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martes, 2 de junio de 2009

el Nuevo Día del oriente muestra "el perfeccionamiento de la persecusión"

El Poder Ejecutivo ha hecho una poco creíble defensa del Poder Judicial de Bolivia, luego de que el canciller peruano José Antonio García Belaúnde justificó el asilo a tres ex ministros bolivianos, afirmando que la justicia boliviana no es confiable.

El portavoz del Gobierno, Iván Canelas, lanzó el grito al cielo por esa afirmación y la calificó como una injerencia en asuntos internos, mientras que en Perú consideran que es mejor no contestar lo que digaEvo Morales.  Canelas ha instado a los magistrados de la Corte Suprema a sumársele en el reclamo, algo que seguramente no va a ocurrir, porque en realidad los ministros de ese alto tribunal saben que esa no es una crítica dirigida hacia ellos sino al modo perverso mediante el cual se ha instalado en el país un sistema de persecución a través de la “judicialización” de la política.

Qué van a reclamar los magistrados, si lo que está haciendo el canciller peruano es llamar la atención en el mundo sobre lo que sucede no sólo con los políticos de la oposición y las principales instituciones de la democracia boliviana, sino también contra ellos mismos. En todo caso, la definición más cabal para lo que está ocurriendo en el país no es la disminución de la confianza en el sistema judicial, un problema que siempre ha existido en distintas proporciones. Lo que sucede hoy, está por poner a la ciudadanía a expensas de un régimen libre de cualquier limitación y contrapeso. No es posible llegar todavía al término absolutismo, porque aún no se han logrado los deseos del presidente Morales, quien espera tener en sus manos el control total de los tres poderes republicanos.

Y en verdad no está lejos el Presidente de su ideal expresado no hace mucho. Con la última renuncia, acaba de quedar acéfalo el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema está gravemente herida. El Congreso ya no cumple sus funciones legislativas y apenas funciona como un tribunal de justicia al servicio del oficialismo. Sin Contraloría, con el sistema regulatorio en manos de burócratas del MAS y el Fiscal General de la República acosado por procesos en su contra, el Ejecutivo cada día se asemeja más a una dictadura.

¿Existe justicia todavía en Bolivia? ¿Es confiable? Todo depende del cristal con que se mire, pues hay una justicia que está operando perfectamente y es funcional al Gobierno, como sucede con el fiscal que viola a su antojo las normas del debido proceso y que coordina sus acciones con algunos ministerios o como ocurre con jueces instalados en la sede de Gobierno, que usurpan funciones y prevarican constantemente a pedido del Palacio Quemado.

¿Cuál es el resultado? Salvo un puñado de autoridades elegidas, líderes políticos y responsables de instituciones democráticas, casi todos los que piensan distinto al MAS, los que defienden el Estado de Derecho y la institucionalidad, tienen encima de sus cabezas la amenaza del patíbulo parajudicial que ha creado el Gobierno para satisfacer su avidez de poder. La meta es llegar a diciembre con medio país criminalizado, bajo sospecha o en camino hacia la cárcel de San Pedro.

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