de tener garantías Manfred dispuesto a presentarse ante un juez imparcial

Los allegados al ex candidato presidencial consideran "decisivo" el tener en las siguientes horas un pronunciamiento de los organismos internacionales demandando el restablecimiento de las garantías jurídicas, además de una expresión de voluntad política del gobierno para devolver los procesos contra Reyes Villa a su "jurisdicción natural", o sea un juicio de responsabilidades.

"Existe disposición de reasumir su defensa en 2010. Manfred no quiere favores ni privilegios, sino el mismo trato que este gobierno dispensa a otros ex prefectos que ejercieron en el mismo periodo y que son acusados por los mismos tipos penales, pero que reciben el tratamiento previsto por ley para ex autoridades, cosa que se le ha enajenado a Manfred", dijo Erick Fajardo.

El ex vocero aludió así a la situación de "excepción" en que es procesado el ex prefecto de Cochabamba, encausado en la vía ordinaria, mientras sus pares, el prefecto tarijeño Mario Cossío y el ex prefecto paceño José Luis Paredes, reciben el tratamiento que la ley prevé para ex autoridades electas por voto popular y serán juzgados por el Congreso de la República.

"A las tres autoridades el gobierno los acusa de conducta antieconómica y de daño económico al estado, pero sólo Manfred es privado del fuero de ex autoridad y demandado ante jueces ordinarios, sin competencia, lo que se constituye en segregación política", explicó.

El oficialista MAS argumenta que bajo la nueva Constitución Política del Estado las ex autoridades electas como Reyes Villa ya no gozan de privilegio procesal alguno. No obstante, después de Reyes Villa, varias ex autoridades fueron enjuiciadas por el gobierno concediéndoseles el beneficio de un juicio de responsabilidades.

Tanto José Luis Paredes como Mario Cossío ejercieron las prefecturas de La Paz y de Tarija, al mismo tiempo que Reyes Villa. El gobierno de Evo Morales acusó a los tres de delitos económicos, pero Cossío y Paredes - que fueron demandados con posterioridad a Reyes Villa - se benefician de juicios de responsabilidades, mientras que el ex prefecto de Cochabamba es juzgado en tribunales ordinarios.

Los organismos internacionales fueron advertidos sobre los atropellos a las garantías más elementales para administrar justicia en los procesos contra Reyes Villa y se aguarda una respuesta del Alto Comisionado para los DDHH de Naciones Unidas a la carta personal que le envió la ex autoridad.

el consumo ilimitado del alcohol especialmente entre los jóvenes es causa de muerte y dolor

El caso de la menor cordobesa de 17 años que entró en coma alcohólico, después de consumir 18 tragos de tequila (en una competencia que premiaba al que tomara más, en un boliche de Colonia Caroya, provincia de Córdoba), reinstaló un tema que los especialistas consideran un flagelo en crecimiento en la Argentina y que afecta más a quienes transitan la adolescencia, sobre todo a las chicas.

Así lo observan numerosos especialistas, para los que "se trata de un problema más común de lo que se cree, que afecta sobre todo a los adolescentes que son más vulnerables, y que puede dejar serias secuelas en el sistema nervioso".

Por su parte, el secretario de Prevención de la Drogadicción cordobés, Sebastián García Díaz, presentó una denuncia penal contra el propietario del boliche donde ocurrió tan lamentable suceso, y la Justicia dispuso la clausura transitoria del local.

A tal punto preocupa a los especialistas este tema que desde la Asociación de Psiquiatras Argentinos se proyecta hacer un estudio para determinar cuántos jóvenes por año caen en coma alcohólico y qué secuelas presentan.

Las causas que llevan a la juventud a consumir alcohol son múltiples y variadas. Para algunos, significa el falso atractivo de entrar en el mundo de los adultos y romper con las pautas que marcan el universo de la niñez. Para muchos más, en cambio, no hay verdadera diversión sin alcohol de por medio, y ello porque el alcohol, aun consumido en pequeñas cantidades, estimula la corteza cerebral y vuelve a las personas más desenfadadas y ocurrentes. El problema es que tras esos primeros efectos de euforia aparece una pérdida de autocontrol y las personas asumen conductas que sin el catalizador etílico no serían capaces de adoptar. Las cifras del consumo juvenil comienzan a ser preocupantes por su progresivo asentamiento y, sobre todo, por las pocas barreras capaces de contrarrestar su incidencia.

