Desde que se conoció que el Primer Mandatario sufre una dolencia que exige un riguroso tratamiento médico, hemos insistido en que corresponde que el Estado asuma todos los recaudos para velar por su salud, como, por lo demás, siempre ha sucedido.
Sin duda, la salud del Presidente es una cuestión de Estado, por lo que las decisiones que se adopten para preservarla, respetando, sin duda, la que adopte el Presidente, deben responder a un detallado diagnóstico de la enfermedad y de los adelantos que en el campo de la medicina se tienen para atender el mal detectado. Por ello, es de esperar que la decisión de trasladar al Presidente a Cuba responda a esos requisitos antes que, por ejemplo, a criterios de hermetismo, como ha sucedido en otros casos.
Asimismo, la evolución del tratamiento al que sea sometido el Primer Mandatario es un asunto que debe ser informado a la ciudadanía que sigue con preocupación el caso. Hasta ahora, lamentablemente los funcionarios de gobierno han cometido demasiados errores al respecto cuyas consecuencias son sembrar susceptibilidades y desconfianza en la gente, factores que, más bien, deberían ser eliminados.
Por ello, hay que insistir en que es preciso que el Gobierno conforme un equipo responsable que informe en forma transparente y verídica sobre la evolución del tratamiento presidencial, esforzándose para no dejar ningún resquicio que pudiera provocar desorientación y dudas. De hecho, se debe emular la actuación del Primer Mandatario al reconocer sus problemas de salud, sin importarle contradecir declaraciones de su Ministra de Salud que más que colaboradora, en este caso, pereciera querer ser comisaria.
Desde Los Tiempos expresamos nuestra solidaridad con el Primer Mandatario y hacemos fuerza para su pronta recuperación.
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