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domingo, 20 de junio de 2010

En Bolivia lo mismo que en Venezuela.

con triquiñuelas se quita de en medio a opositores


La flamante Ley del Órgano Electoral dio nacimiento al verdadero Cuarto Poder del Estado, dejando totalmente desvirtuado aquello de que la prensa es el cuarto poder. La prensa no fue, no es ni será un poder del Estado. Fue, es y será un mecanismo de servicio a la sociedad para informarla correcta, adecuada, veraz y oportunamente y es un instrumento de fiscalización de los que ahora son cuatro poderes del Estado Plurinacional de Bolivia.

El Cuarto Poder constituye una de las más importantes representaciones del cambio que vive el país y que, con otras cuatro leyes orgánicas en proceso de aprobación, continuará el camino hacia la consolidación de su transformación.

La leyes del Órgano Electoral, ya aprobada, y la del Régimen Electoral, que volvió a la Cámara de Diputados, fueron tratadas en el Parlamento con el acelerador pisado a fondo, debido fundamentalmente a la urgencia de tener el marco legal fundamental del nuevo Estado. Esa velocidad es sólo comparable con la que se aprobó la actual Constitución Política del Estado (CPE) en Sucre y Oruro.

Los tres proyectos de ley que faltan están en fila esperando su turno para ser considerados por el Parlamento. Podrán correr la misma suerte de las dos anteriores que ya son blanco de críticas por los vacíos que tienen y las contradicciones que se advierten con la propia Constitución Política del Estado y los convenios internacionales.

El apuro puede llevar, y de hecho está llevando, a omitir algunos aspectos importantes que afectan a la sociedad. Ahora nos damos cuenta de que el plazo establecido para su entrada en vigencia era demasiado corto. El propio Presidente del Estado Plurinacional ha anunciado que deberá aprobarse una ley cada semana. Faltan aún la Ley del Tribunal Constitucional, la Ley del Órgano Judicial y la Ley de Autonomías.

Unas leyes son más complicadas que otras y requieren de un profundo análisis, como la Ley de Autonomías que modificará significativamente el sistema político nacional. Pero el escaso tiempo que queda hasta el 22 de julio está eliminando un debate serio, responsable y valioso.

Oficialistas y opositores están impedidos de evaluar con detenimiento cada uno de esos instrumentos que son y seguirán siendo aprobados a fardo cerrado. No importa si contienen incongruencias y errores.

Para el Gobierno y para los legisladores, que en su mayoría son oficialistas, lo que sí importa es que cada una de las leyes tenga un mecanismo para que el Presidente no sólo mantenga, sino amplíe, su poder y, con ello, darle al Órgano Ejecutivo la autoridad de ejercer, con pocos precedentes en democracia, el poder absoluto. De ahí la potestad que esas leyes otorgan al Mandatario del Estado de nominar a dedo a un representante en cada asamblea departamental y a un vocal por cada una de las cortes departamentales electorales. A ello se sumará el poder que pretenden los oficialistas en los municipios mediante acciones forzadas, destinadas a destituir a alcaldes elegidos por el voto popular y el copamiento de las cambiadas instituciones con su militancia, como sucederá con el nuevo Registro Cívico.