Los sucrenses están enojados por varios motivos

La Razón elaboró sendas crónicas sobre lo sucedido en Sucre, cuando los ciudadanos decidieron marchar sin esperar a que el Presidente Morales terminara su discurso largo de casi cuatro horas. Perdieron la paciencia y desfilaron por su cuenta:

Insultos de grueso calibre, detenidos y un desfile de instituciones que se caracterizó por el airado pedido del traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo a Sucre, fue el escenario vivido ayer durante siete horas, contando desde el primer acto oficial: la iza de la bandera. El tradicional paso patriótico de militares, trabajadores y estudiantes de la Capital, este año, no contó con el saludo del Primer Mandatario desde el balcón de la Casa de la Libertad, que permaneció semivacío y sin ninguna autoridad nacional.

El cuerpo diplomático, autoridades bolivianas, invitados especiales y periodistas internacionales, además de los medios de comunicación nacionales y público en general, fueron testigos de momentos de alta tensión, que incluyeron cánticos discriminatorios. Entretanto, en la Casa de la Libertad, durante tres horas y 40 minutos, Morales ofreció al país una evaluación del trabajo realizado por su gobierno durante el último año.

La impaciencia de los espectadores y la presión de las instituciones —encabezadas por la Universidad San Francisco Xavier— obligaron a la banda del Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade a acompañar el tradicional desfile, pese a que el Presidente continuaba con su discurso.

Ocurrió a las 13.20, cuando el forcejeo del rector Jaime Barrón y otras autoridades universitarias con las fuerzas del orden rompió el cerco policial. Minutos antes, un solitario benemérito de la Patria, cansado de esperar la finalización del discurso presidencial, inició el recorrido con sus 96 años a cuestas y el Himno Nacional entonado por la concurrencia en todo su paso.

Durante las horas previas, varios centenares de sucrenses se apostaron frente a la Casa de la Libertad para clamar con banderas y pancartas por su demanda de capitalidad plena; pero la posterior llegada de un grupo de seguidores del Gobierno enardeció los ánimos. Mientras Morales le hablaba al país, desde afuera recibía insultos que, además, estaban dirigidos al vicepresidente Álvaro García; estas dos autoridades no apoyaron el pedido chuquisaqueño.

´Evo y Linera traidores´, decía un improvisado cartel en la plaza. Pero, los estribillos se fueron convirtiendo en agresiones que faltaron el respeto a la investidura de las máximas autoridades del país: “Evo, cabrón; Linera maricón”, gritaba la gente.

Las agresiones también tomaron un tinte racista y discriminatorio, cuando los sectores movilizados gritaron en coro “ignorantes”, “váyanse a bañar”, “dejen de joder, no saben ni leer” o “masistas al corral, Sucre capital”. Del otro lado les respondían “ladrones”, “socios de Goni”, “asesinos” y “divisionistas vendepatrias”.

Entre los bandos enfrentados se advirtió la participación de funcionarios municipales (a favor de la capitalidad plena) y prefecturales (en apoyo al Presidente). Entre los primeros llamó la atención el respaldo a las autonomías, lo cual motivó que los masistas los acusaran de estar manipulados por otros intereses.

Pronto, los incidentes pasaron de las palabras soeces a los golpes. A raíz de estos enfrentamientos, la Policía informó de las detenciones de Efraín García y Luis Claros, por faltas a la autoridad. Luego, ambos fueron liberados.

Los ánimos del público recién se apaciguaron con el inicio del desfile, aunque las fricciones continuaron entre los guardias de seguridad y los periodistas con la tumultuosa salida de Morales, Linera y sus ministros.

En medio de los incidentes, el máximo dirigente del Pacto de Unidad, Isaac ávalos, anunció que propondrá a la Constituyente una reforma para que el informe presidencial se realice en diferentes capitales y que se analice la posibilidad de cambiar la sede de la Asamblea, por un tema de seguridad. Redacción Sucre

Frustración y pesar en hidrocarburos

Andrés Soliz ex-ministro de Hidrocarburos expresa una vez más su pesar y su frustración porque el Gobierno de Evo Morales distorsionó la Nacionalización de Hidrocarburos. Su reiterada crítica muestra el fracaso de tal medida que el Gobierno se empeña en señalar como su mayor logro político.