A todo ello debe agregarse que la Federación de la Industria Licorista Argentina (FILA) denunció la preocupación del sector respecto de la venta de alcohol ilegal en los grandes centros urbanos de todo el país. Al respecto, su presidente, Guillermo Padilla, señaló que cuando se habla de ilegal se apunta a los alcoholes "negros" y, por lo tanto, altamente peligrosos para su consumo. Son los que venden en bidones (por ejemplo, en los boliches), y con los que, la mayoría de las veces, se preparan las tristemente célebres "jarras locas" y otras variantes que incentivan el consumo merced a sus precios muy bajos.

El empresario afirmó que en los últimos años la producción y la comercialización del alcohol ilegal se han incrementado y ya afectan aproximadamente a entre un 25 y un 30 por ciento del mercado legal de bebidas espirituosas y licores. Padilla indicó que, actualmente, circulan en gran cantidad "envases que no respetan lo establecido por el Código Alimentario Argentino en cuanto al cumplimiento de las normas referidas a los envases utilizados y sus contenidos".

A las medidas que se están implementando para controlar y disminuir el consumo de alcohol entre los jóvenes, como por ejemplo, la prohibición de expender alcohol a los menores de edad, los tests de alcoholemia, el horario de cierre de los boliches y para la venta de alcohol dentro de éstos, deberá sumársele aquella que controle la calidad y legalidad del alcohol que se pone a disposición del público consumidor. No sólo porque produce importantes perjuicios a los Estados nacional y provincial por la enorme evasión que significa -la carga tributaria del sector excede el 50 por ciento-, sino porque pone en riesgo la salud de los consumidores. (De La Nación de Baires)

qué miedo que le tienen a Manfred. ahora quieren cobrarse ciento por uno

Una camioneta roja que transportaba a dos funcionarios de la Contraloría General llegó ayer, cerca de las 15:00 a la puerta de una casa sin número, ubicada sobre la calle Caracol (en Tiquipaya), para entregar dos notificaciones en las que se le informa al dueño, que debe pagar los 370.851 bolivianos adeudados a la Corte Nacional Electoral (CNE) desde 2005. En la casa no está nadie, ni siquiera el guardia que cuidaba el inmueble. La casa pertenece al ex prefecto Manfred Reyes Villa, cuyo paradero en estos días ha sido motivo de debate.

La cifra demandada ayer es pequeña con relación a los 12,5 millones de dólares que suman todos los procesos, pues Reyes Villa tiene nueve pliegos de cargo seguidos por la Contraloría por cerca de un millón de dólares, y ocho procesos penales por 11,5 millones de dólares más, seguidos también por la Contraloría y por la Prefectura.

La notificación de ayer, en tanto, tiene que ver con un documento de solvencia fiscal emitido por la Contraloría regional Cochabamba el 3 de septiembre de este año, según el cual Reyes Villa debe a la CNE 80.991 bolivianos porque los candidatos de su partido en las elecciones municipales de 2004 no obtuvieron el 2 por ciento mínimo de los votos en Oruro y La Paz, y otros 289.860 bolivianos, porque su candidato presidencial, Gildo Angulo, no logró el 2 por ciento en los comicios de 2005.

El contralor regional, David Barriga, dijo que estos dos últimos procesos están en trámite desde hace cuatro años, y aunque no se afectó a su candidatura en las elecciones de diciembre, Reyes Villa no puede dejar de pagar sus deudas.

Además, Reyes Villa tiene otros siete pliegos de cargo con responsabilidades civiles y administrativas. Dos en la Alcaldía de Cochabamba por 23.059 dólares, que están paralizados; cuatro en la Prefectura por más de medio millón de dólares, que están en trámite; y uno más en el gobierno municipal de El Alto, no especificado.

A estos pliegos se suman otros siete procesos penales instalados por la Prefectura de Cochabamba por 70 millones de bolivianos por la construcción del camino Vinto Sacambaya (nueva carretera a La Paz), en el cual fue arraigado; la construcción del puente Sacambaya; el caso Cetefor; el del Promic; el parque Nacional Carrasco; dos procesos por uso de instrumento falsificado y uno más por la compra de 26 vehículos de lujo con dinero proveniente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

A estos procesos se suma otro caso denunciado al Ministerio Público la anterior semana por la Contraloría, por la presunta malversación de 17 millones de bolivianos, que, según la denuncia, fueron desviados del IDH para comprar pelotas de futbol, medallas y trofeos para los deportistas.

