La diputada de Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, fue obligada al promediar las 4:00 de la tarde de este miércoles a desalojar las instalaciones del Círculo de Oficiales del Ejército (COE) de La Paz, donde fue invitada a un almuerzo, por órdenes supuestamente dadas por el Gobierno.
Los oficiales encargados de la administración y funcionamiento del COE, situado en la zona de Irpavi de la sede de Gobierno, le informaron que debía salir de las instalaciones, que son alquiladas por los militares para acontecimientos sociales privados, porque su presencia habría provocado malestar en esferas del Órgano Ejecutivo y también del Comando General del Ejército.
La diputada pidió disculpas a los oficiales y dijo que para no causarles problemas en su carrera militar se retiraba del lugar, sin antes lamentar que ella sea víctima del acoso político que está normado por ley.
Piérola además denunció que el pasado martes en la noche, tras abandonar las instalaciones del canal Red Uno, donde asistió el programa “Que No Me Pierda”, había un vehículo del servicio de inteligencia nacional siguiéndola, por lo que denunció persecución política en su contra por el Gobierno del presidente Evo Morales, ya que no tiene la libertad de poder asistir a actos privados, familiares o públicos, porque siempre es perseguida o seguida por efectivos de inteligencia de la Policía, dependientes del Ministerio de Gobierno.
Recientemente el Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsó, y posteriormente el presidente Evo Morales promulgó, la ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que busca eliminar estas prácticas en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de la función político pública.
De acuerdo a la norma, “Acoso Político” es definido como los actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas en contra de una mujer candidata, electa, designada o en el ejercicio de la función político pública o de sus familiares durante o después del proceso electoral que impidan el ejercicio de sus derechos políticos. Quienes lo cometan tendrán una sanción de 2 a 5 años de cárcel.
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