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miércoles, 16 de julio de 2008

por la nacionalización de minas estuvimos pagando 30 años, por la nacionalización del petróleo 10, en armadas de seis meses impajaritablemente, por "las confiscaciones de evo" se ha presentado una primera factura por mil millones de dólares, parte de ello no admite plazo, aunque siempre se puede añadir pagos adicionales por comisiones, intereses, sobreintereses por lo que llaman los juristas "por el lucro cesante y el daño emergente": (crónica de la bbc)

Cuatro empresas transnacionales han planteado demandas por US$925 millones en contra del estado boliviano, luego de las nacionalizaciones impulsadas por el presidente Evo Morales.
La información fue proporcionada por el Ministerio de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, creado específicamente para defender al Estado ante tribunales internacionales.
Las demandantes son la británica Ashmore, la italiana Telecom, la chilena Quiborax y Gas Transboliviano.
La demanda más alta corresponde a Ashmore, que pide el pago de US$500 millones por la nacionalización de la empresa petrolera Transredes, transportadora de hidrocarburos que ahora está en manos del Estado. Este caso está radicado en la Cámara de Comercio de Estocolmo, Suecia.
El arbitraje de Telecom es por US$350 millones y fue planteado por la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
La chilena Quiborax pide US$40 millones porque el Estado le retiró una concesión minera. El caso está también en el CIADI.
Gas Transboliviano, por su parte, exige US$35 millones por la devolución de impuestos.
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"Precio justo"
El ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, dijo este martes que las empresas "pueden pedir el cielo, pero de ahí a que vayan a cobrar parte de eso, son sólo aspiraciones".
Nosotros queremos dar seguridad jurídica a las empresas, pero en marcos legales. Queremos socios y no patrones
Héctor Arce, ministro de Defensa Legal
Comentó que es normal que los abogados pidan cientos de millones de dólares, pero que finalmente el Estado termina pagando US$10 millones o US$20 millones.
Por lo tanto, aseguró que el gobierno está dispuesto a pagar, pero un precio justo.
"Nosotros queremos dar seguridad jurídica a las empresas, pero en marcos legales. Queremos socios y no patrones", dijo en declaraciones a la radio Erbol.
Arce señaló que el gobierno asumirá su defensa ante los tribunales, pese a que decidió abandonar el CIADI por considerar que sólo beneficia a las transnacionales.
Por su parte, el analista Humberto Vacaflor, en declaraciones a BBC Mundo, comentó que "las nacionalizaciones hechas por el gobierno de Evo Morales han producido una factura muy, muy grande".
Esto, según Vacaflor, no es una situación nueva para Bolivia.
En su criterio, "en toda la historia, sobre todo en el siglo XX, Bolivia ha tenido que pagar grandes facturas por las nacionalizaciones".
Por ejemplo, en 1952, el gobierno debió indemnizar a los dueños de las minas que se nacionalizaban; en 1937, le debió pagar a Standard Oil por la nacionalización que permitió la fundación de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos. (De Mary Vaca para la bbc español)

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