DEFENSA

El abogado defensor, Daniel Humérez, declaró que se efectúan los trámites para suspender el arraigo y las medidas cautelares que pesan contra su cliente, además de asegurar que Reyes Villa no se presentará a ningún proceso penal, porque no tiene “garantías para un debido proceso".

En tanto, la directora nacional de Migración, María René Quiroga, anunció que se reforzaron los controles en aeropuertos y las fronteras, para cumplir el arraigo.

El abogado de la Prefectura, Juan Pedro Ortuño, dijo que ya se inició el trámite en tribunales para pedir la reversión de medidas cautelares, ya que al no presentarse a declarar, Reyes Villa obstruye la justicia.

Protección de CIU

A pesar de que la Contraloría detectó responsabilidad civil en el ex alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por más de 23 mil dólares, y en el ex presidente del Concejo Municipal, Gonzalo Terceros, por más de 30 mil dólares, por la entrega de una donación para la Fundación Telemaratón en la gestión 1999, el cobro de estos montos no se realizó hasta ahora, aunque ya pasaron 10 años, que es el lapso en el que prescribían los procesos civiles según la anterior Constitución Política del Estado (CPE).

La auditoría es la GC/EP09Y04C1 y en ésta se descubrió que las donaciones que efectuaron el Alcalde y el presidente del Concejo Municipal de 1999 no tenían procedencia personal, como ellos habían anunciado públicamente, pues en realidad salieron del presupuesto edil.

Aunque la Contraloría remitió recientemente los informes al Concejo Municipal, presidido por la “mano derecha” de Terceros, Tatiana Rojas, los cobros no se efectuaron y la Alcaldía no pudo recuperar nunca el dinero.

todos los medios están preocupados por Manfred. La Prensa de LP informa:

El ex candidato presidencial por el Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) y ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa se declaró ayer en la clandestinidad para evitar ser detenido preventivamente por los procesos legales en su contra, mientras el Gobierno activó un operativo con las fuerzas de seguridad del Estado para evitar una posible fuga del líder opositor.

Reyes Villa, en contacto telefónico con los canales de televisión Unitel, Red Uno y PAT, aseguró que no abandonará el país como anunció ayer por la mañana el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

“No me van a apresar como lo hicieron con (el ex prefecto de Pando) Leopoldo Fernández, de manera ilegal, violando todos los preceptos. No hay garantías para enfrentar un proceso. El país ingresa en una dictadura sindical peor que en los años 80. Estoy aquí en La Paz y luego voy a estar en Santa Cruz, me voy a mover por todo el país”.

El ex presidenciable relató que ayer por la mañana su domicilio en Cochabamba fue allanado sin ninguna orden judicial, lo que precipitó la decisión de ocultarse. Aseguró que le llegó información de que sería detenido si se presenta a declarar en algún juzgado.

“Ahora me han dicho: ‘(Si) se presenta, hay que detenerlo’. Como me dicen mis abogados, el tema ya no es judicial, sino totalmente político”.

El ministro Rada aseveró que los servicios de Inteligencia del Estado no confirmaron la información sobre una huida del ex Prefecto. “Si se confirma su huida, el señor Reyes Villa ha pasado a ser un delincuente prófugo”.

Daniel Humérez, abogado de Reyes Villa, sostuvo que Rada no puede calificar de “delincuente” a ningún ciudadano sin presentar pruebas de la acusación. Adelantó que, como defensor del ex Prefecto, asistirá a todas las audiencias a las que su cliente sea convocado.

El ex vocero y allegado a Reyes Villa Érick Fajardo informó que éste “estará a buen recaudo hasta que se reponga el control de constitucionalidad” o Tribunal Constitucional en el país.

El político opositor fue arraigado el 4 de noviembre en Cochabamba por la juez de Instrucción Mirtha Montaño por un proceso abierto por la Prefectura de ese departamento, controlada por el MAS, por supuesto daño económico al Estado en la construcción de una carretera.

El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, en conferencia de prensa, informó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), los organismos de Inteligencia del Estado, la Interpol, la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) y Migración recibieron instrucciones para dar cumplimiento a la orden de arraigo.

El Comando General de la Policía instruyó a los nueve comandos departamentales a tomar los recaudos necesarios para evitar una eventual huida del opositor. La instrucción llegó a todos los aeropuertos y puntos fronterizos.