Si se afirma que el actual gobierno debe recuperar el rumbo, cabe preguntar ¿cuál rumbo? ¿El neoliberal de Sánchez de Lozada o el caótico de la UDP? Pensamos que Evo Morales debe retomar el que tenía su propio régimen el 1-5-06, fecha del Decreto de la 3ª nacionalización de los hidrocarburos, que unió al país al recuperar la cadena productiva del sector y abrió la perspectiva de nuestro desarrollo económico y despegue industrial.
Su éxito dependía de su aplicación sistemática y coherente, en la perspectiva de que las petroleras firmen contratos de operación en los campos en producción. Los campos en retención y exploración debían volver a YPFB, para su explotación directa o en sociedad, previa licitación pública. Debió tomarse, de inmediato, el control accionario de las empresas “capitalizadas” y de las que controlaban refinerías, oleoductos y depósitos de almacenamiento, que surgieron del descuartizamiento de la empresa estatal. El pago por la expropiación pertinente debió depender de auditorias y del resultado de juicios pendientes por estafas, contrabando y evasión impositiva cometidos por las compañías.

La distorsión del Decreto convirtió los contratos de operación en contratos de producción compartida, de manera que las petroleras mantuvieron el derecho propietario sobre parte de nuestras reservas. Los resultados de las auditorias no sirvieron para penalizar sus irregularidades. A manera de ejemplo, YPFB que, en 1999 (Banzer-Quiroga), vendió a Petrobrás nuestras refinerías en 100 millones de dólares, las recompró en 400 millones, al incluir deudas contraídas por la empresa brasileña mientras las tuvo en su poder. Los contratos fueron firmados sin garantizar inversiones y sin precios diferenciados para el mercado interno.

YPFB (a la que se descapitalizó con gastos de beneficencia) y la venezolana PDVSA conformaron 3 empresas mixtas: “Petroandina Exploración y Explotación”, “Petroandina Comercialización y Suministro” y “Petroandina-Gas”, para la instalación de una planta separadora de líquidos en Tarija. Ninguna funciona hasta ahora. Al desvirtuarse el Decreto, las siguientes medidas de recuperación del patrimonio nacional, como la nacionalización de la fundición de estaño y de los ricos yacimientos de Posokoni, no tuvieron el mismo efecto. Lo mismo ocurrió con el positivo contrato con Jindal (de capital hindú) para la explotación del hierro del Mutún.

La pérdida del timón del gas y del petróleo impidió que los sectores excluidos de la sociedad, encabezados por el Movimiento Al Socialismo (MAS), consoliden el frente unitario de defensa del país. Por el contrario, hizo rebrotar corrientes etnicistas disgregadoras, como los “Ponchos Rojos” de Achacachi (departamento de La Paz), y separatistas, como la Unión Juvenil Cruceñista (en el departamento de Santa Cruz de la Sierra). Un pequeño círculo de allegados al Presidente, que habla de modo arbitrario a nombre de los Movimientos Sociales, convirtió a ministros, parlamentarios y representantes oficialistas en la Asamblea Constituyente en figuras casi decorativas.

Esta situación la viví personalmente como Ministro de Hidrocarburos, cuando se me ordenó pedir la renuncia del ingeniero Javier Escóbar Salguero, quien encabezó el equipo que elaboró los proyectos de Resoluciones Ministeriales para controlar el petróleo crudo, las refinerías y concretar la participación adicional del 32 % de la producción en favor de YPFB. De manera paralela, se me impuso el nombramiento de un nuevo viceministro del área. El Presidente de YPFB y un asesor de la empresa, con el respaldo de Evo Morales y del Vicepresidente Alvaro García Linera, iniciaron la negociación de los futuros contratos con Petrobrás a espaldas del Ministro. La resistencia del núcleo palaciego a aplicar las referidas resoluciones precipitó mi renuncia.

