confrontar consigna con que pasará a la historia


La polarización política, tan cara para el MAS y sus principales dirigentes, hace que medidas que tienen una potencialidad de transformación se conviertan en acciones que durarán lo que duren sus impulsores. Es el caso concreto de la elección de las autoridades judiciales. Desde diversos ámbitos se ha hecho llegar a las autoridades del Gobierno y de la Asamblea Legislativa legítimas y pertinentes sugerencias para perfeccionar este novedoso procedimiento. Pero la incapacidad de éstas de escucharlas y canalizarlas, así como la forma e irregularidades prevalecientes en la selección de los postulantes a ocupar el Órgano Judicial y las diversas manipulaciones que se han hecho para legitimar ese procedimiento, permiten prever —más aún si se revisa nuestra historia— que este procedimiento ha sido condenado al fracaso, pues ese empecinamiento tendrá como resultado que la elección deje de ser sólo eso y se transforme también —simbólicamente se entiende— en un plebiscito sobre la gestión gubernamental.
Así, por lo menos, se desprende de la decisión del Órgano Ejecutivo —asumida el sábado en un encuentro entre los Primeros Mandatarios, ministros, gobernadores y alcaldes del MAS— de ratificar la realización de las elecciones tal como han sido organizadas y de la instrucción emanada de que esas autoridades, junto a su militancia, sean los principales incentivadores del voto en los comicios del próximo 16 de octubre.
Es pertinente aclarar que hay dos temas en debate. Uno, sobre el método de elección: el procedimiento adoptado por la mayoría oficialista para designar a los candidatos significa que es el estamento político-partidario el que determina quiénes serán las autoridades del Órgano Judicial y la ciudadanía deberá elegir, necesariamente, entre los postulantes ya definidos por este estamento. Ello, pese a que las autoridades del oficialismo pretenden convencer a la ciudadanía de que es ella la que los elige. La verdad es que la gente sólo legitima la elección político-partidaria. El segundo tema se refiere a los intentos de prohibir que se convoque al voto nulo. Como han señalado los primeros mandatarios, no es posible establecer esta prohibición. Pese a ello, algunos militantes y dirigentes, con apoyo de algunas autoridades del Tribunal Supremo Electoral y del Ministerio Público, están haciendo filigranas para hacer realidad esta prohibición. Habrá que advertir, en este sentido, que sería inconstitucional e improcedente que las entidades mencionadas intenten penalizar la campaña que están realizando algunos partidos políticos y movimientos cívicos, sindicales, gremiales y culturales convocando a la gente a participar en las elecciones del 16 de octubre anulando su voto como una forma de repudio a la forma en que se ha organizado esta elección. Más aún si desde el oficialismo se ha decido hacer campaña de apoyo.
En todo caso, es de lamentar que una oportunidad como la presente de reformar radicalmente el Órgano Judicial a partir de una forma novedosa de elección de sus autoridades, haya sido desaprovechada por gente de visión de corto plazo que quiere imponer su voluntad y copar ese espacio también. (Editorial de La Prensa, LP. Bolivia)