El Ministerio de Gobierno informó que por “razones de seguridad” no dará a conocer el informe sobre la ubicación de Reyes Villa.

La fiscal de Materia Anticorrupción, Patricia Santos, responsable de una de las investigaciones contra el político opositor, adelantó que si éste no se presenta a declarar cuando sea citado, iniciará el trámite para declararlo en rebeldía como establece el Código Penal. La juez Montaño evitó pronunciarse sobre este caso.

Reyes Villa denunció que ayer intentaron allanar su casa sin orden judicial

tras la denuncia de ser perseguido político Manfred asegura que no se irá de Bolivia

El opositor boliviano Manfred Reyes Villa, que fue el principal rival del presidente Evo Morales en las últimas elecciones, se declaró hoy víctima de una "persecución política" y negó haber huido del país como el Gobierno insinuó horas antes.

Reyes Villa dijo por teléfono a la red de televisión Unitel que se encuentra en la ciudad de La Paz, pero que después se trasladaría a otros lugares porque agentes del Gobierno le hacen seguimiento y lo persiguen para detenerlo "sin ningún argumento jurídico".

Horas antes, el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, expresó ante los periodistas su sospecha de que Reyes Villa pudo haber "escapado" de Bolivia para no afrontar un juicio que tiene en su contra por un presunto daño a la prefectura de Cochabamba.

Sin embargo, Reyes Villa negó haber salido del país y al mismo tiempo acusó a Morales de haber ordenado su persecución por ser opositor.

"Evo Morales viene amenazando desde antes de la campaña con encarcelar a Manfred Reyes Villa, sin tener ningún argumento jurídico", dijo el ex candidato presidencial que se enfrentó al jefe de Estado en los recientes comicios generales.

"Manfred se encuentra aquí en Bolivia, voy a seguir acá, no me voy a ir, pero obviamente lamentamos la presión que hay sobre el Poder Judicial y sobre todo en el Ministerio Público para que se me detenga preventivamente", agregó.

Reyes Villa concurrió a las elecciones del pasado 6 de diciembre como candidato a la Presidencia por la formación Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN).

En esos comicios, Morales logró la reelección con un apoyo del 64 por ciento, mientras que la formación de Reyes Villa fue la segunda más votada del país, con un 27 por ciento de respaldo.

El ex candidato presidencial también remarcó que no se encuentra en la "clandestinidad", como señalaron otros dirigentes de su partido a los medios locales, e insinuó que no se presentará ante la justicia porque teme una detención por razones políticas.

"No necesito estar en ninguna clandestinidad", subrayó Reyes Villa, contra quien se emitió el mes pasado una orden judicial que le prohíbe salir del país, mientras se aclaran las denuncias en su contra que fueron presentadas por el Gobierno.

"Realmente es increíble la persecución que están haciendo a quienes piensan diferente (...) Realmente el país está entrando a una dictadura sindical inédita, peor que las dictaduras (militares) de los años '80", aseguró.

El portavoz de Reyes Villa, Erick Fajardo, señaló que el ex prefecto se pondrá "a buen recaudo" hasta que se restituya la institucionalidad del Poder Judicial y se le garantice un proceso justo "en el espacio que corresponde".

"Manfred está en el país, no se va a ir, pero no existen condiciones mínimas ni garantías para el ejercicio de los derechos políticos de nuestro candidato. Él está a buen recaudo, él no puede de momento ejercer con libertad los derechos que según la ley le amparan", sostuvo.

Por su parte, los diputados oficialistas César Navarro y Jorge Silva negaron que exista una persecución política contra Reyes Villa y criticaron su actitud "irresponsable".

"Ocultarse o estar de prófugo no le hace bien y esto ayuda a que la oposición desaparezca estrepitosamente. Ojalá que él pueda aparecer o va a dar a lugar a que los organismos policiales lo ubiquen y lo puedan detener", dijo Silva. (texto e imagen de LT Digital)

el viceministro de Justicia pedirá 30 años para linchadores...

que sus declaraciones causan risa. hace cuatro años que se vienen sucediendo los linchamientos. más concretamente el de Achacachi, 9 muertos y sin embargo, hasta el día de hoy, no hay ni siquiera detenidos y lo de Epizana, los sospechos salieron todos en libertad...a otro perro con ése hueso, ni los detendrán, ni los investigarán y menos aún meterán presos...los linchadores seguirán campeando su criminal acción protegidos "por la ley del silencio", al que hable "lo matamos...de modo que" las intenciones de Nelson Cox, quedarán en éso en simples buenas intenciones...(nota de redacción)

La reacción del Ejecutivo surge tras el macabro linchamiento de cuatro presuntos antisociales en la localidad de Ivirgarzama, en el trópico cochabambino, tres de los cuales fueron golpeados y quemados vivos hasta que murieron por enardecidos pobladores que los sacaron de sus celdas de detención tras ser acusados de robo.

