Probablemente son pocas las personas que creyeron en el discurso
oficial vigente hasta febrero pasado, en sentido de que ésta sería la
última gestión del binomio Evo Morales Ayma-Álvaro García Linera. Desde
hace un tiempo, y con el explícito impulso de los primeros mandatarios
del Estado, todos los operadores políticos del MAS y varios funcionarios
de Estado, hombres y mujeres, buscan los mecanismos que permitan lanzar
la candidatura de Morales a una tercera reelección continua, pese a la
expresa y vigente prohibición constitucional.
La
razón para impulsar esta candidatura es simple: si el Primer Mandatario
no encabeza la fórmula presidencial el MAS, este partido corre el riesgo
de ser derrotado en las próximas elecciones generales, incluso en una
primera vuelta. Además, es posible creer que las visiones de cambio han
pasado a segundo plano y lo que ahora motiva a ese partido y sus
dirigentes es reproducirse, a como dé lugar, en el ejercicio del poder,
ambición que, en verdad, afecta sin consideración ideológica alguna,
salvo a personas consecuentemente democráticas.
Obviamente
se dan cuenta de que se trata de un objetivo muy cuestionado. Varias
encuestas serias muestran que una mayoría de la población está contra la
reelección en sí misma, y el porcentaje se reduce, aunque no
considerablemente, cuando se consulta sobre la reelección del presidente
Morales.
Por eso, en el supuesto caso de que una vez más se intentara
realizar una “estrategia envolvente” (que es como podría entenderse, con
abierta posibilidad de equivocación, la distinción hecha por el segundo
mandatario entre repostulación y reelección), lo cierto es que para que
constitucionalmente se pueda habilitar una candidatura del Presidente
(llámese “rererelección” o “rererepostulación”), se debe modificar
parcialmente la Constitución Política del Estado y hacerlo como ésta lo
indica: “La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por
iniciativa popular, con la firma de al menos 20 por ciento del
electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de
reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los
miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier
reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio” (Art.
161/II).
Desde otra perspectiva, si bien es posible
impulsar esa acción para constitucionalizar una nueva candidatura del
Primer Mandatario, es notable que sean movimientos políticos que se
reclaman progresistas y de izquierda los que hayan conducido a varios
países de la región a sistemas políticos de corte autoritario, más
pertenecientes a siglos pasados que capaces de enfrentar los desafíos
actuales. Además, hacerlo sobre mecanismos como el indigno culto a la
personalidad, la defenestración de los disidentes o potenciales líderes
de recambio, el uso del aparato estatal sin escrúpulo alguno para la
satisfacción de intereses particulares y el imperio de la impunidad ante
el incremento permanente de la corrupción. En fin, sobre mecanismos que
permiten reproducirse en el poder en el corto plazo, pero que terminan,
como enseña la historia, por deslegitimar a sus propulsores.
Así,
por esta desenfrenada pasión por el poder, y como advirtió el papa
Francisco en Bolivia, se transforma un proceso de cambio en un
cuestionado proyecto personal.
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