Dante Pino nos detalla el significado de los recursos del IDH

La disputa por el manejo de los recursos económicos que genera la renta estatal no es nueva. Una de las bases que ha sostenido al centralismo durante todo el período republicano ha sido precisamente el control de estos recursos: la plata, el estaño y ahora el gas. Quién decide cómo se maneja la renta y cómo se la distribuye ha sido fundamental para decidir la vida de los pueblos.
El desarrollo de los departamentos está estrechamente relacionado con el manejo de la renta estatal. Es vital, sin ellos no hay gestión posible que sea sostenible en el tiempo. El centralismo tiene la característica de decidir qué proyectos se hacen, cuándo se hacen y cómo se hacen.
Y es que todo proyecto regional se lo mira como caudal de votos o apoyo popular al gobierno de turno. Si este caudal es propicio a esos intereses entonces se hace sino pueden ir peregrinando a La Paz que nada sucederá.
En la actualidad los datos son contundentes: el IDH es para La Paz el 40 por ciento de su presupuesto, para Beni y Pando más del 50 por ciento, para Cochabamba el 25 por ciento, Tarija el 10 por ciento y Santa Cruz el 15. Los departamentos productores reciben regalías que se suman a la alícuota del IDH, ambos determinan el presupuesto que tienen. El recorte efectuado por el Gobierno impacta en promedio el 70 por ciento de estos presupuestos, como se puede ver, los más “pequeños”, económicamente hablando, son los que reciben los mayores impactos de esta decisión junto con La Paz, que parece vivir en el limbo.
Por otra parte el Gobierno no ha transferido el IDH como manda la ley, que le obliga a aplicar el precio de gas en boca de pozo, al haberse producido incrementos no esperados en el transcurso del año por efecto de la escalada en el precio referencial del petróleo en los mercados externos, el gobierno debía aplicar la ley pero no lo hizo, guardándose en sus bolsillos la suma de 1.357 millones de bolivianos. ¿Qué se hizo con ellos? ¿Dónde están las intrincadas cuentas oficiales y no oficiales que maneja el Ministerio de Hacienda?
No es moco de pavo, para nada si miramos lo que en Santa Cruz se pudo haber hecho con los recursos recortados. He aquí algunos datos enviados por el experto Mario Galindo: El Gobierno Departamental de Santa Cruz podría haber invertido los recursos del IDH en, 68.439 km en mantenimiento de caminos, 1.521 km en su mejoramiento, 2.738 km de tendido eléctrico. También se podrían invertir en la construcción de 913 pozos de agua, construcción de 913 alcantarillas de los caminos prefecturales, en la construcción de 548 redes de agua para pueblos de 4000 habitantes cada una. Y se podría invertir en 4.299 ítems de salud, o 9.024 ítems de de educación. ¿Qué tal?
En otros tiempos, esto hubiera ocasionado una movilización nacional de alta intensidad. Ahora departamentos como La Paz parecen sufrir de autismo social. El 40 por ciento de su presupuesto cercenado y la integración de sus provincias paralizada, lo que significa que La Paz sigue postergada en su desarrollo sin que a los paceños les duela. Conducta que no es la misma en Santa Cruz, cuya dirigencia consciente de lo que significa para ellos la pérdida de estos recursos procuran concientizar a su pueblo y movilizarlo con el fin de recuperarlos.
Son dos visiones distintas: en el Altiplano hay un conformismo penoso, que acepta todo con tal de mantener a Evo Morales en el Poder. Esta sensación de auto representación étnica parece que tiene efectos aletargantes y psicodélicos mucho más fuertes que la masticación de la coca. Los paceños están aferrados a su burocracia parasitaria estatal y de ella no quieren salir. Al otro lado, la Bolivia oriental sabe que necesita crecer y expandirse porque posee los recursos para hacerlo: ganado, tierra, agricultura expansiva, gas y hierro. Es vital explotarlos racionalmente. Para esto tienen que romper las cadenas de la sujeción centralista. Así que no hay forma de evitar una colisión entre ambas visiones.
El IDH es el centro de la tormenta. Representa: desarrollo, expansión de las fuerzas productivas, mejores niveles de vida y futuro con seguridad, para el lado autonómico. Y también significa bonos callejeros, canchitas de fulbito, “empresas estratégicas”, subvenciones alimentarias, pagos millonarios por confiscaciones accionarias y multas por incumplimiento de contratos internacionales, en el paraíso altiplánico.