En este marco, la autoridad dijo que se pedirá a las autoridades policiales y al Ministerio Público que extremen esfuerzos para identificar a los autores de este delito para que sean condenados a la pena máxima establecida en el Código Penal Boliviano. "El asesinato colectivo, por la característica del tipo penal y de acuerdo a la Constitución se sanciona con 30 años de cárcel", dijo Cox.

El viceministro de Justicia Indígena Originaria Campesino, Valentín Ticona, condenó y reprochó por su parte el acto de asesinato colectivo ocurrido el pasado lunes en Ivirgarzama y dijo que esto no es de ninguna manera justicia comunitaria, sino un delito común que debe ser sancionado.

Cox admitió que el sistema de justicia colapsó por sus falencias procesales, en las medidas cautelares e incluso en los jueces y fiscales que originan que los ciudadanos no tengan una atención rápida y efectiva en la administración de justicia y esto origina que se tomen decisiones colectivas para cometer asesinatos colectivos.

Explicó que este tipo de asesinatos colectivos rebasan a la Policía y la fiscalía, pero no por ello se quedan impunes, "estamos seguros que la comisión en el Trópico aprehenderá a los partícipes y cómplices de este asesinato", dijo Cox.

De la misma forma aseguró que por haberse desarrollado en una población rural el asesinato no quiere decir que sea justicia originaria campesina, ya que por el grado de participación no fueron autoridades indígenas que tomaron la decisión y por las propias características de la comunidad, fue una decisión colectiva en un momento determinado, lo que origina que esto no sea considerado justicia comunitaria.

Cox recordó que en el caso del alcalde Benjamín Altamirano quien fue linchado en Sica Sica el 2004 finalmente se ejerció justicia, después de cinco años, con la sentencia a los autores y cómplices en el asesinato colectivo del alcalde de esa región, entre los cuales se encuentra en dirigente campesino paceño Gabriel Pinto, que guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro. (El Deber Digital)

"el quencherío" azota Bolivia. ahora linchan a 4 personas en El Chapare

Una enardecida turba de pobladores del municipio de Ivirgarzama, Cochabamba, ingresó por la fuerza a las instalaciones de la Policía para linchar a cuatro presuntos atracadores, que en la madrugada fueron capturados por los efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar).

Al menos 300 personas rodearon el edificio de la Policía y en medio de un sin fin de gritos de protesta contra los ladrones, lograron ingresar pasada las 10.00 para capturar y linchar a los antisociales que se encontraban arrestados.

Según el relato de la radio “Santa María de los Ángeles” de la Red Erbol, los supuestos atracadores forzaron la puerta de uno de los baños de la celda donde se encontraban aprehendidos para intentar escarpar del lugar.

Sin embargo, tres de ellos fueron capturados por la turba, que hasta las 11.00 seguían golpeándolos. Hasta entonces también se desconocía del paradero del cuarto acusado de un atraco, que en horas pasadas se habría producido en la comunidad Gualberto Villarroel del municipio de Ivirgarzama.

Aproximadamente a las 03.00 de este lunes, efectivos de Umopar capturaron a cuatro supuestos antisociales a la salida de Gualberto Villarroel, después de que una familia de esa comunidad denunció un violento atraco que habrían sufrido en su propia casa horas antes.

La población enterada del hecho, fue reuniéndose desde el amanecer de esta jornada en puertas de la Policía de Ivirgarzama exigiendo justicia. Pasada las 8.00, los ánimos caldeados de los manifestantes incrementaron e incendiaron el vehículo en el que se transportaban los supuestos antisociales a momento de ser capturados por Umopar.

La Policía informó que los acusados del atraco tenían armas de fuego ocultos en el interior del motorizado.(aparece en hoybolivia.com)