Hoy vivimos la tragedia del incremento cotidiano de la pugna del Occidente de Bolivia con los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Por lo anterior, o recuperamos el espíritu de la tercera nacionalización o la suerte de Bolivia estará en manos de los “Ponchos Rojos” y de la Unión Juvenil Cruceñista, respaldados por las ONGs y las petroleras, respectivamente.

Piden renuncia de cuatro ministros de Estado

La Patria de Oruro, ha enviado un reportero a Tarija que ha cubierto la reunión de siete departamentos prefectos y dirigencia cívica. He aquí su relevante informe:

Tarija, 01 LA PATRIA.- Los dirigentes cívicos de los departamentos de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Pando, Beni, Chuquisaca y Tarija, exigieron ayer la renuncia de los ministros de Hidrocarburos, Desarrollo Económico, Hacienda, Desarrollo Rural y del viceministro de Tierras, para evitar la repetición de la hiperinflación de 1985.

Esa petición fue emitida tras concluir aquí, el encuentro nacional de comités cívicos, a través del Manifiesto de Tarija. La cita cívica tuvo el objetivo de analizar varios temas, como la Asamblea Constituyente, las Autonomías departamentales, además de asumir defensa de la soberanía nacional, la democracia y otros.

Dicho documento que fue suscrito por los presidentes de los comités cívicos de Tarija, Reynaldo Bayard; de Pando, Ana Melena de Susuki; de Chuquisaca, Jhon Cava; de Beni, Alberto Melgar; de Santa Cruz, Branco Marinkovic; de Cochabamba, Oscar Zurita y el vicepresidente de Oruro, Wilford Condori, contiene diez resoluciones, entre ellas está el pedido de renuncia de los ministros de Estado.

“Expresamos nuestra preocupación por la espiral inflacionaria, el abastecimiento y escasez por la que atraviesa el país, que es por la falta de capacidad e idoneidad del gabinete de ministros de Gobierno, quienes de manera errática han provocado incertidumbre y zozobra en la población en general y principalmente en los sectores de escasos recursos, afectando directamente a los precios de la canasta familiar.

Por lo que exigimos la destitución de los ministros de: Hidrocarburos, Desarrollo Económico, Hacienda, Desarrollo Rural y del viceministro de Tierras, responsables directos de este fenómeno no visto desde 1985”, señala en la primera resolución del manifiesto.

En otros temas, se expresó el desacuerdo por la anunciada promulgación del Decreto Supremo que reglamenta la Ley de Reconducción Comunitaria. Se exigió el respeto a la Ley Especial de Convocatoria de la Asamblea Constituyente y que el nuevo texto constitucional sea aprobado por dos tercios de voto.

Sobre la ampliación de la Constituyente que debe definir el Congreso Nacional, se pidió garantizar el establecimiento de las autonomías departamentales, garantizar una Constitución para todos los bolivianos, el respeto a la actual división política del país, respeto a la propiedad privada, respeto al actual sistema de distribución de regalías y el porcentaje por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

En el manifiesto de Tarija se repudió la política de confrontación que promueve el gobierno de Evo Morales. Además se pidió el retiro inmediato del país de los súbditos extranjeros, quienes llegaron a Bolivia disfrazados de ayuda asistencial y ONGs, para entrometerse en asuntos nacionales y políticos internos.

“Exigimos la no exclusión del tema de Capitalidad Plena de la Plenaria de la Asamblea Constituyente, manejado antidemocráticamente por el Poder Ejecutivo”, se indica en otra de las resoluciones del manifiesto.

Se pidió garantías al Gobierno para el libre ejercicio de la representación cívica y la libre expresión de la ciudadanía. Los dirigentes cívicos ratificaron el estado de emergencia, con el objeto de velar su respeto por la actual Constitución Política del Estado.

Ante la inasistencia del presidente, Evo Morales al encuentro cívico, los dirigentes reiteraron su invitación para que el mandatario se reúna con ellos, el próximo 8 de agosto, en la ciudad de Santa Cruz, para efectuar un diálogo de concertación de las demandas regionales y cívicas.