ramírez, que fue detenido preventivamente el 13 de febrero de 2009 y sentenciado ayer a 12 años de prisión por el contrato ilegal entre YPFB y Catler, anunció que apelará el fallo y presentará una querella contra los fiscales que promovieron un proceso abreviado en favor de dos implicados en ese caso.

“El Tribunal Primero de Sentencia, no se enmarcó en las leyes ni en la Constitución, por lo que presentaré la apelación como corresponde, además una querella contra los fiscales por el proceso abreviado contra dos imputados”, dijo después de escuchar la sentencia, según ANF.

Santos Ramírez fue sentenciado por la firma de contratos irregulares con la privada Catler para la construcción de una refinería en la localidad de Río Grande, en Santa Cruz, que arrojó pérdidas por decenas de millones de dólares para el Estado.

El extitular de la estatal petrolera dijo que a pesar de las evidencias contundentes y claras, el Tribunal Primero de Sentencia no actuó en base a las pruebas, al precisar que al menos se presentaron 140.

"Normalmente las pruebas que presenta YPFB y el Ministerio Público son para demostrar la culpabilidad del acusado, pero las 140 pruebas que presentaron los fiscales no fueron leídas, ni una sola durante el juicio en mi contra", argumentó al ratificar que presentará una demanda contra los fiscales.

"Yo sí las he leído, el 80 por ciento, y con esas mismas pruebas hemos asumido defensa, donde se demostró que ese contrato era legal y tenía garantías", complementó.

El extitular de YPFB, sentenciado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, cohecho pasivo propio y asociación delictuosa, dijo que no se puede explicar que se resuelva una acusación de más de 200 hojas en una audiencia abreviada, en la que recibieron el perdón judicial dos imputados.

MAS califica de acertada la sentencia contra su excompañero

LA PAZ Senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) calificaron de acertada la decisión de la justicia de sentenciar a 12 años de cárcel al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez. De acuerdo al expresidente del Senado, René Martínez (MAS), esta decisión demuestra que todos son iguales ante la ley y que nadie es juzgado de acuerdo al cargo jerárquico que ocupó en un determinado momento, según ANF.

"Esta apertura de juicio nos está mostrando que autoridades públicas y todos son iguales ante la ley, y si hubo responsabilidad y determinaciones de estos veredictos habrá que evaluarlas en función a los antecedentes, en función a haber acumulado indicios que después hayan formado convicción para una sanción de esta naturaleza", manifestó.

Oposición: esta vez avanzó la justicia, porque era el sucesor de Evo

A criterio de la senadora de oposición Centa Rek (CN) éste es uno de los pocos procesos en los que la justicia ha prosperado. "Yo comparo con otros casos donde ha habido también corrupción flagrante con pruebas y todo, pero no ha prosperado, esta vez prosperó porque él (Ramírez) era el que estaba en la línea sucesora con el presidente Evo Morales", mencionó, según ANF.

Por otro lado la senadora Martha Poma (MAS) saludó esta sentencia, aunque observó la retardación de justicia en este caso, pues para escuchar este veredicto se esperó poco más de tres años, desde la muerte del empresario Jorge O’Connor en enero de 2009, que desnudó una serie de irregularidades en los contratos que debían posibilitar la construcción de una planta de licuables en Río Grande, Santa Cruz.